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El gobierno del presidente Gustavo Petro espera en los próximos meses firmar un convenio con al menos 800 de las 11.000 iglesias registradas en Colombia para que estas puedan contratar libremente con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables. Ya ocho iglesias católicas y cristianas lo hicieron en junio de 2023, entre esas, la Ministerial, que tiene partido político propio (MIRA) y fuerza en el Congreso con cuatro curules.
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El ministerio del Interior, liderado por Luis Fernando Velasco, le otorgó el año pasado once facultades a las organizaciones religiosas, dándoles, por ejemplo, la potestad de celebrar matrimonios con efectos civiles, fundar, organizar y dirigir centros de educación, suscribir contratos con el Estado para desarrollar programas educativos o de asistencia social, entre otros.
Aunque desde la entidad mencionan que desconocen qué tipo de contrataciones se han podido efectuar en estos nueve meses y que por lo menos con la cartera no se ha firmado ninguno, el director encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos, Marco Jesús Suárez, sostiene que el propósito es proteger y garantizar el derecho a la libertad religiosa de cultos, por lo que disminuirán los requerimientos necesarios para firmar el convenio y de esta manera se unan al proceso nuevas organizaciones.
“Vamos a flexibilizar los requisitos, bajando la antigüedad de la entidad, para que no sea de 20, sino de 10 años. Esperamos que se adhieran entre 800 a 1.000 entidades, pero aún no tenemos fecha de cuándo será la convocatoria”, dice Suárez.
En las firmantes están la Iglesia Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción, liderada por el pastor Alfredo Barrios y cuyo hijo, Andrés Barrios, llegó este 2024 al Concejo de Bogotá con el aval del Centro Democrático; la Universal Apostólica Anglicana (IUAA), que tiene un espacio de culto en las instalaciones del Aeropuerto el Dorado de Bogotá; la Católica Anglicana; la Centro Mundial de Avivamiento; la Evangélica Interamericana; la Antigua de Colombia, que se denomina la iglesia con más años en el país y la Centro Cristiano.
Precisamente, la Iglesia Centro Cristiano, que es dirigida por el pastor Satirio Do Santos, registra en la plataforma de contratación pública Secop contratos con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) desde 2017 y a partir del año pasado con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta por $463 millones. El primero para el apoyo y sostenimiento de la casa hogar de paso para los pueblos indígenas Bari y Uwa, que tiene demandado al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por conflictos petroleros en su territorio; y el segundo para la atención de adultos mayores en condición de indigencia o vulneración.
Dentro de las firmantes también está la iglesia Ministerial de Jesucristo, que tiene presencia en 31 departamentos del país, sedes en otros países y es liderada por la hermana María Luisa Piraquive, iglesia quien a través de uno de sus voceros, Jairo Cardozo, aseguró que se adhirieron a la iniciativa para “brindar ayuda humanitaria a grupos vulnerables, en zonas en las cuales no llega la asistencia del Estado, pero sí la de las entidades religiosas*.
La de Piraquive es una de las iglesias que le sigue apostando a subirse al podio político. En las elecciones presidenciales de 2022 intentaron llegar al Ejecutivo de la mano de la exsenadora Aydeé Lizarazo, a quien le financiaron casi la totalidad de su campaña, la cual logró cautivar a un poco más de 57.000 votantes. En el Congreso tienen cuatro sillas, más la obtenida por Lorena Ríos por Colombia Justa Libres, movimiento con el que formaron una coalición.
Aunque no apoyaron al presidente Petro en su carrera por la Casa de Nariño y optaron manifestar de frente su respaldo a Federico “Fico” Gutiérrez, en Legislativo han acompañado parcialmente la agenda del Gobierno: votaron positivo a la reforma tributaria, algunos de los congresistas respaldan la pensional, pero, hace menos de dos semanas le dijeron no a la de salud.
De hecho, la senadora Ana Paola Agudelo, que integra la Comisión Séptima, recibió fuertes críticas por no haber firmado la ponencia de archivo que hundió virtualmente la reforma a la salud, por lo que salió en sus redes y en varios videos a decir que, pese a la ausencia de su nombre en el documento, votará negativo. Esta ponencia sí fue firmada por la senadora Ríos.
El comunicado en cuestión fue compartido y respaldado por los compañeros de bancada de Agudelo: la representante Irma Luz Herrera y los senadores Carlos Eduardo Guevara Villabón y Manuel Virgüez Piraquive, sobrino de la pastora María Luisa.
De los mencionados han surgido proyectos como el de “Los padres eligen”, que permitiría que los acudientes de los niños, niñas y adolescentes puedan decidir qué tipo de educación sexual reciben en los colegios y fue aprobado en su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara; mediante el cual se reconocen a las víctimas del sector religioso con ocasión del conflicto armado; “no se metan con los niños”, que busca la prohibición de la reasignación de género en menores de 18 años y el “estoy vivo desde la concepción”, con el cual se prohibiría el aborto. Ninguno ha avanzado significativamente.
Algunos de estos proyectos han tenido el respaldo de legisladores del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Josué Alirio Barrera y Paola Holguín y del Partido Conservador como Óscar Mauricio Giraldo y Luis Miguel López, quienes hacen parte de Lazos de Amor Mariano, congregación católica fundada en Medellín en 1999.
El conservador López fue quien protagonizó el polémico minuto de silencio por “los bebés abortados” en la plenaria de la Cámara del pasado 21 de febrero, cuando se conmemoró el segundo aniversario de la sentencia histórica que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, la C-055 de 2022. Aunque el hecho fue fuertemente criticado y se dio en la ausencia del presidente de la corporación, Andrés Calle, el mismo defendió la libertad de expresión en su cámara.
Prohibir el aborto es, sin duda, una de las máximas de los sectores cristianos y católicos, que lo han intentado vía legislativa y vía popular con la recolección de firmas para realizar una consulta popular o referendo. De sus dos últimos intentos, ambos han fracasado por no alcanzar el umbral necesario que es de dos millones.
Fue en noviembre de 2023 cuando la Registraduría Nacional le comunicó que había firmas irregulares al comité “Referendo por la Vida”, integrado por líderes de la Iglesia Misión Carismática Internacional, también conocida como G12, la misma que visitó en varias oportunidades el expresidente Álvaro Uribe tras ser reelegido para agradecerle a los creyentes su apoyo; que le ha apostado de manera abierta a las candidaturas de derecha, como la de Germán Vargas Lleras, y que en 2016 le hizo campaña al “no” en el plebiscito por la paz.
De esta congregación han salido figuras como Emma Claudia Castellanos, pastora y exsenadora; Sara Castellanos, hija de Emma, exconcejala de Bogotá y quien intentó llegar al Senado en 2022; y Clara Lucía Sandoval, actual concejala de la capital y promotora de Bogotá Gospel, un evento que reúne a artistas y agrupaciones musicales cristianas. Precisamente, fue a ellas tres a quienes la Registraduría les dijo que al menos un 40 % de las firmas presentadas no eran válidas por información errónea o duplicada, por lo cual, no se cumplían los requisitos constitucionales para convocar a un referendo.
Lo mismo le sucedió al comité por el referendo “Provida”, que impulsaron las exsenadoras Milla Patricia Romero y María del Rosario Guerra (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador) y John Milton Rodríguez, quien intentó saltar del Congreso a la Casa de Nariño, avalado por el partido Colombia Justa Libres, partido en el que confluyen la Iglesia Cuadrangular, Asambleas de Dios, El Lugar de Su Presencia, Manantial de Vida Eterna y su iglesia en Cali Misión Paz a las Naciones, que en 2023 firmó un contrato con el ICBF por más de $840 millones para prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI.
Mientras algunas de las figuras mencionadas han dejado clara su postura lejana con ciertas iniciativas del Gobierno, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), integrado por más de cien países, se reunió antes de que finalizara 2023 con el ministro Luis Fernando Velasco para hablar de las relaciones fraternales entre las iglesias y hacer un llamado a respaldar las mesas de diálogo con organizaciones criminales bajo el marco de la paz total.
Asimismo, el arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omar Sánchez, dijo que contrario a lo que piensa el padre Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, él considera que hay solidez en la democracia y que el país no se está encaminando en una guerra civil.
En todo caso, la creación de iglesias sigue en crecimiento y está por superar la cifra de las 11.000, lo que quiere decir que estas organizaciones se posicionan como actores con fuerza en la política nacional. Sea dicho desde el púlpito o desde el Congreso con sus legisladores, tienen opiniones para dejar por sentadas y ahora, la puerta abierta para convertirse en contratistas del Estado, pese a que no son contribuyentes. Mientras tanto, las comunidades religiosas reiteran que con esta posibilidad podrán impactar territorios a los que el Estado parece no haber llegado.
* Nota del Editor. En la publicación inicial, se había atribuido la frase para “brindar ayuda humanitaria a grupos vulnerables, en zonas en las cuales no llega la asistencia del Estado, pero sí la de las entidades religiosas” a la señora María Luisa Piraquive de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Ya se ha corregido en la publicación el nombre del verdadero autor de dicha frase, Jairo Cardozo, quien pertenece a la misma iglesia.
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