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Con la victoria de la reforma pensional al hombro —en dos maratónicos días en los que se logró el quorum necesario para que la Cámara le diera, una vez más, su respaldo al articulado— el gobierno de Gustavo Petro espera completar su tridente de reformas y solo falta la de la salud. Con una estrategia de presión desde las calles y de convocatorias a la ciudadanía que ya demostró ser útil con la laboral, ahora se prepara para el pulso en la legislatura preelectoral, conocida por ser la menos eficiente.
Y lo ocurrido este sábado dejó claro, para muchos en el Ejecutivo, que este todavía es capaz de amasar votos, incluso en medio del receso legislativo y con poco tiempo para convocar a sesiones.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló como un “hecho políticamente diciente” que las diferencias en las votaciones hayan sido abismales. Tanto la de acoger el texto de Senado (104 por el sí y 9 por el no) como la de reabrir la votación de ese articulado (100 por el no y 11 por el sí) estuvieron separadas por cerca de 90 votos.
Lo cierto es que en la Cámara, eso no ha sido un problema. No lo fue para escoger a Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), cercano al Gobierno, por encima de Katherine Miranda (Alianza Verde) para la Presidencia de esa corporación en la pasada legislatura.
Tampoco para aprobar todas las reformas que han pasado por allí, incluso sin presencia de bancadas completas, como lo fue para la pensional, sin Cambio Radical ni el Centro Democrático (y el Pacto Histórico con sus 28 escaños siendo la segunda bancada más numerosa). La cosa se complica en el Senado, en donde la coalición oficialista tiene 20 curules.
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Ahí es donde todavía están pendientes los últimos dos debates de la reforma a la salud 2.0. Desde la Casa de Nariño ya tienen la mira en aprobar ese texto, incluso con la advertencia de que se llamará a una “movilización social permanente” para que haga veeduría sobre las decisiones del Capitolio, como lo anunció el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
La Comisión Séptima de Senado —que ya hundió una versión anterior del articulado, así como la resucitada reforma laboral— recibió el articulado de la salud después de que la Cámara la aprobara a inicios de marzo, pero hasta junio se radicaron las ponencias. Primero fue presentada una positiva de la senadora Martha Peralta, con cinco firmas de congresistas afines al Gobierno, y luego una alternativa de la senadora Berenice Bedoya (ASI).
Incluso si esta logra sortear la suerte de sus antecesoras, todavía le falta enfrentarse a la plenaria. Allí ha tenido dificultad en la matemática de los votos, como lo demostró la votación de la primera consulta popular (49 en contra y 47 a favor).
Pero podría darse la misma suerte de la resucitada reforma laboral, que con dos textos de consulta popular a bordo y una presión desde las calles convocada por el Gobierno para instar a la negociación entre todos los sectores, logró obtener 57 votos por el sí y 31 por el no. Precisamente por esa estrategia es que no cesarán los “plazoletazos” y eventos dirigidos por el mandatario, que solo en 2025 han costado $226.194 millones, según lo reveló El Espectador.
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Menos cuando corre el reloj para que se cumpla el tercer año de Petro en el poder y quedan 11 meses para las nuevas elecciones, en las que el progresismo espera reelegirse. Eso, sin dejar de lado que en ese mismo tiempo el mandatario y su Gobierno se están moviendo para impulsar el relato de una constituyente.
Pero el camino hasta allá no es fácil. El último periodo del Legislativo suele ser el menos eficiente, precisamente por ser el periodo preelectoral y la mayoría de sus integrantes estén apostando por una reelección en sus escaños o un salto tanto a la Presidencia como al Senado. Así, el Ejecutivo está calentando motores para lograr su objetivo.
La primera victoria que busca es la de tener a personas cercanas en las mesas directivas de ambas corporaciones legislativas. En el Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador) se erigió como un férreo opositor y en la línea de sucesión está el senador liberal Lidio García, postulado por el expresidente y director de la colectividad, César Gaviria, como candidato único.
Aunque ya cuenta con el apoyo del Partido de la U, así como el de una mayoría de los liberales, los conservadores y el Centro Democrático, no está solo en esa aspiración. En el ring por esa dignidad también entraría su colega de bancada Alejandro Chacón, quien ya empezó a pedir apoyos en el Legislativo.
Por el lado de la Cámara, sus presidentes generalmente han sido favorables al “Gobierno del cambio”. El representante David Racero (Pacto Histórico) estrenó este Congreso encabezándola y le siguió el representante Andrés Calle (Partido Liberal), actualmente recluido en la cárcel de La Picota en Bogotá en medio de la investigación del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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El puesto para suceder a Salamanca está en veremos, pues lo acordado entre partidos en 2022 no se respetaría. De acuerdo con el acuerdo entre compromisarios, el cargo sería para Cambio Radical, con el Pacto Histórico en la primera vicepresidencia y Centro Democrático en la segunda vicepresidencia, pero ya entraron a jugar el Partido de la U (con Jorge Tamayo y Julián López), el Partido Conservador (con Alexander Quevedo y Juan Carlos Wills) y el Pacto Histórico (Alejandro Ocampo).
El centro del asunto es que el partido liderado por Germán Vargas Lleras habría roto el compromiso cuando salió de una posición de independencia frente al Ejecutivo de Petro hacia una de oposición. En todo caso, este ya tiene un candidato: el representante Néstor Leonardo Rico.
De esa decisión que tomen ambas cámaras, para lo cual Benedetti ya está tejiendo alianzas, también dependen otros proyectos que el Gobierno quiere mover. El primero de ellos, el que busca resucitar el Ministerio de Igualdad, cuyo articulado fue presentado y retirado ante la posibilidad de que su hundiera sin pasar su primer debate.
A ese se suman la ley ordinaria de jurisdicción agraria que está pendiente de discusión en ambas plenarias y el proyecto de ley para regular los servicios de tarifas de energía. En el plano económico, donde el Gobierno ya tuvo una derrota con el archivo de su ley de financiamiento, le esperan las discusiones del presupuesto para 2026 y la reforma tributaria por $19 billones.
Los próximos meses serán agitados. No son secretos los movimientos que desde todas las orillas políticas están haciendo para concretar alianzas y sumar adeptos para tener las mayorías en las urnas, lo que también significa decisiones calculadas en el Congreso, especialmente en proyectos controversiales que puedan costar capital político.
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Por María José Barrios Figueroa
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