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Un poco más de 48 horas tienen el gobierno del presidente Gustavo Petro y su bancada del Pacto Histórico para terminar de definir su hoja de ruta de cara al tercer y penúltimo año del Congreso. Aunque su principal preocupación, por ahora, parece ser quién quedará presidiendo la Cámara de Representantes, algunos de los casi 50 legisladores de la coalición adelantan diálogos y mesas técnicas para ver con qué paquete de proyectos llegarán y cómo sortearán los golpes recientes por cuenta de señalamientos de presunta corrupción que salpican a altos funcionarios.
Después de un mes de receso legislativo, el Congreso en pleno regresa al Capitolio este sábado 20 de julio y como cada año, habrá relevo en las mesas directivas del Senado y la Cámara y sus respectivas comisiones, votaciones que prometen tensión, especialmente en la cámara baja, donde se enfrentarán a voto limpio Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, el impulsado por el Gobierno.
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Pero antes de este momento, el presidente Petro tomará la palabra para instalar la legislatura y su mensaje será fundamental para ver con qué tono llegará el oficialismo, que tiene en fila varios asuntos que dependen de la aprobación del Congreso: reformas fallidas a las que espera les den una nueva oportunidad, un acuerdo nacional que lidera el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y un fast track con el que se aceleraría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y que plantea ciertos cambios en la legislación.
Ya Petro ha ido soltando sus críticas hacia el Congreso y nada más este 16 de julio, durante la sanción presidencial a la reforma pensional, culpó al aún presidente del Senado, Iván Name, de demorar la aprobación de dicha iniciativa por “egoísmo”. Y aunque desde la bancada hay quienes esperan un mensaje radical y que deje en el aire ciertas críticas, otros prefieren que sea conciliador.
Este segundo grupo considera que hay mucho sobre la mesa y, si bien siente que el Gobierno tiene aún mayorías, piensa que llegar con un discurso de pugna no hará bien.
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Todavía más porque la oposición tiene en mente varias demandas contra proyectos, como la pensional que acabó de convertirse en ley, y seguramente varias citaciones a debate de control de político para ahondar en los señalamientos que se le han hecho, por ejemplo, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de supuestos pagos a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que podrían haber terminado beneficiando a legisladores a cambio de votos. Esto fue desmentido por Bonilla y será la justicia la que corrobore o desestime lo dicho por el exdirector Olmedo López.
“Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”, dijo Bonilla.
Por el ruido en torno a una presunta corrupción que deslegitima la aprobación de los proyectos del Gobierno, y por la ‘pelea’ que hay en torno a la presidencia de la Cámara, que, dicen, se definirá a voto finish, es que la coalición no sabe aún qué proyectos radicará el mismo 20 de julio y estaría pensando en dar una espera para que los ánimos bajen de temperatura.
“Desde el Pacto vemos con preocupación que lo de Olmedo López se ha prestado para orquestar un debate que no tiene asidero en lo judicial y que desvirtúa nuestros procesos, dice el representante David Racero, puente entre el Gobierno y la coalición, agregando que “no se claudicará en tramitar las reformas, pues son una promesa de campaña. Es un gran momento para hacer un gran acuerdo nacional”.
Entre los primeros proyectos a aterrizar en el Legislativo están la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado en la legislatura pasada y que en los últimos meses ha venido adelantando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta vez, el texto sería mucho más corto que el anterior y estaría más concertado con varios actores del sistema de salud.
La estatutaria de educación también vuelve al ruedo. Luego de hundirse por falta de acuerdos y de trámite, algo que ‘se le cobró’ a la exministra Aurora Vergara, el Pacto Histórico y el ahora ministro de Educación, Daniel Rojas, presentarán el proyecto próximamente.
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Hay dos opciones que contempla el Gobierno: que Rojas, el exdirector de la SAE, redacte un nuevo texto con celeridad, o acogerse al que fue aprobado en la anterior legislatura por la Cámara, el cual no tendría los cambios que se hicieron de mano con la oposición y que fueron, precisamente, los responsables de las movilizaciones y plantones de Fecode.
También se viene un paquete de medidas económicas para reactivar al país, nuevamente la ordinaria de jurisdicción agraria, reformas laboral, a la ley de servicios públicos y al código minero. Y hay expectativa por saber cuándo se le presentará al Congreso el fast track, que es una reforma constitucional que bien podría tardar casi un año en aprobarse.
Sobre esto hablarán la bancada y el recién posesionado ministro del Interior el próximo lunes 22 de julio en una cita que agendaron. Este será el primer encuentro oficial entre el funcionario y el Pacto para discutir el paquete legislativo.
El sentir común de la bancada es que deben mostrarse como un grupo fuerte y dispuesto a defender la agenda de Petro de la mejor manera, intentando que las dudas que se han levantado no influyan en el trámite de los proyectos. Lo cierto es que la oposición y las fuerzas independientes prometen no dejar los últimos escándalos en la sombra y usarlos en favor de su agenda.
Este tercer año es clave para el Gobierno, pues es el tiempo límite que tiene para aprobar sus proyectos antes de que la campaña para 2026 se convierta en el principal foco de atención.
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