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Los 10 días que le restan al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño no estarán exentos de las polémicas y enredos judiciales que han atravesado su “Gobierno del cambio”. La administración que ha sido golpeada por líos de corrupción y peleas de “fuego amigo” entra en la recta final del periodo presidencial con alertas en sus finanzas públicas y en camino a entregar el Estado para un cambio total con el aterrizaje de Abelardo de la Espriella, quien incluso planteó hacer una auditoría forense a lo que recibe.
Dos figuras que amasaron poder en los últimos cuatro años fueron las protagonistas de estas últimas 48 horas: Angie Rodríguez y Juliana Guerrero. La primera de ellas ya había salido de la dirección del Dapre en medio de peleas internas, pero la segunda se mantuvo hasta este lunes como delegada del Presidente de la República en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar y antes ya había sido asesora del Ministerio del Interior y candidata para el Viceministerio de Juventudes en otro escándalo por el que va a ser llamada a juicio el próximo 5 de agosto.
Esas polémicas aterrizaron en un palacio presidencial que se concentra en cerrar su periodo y en comenzar a defender su legado desde la oposición. Y si bien el presidente se ha reunido con su bancada para dialogar sobre el futuro del proyecto político, se trata de la primera vez que desde varios sectores de la izquierda han mostrado públicamente sus diferencias con el manejo que le dio Petro a este tipo de polémicas. Desde adentro, varios reconocen que el petrismo perdió capital político al defenderse de estos escándalos, pero fuentes del Pacto Histórico señalan que el mandatario se ha negado a escuchar consejos más allá de su círculo cerrado de la Presidencia en estas decisiones.
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Así fue que en las últimas 48 horas, el actual mandatario erigió, a través de sus redes sociales, un respaldo de su administración y tiró pullas no solo contra su sucesor, sino también contra la que fue en su momento una de sus funcionarias más cercanas y con más poder en el palacio presidencial: Angie Rodríguez. Pocas horas después de que la directora del Fondo Adaptación, quien viene de las entrañas de la izquierda, haya reiterado las denuncias sobre un presunto plan para atentar en su contra y hablado de posibles irregularidades —incluyendo su negativa para trasladar COP 1 billón para atender el fenómeno de El Niño—, el jefe de Estado ordenó declararla insubsistente.
En ese mismo tiempo, volvieron a surgir señalamientos hacia Juliana Guerrero y su hermana Verónica, tras una investigación de la Revista Semana. Este mismo lunes, después de que la Fiscalía abriera una investigación para indagar presuntas irregularidades en las que estarían implicadas, se radicó una segunda denuncia en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.
De acuerdo con ese medio, las hermanas habrían pedido cifras de COP 1 millón de pesos para reunirse con ellas. A partir de allí, con un pago previo de COP 200 millones, ellas actuarían como encargadas de iniciar gestiones con el Gobierno para favorecer con contratos a los empresarios que las contactaban. Si eso se materializaba, indica la investigación, pedían cerca del 10 % del valor de cada proyecto que lograba luz verde.
“Jamás he recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público. Rechazo categóricamente cualquier afirmación que pretenda hacer creer lo contrario o, a quien, usando mi nombre pretenda hacer lo mismo”, respondió Juliana Guerrero a través de un comunicado.
Esta vez, el presidente Petro volvió a respaldarlas, en contraste con las voces del mismo Pacto Histórico que condenaron el poder que acumularon las dos hermanas en este gobierno. Y el único movimiento en el interior del Ejecutivo que se concretó en ese tiempo vino de la misma Juliana Guerrero, quien renunció a su cargo como delegada del presidente en la Universidad Popular del Cesar. ¿La razón? Según dijo, “la determinación de destinar [su] tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en [su] contra y a los reiterados y constantes ataques que [ha] recibido durante los últimos meses”.
No es la primera vez que al Gobierno llegan denuncias de este tipo. El “fuego amigo” ya había estado presente en el choque entre Rodríguez y Carlos Carillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien radicó una queja formal por presunto acoso laboral en su contra ante la Defensoría del Pueblo. Y pasó, incluso, por los señalamientos que hizo el embajador en Suecia, Guillermo Reyes, contra la primera dama; así como las rencillas entre el ministro Benedetti y la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, a quienes la izquierda criticó en su momento de no ser “purasangre” y de hacerle daño al proyecto político. Todo eso ocurrió en plena campaña presidencial, y ahora la izquierda señala a figuras como las Guerrero de haberles “salido caras” en medio de las elecciones en las que su proyecto político perdió.
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Y a eso se enciman otras alertas, esta vez por parte de órganos de control, que hablan de riesgos en la contratación en los últimos meses del Gobierno. La Contraloría reportó este mismo lunes que, después de que se acabara el periodo de aplicación de la Ley de Garantías, se suscribieron 14.414 contratos equivalentes a COP 4,55 billones, un incremento del 22,5 % con respecto a hace cuatro años, en el periodo de Iván Duque.
De esos, más de 11.000 corresponden a contratación directa y tanto la Agencia Nacional de Tierras de Juan Felipe Harman —quien renunció para hacerle campaña al senador Iván Cepeda y volvió al cabo de dos semanas al puesto— como el Ministerio del Interior, de Armando Benedetti, tienen señales de posibles riesgos contractuales y presupuestales. El gobierno entrante de De la Espriella ha pedido ponerle freno a estas contrataciones.
Todos estos movimientos que ocurrieron entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 mostraron, de acuerdo con el informe, una “intensa dinámica contractual”, caracterizada por “una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios”, y llevó a la activación de una “Función de Advertencia”. La Contraloría identifica siete factores de riesgo, entre los cuales están “el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa y concentración contractual y el riesgo sobre la efectividad del control contractual”.
Previamente, el mismo ente de control había puesto la lupa sobre la modalidad de contratación directa, que llegó al 62 % en 2025. En su momento, se había señalado que “en órdenes de prestación de servicios por contratación directa entre agosto del 2022 y marzo del 2026 se celebraron 118.828 contratos por cerca de COP 8 billones, un incremento del 32,6 % frente al cuatrienio anterior”, el de Duque.
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Algo similar se ha planteado en los movimientos en el servicio exterior y en notarías, ambos vistos como “fortines burocráticos” en todos los gobiernos. En el primero, se concretaron designaciones de corte político que durarán menos de un mes antes de presentar la renuncia protocolaria para la llegada de De la Espriella, pero que igual están sujetos al pago de viáticos y un posible “detrimento patrimonial”, como lo alertan sindicatos. En el segundo, han comenzado a moverse los nombramientos a falta de un concurso de mérito que no se hace desde antes de que Duque llegara al poder y ya incluyen nombres como Yeny Paola Garzón (cuota del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo), el exsupersociedades Billy Raúl Antonio Escobar Pérez y Adriana María Mejía Aguado, exgerente de Artesanías Colombia y cercana a la familia Petro Alcocer.
Le restan menos de dos semanas al proyecto político del “cambio” en el poder. Desde sus entrañas reconocen el costo político que significaron los escándalos de corrupción en el primera gobierno de izquierda pura —entre ellos el más significativo es el del saqueo de la Ungrd, por el que exministros y expresidentes del Congreso están enjuiciados y dos altos funcionarios están prófugos de la justicia— y allí ponen, en parte, la responsabilidad de la victoria de De la Espriella frente a Cepeda en las elecciones presidenciales.
Quienes están en el gobierno ahora pasan a la oposición con el objetivo de defender su legado y el mandatario se erigirá, una vez más, como el líder del Pacto Histórico con miras a volver al poder. Pero sobre las manos de los entes de control y de la justicia quedará determinar la responsabilidad de los funcionarios del gobierno Petro en cada uno de estos señalamientos.
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