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En los últimos días, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado reuniéndose con las bancadas de varios partidos para hablar del acuerdo nacional y la agenda legislativa -ya lo hizo con los Verdes, los liberales y este miércoles será con los conservadores – en la ‘casa’ las cosas no andan muy bien, pues se despertó en el Pacto Histórico un sentimiento de malestar por decisiones que han visto como impuestas o egoístas con el proyecto político progresista.
En estos sentimientos mucho tendrían que ver la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el recién llegado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con quienes han tenido sus choques y de quienes, por lo menos un sector radical de la coalición, no confiaría mucho.
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Aunque solo ha sido la senadora Isabel Zuleta quien ha mostrado públicamente su disgusto hacia Cristo, asegurando que su agenda no es la misma que la del Pacto, de puertas para adentro son más los legisladores que pensarían que el ministro no los estaría incluyendo en su ruta para la aprobación de las reformas y el acuerdo nacional.
Además, le cuestionan que haya ‘perdido’ las mesas directivas de las comisiones Quinta, donde se discutirán próximamente la reforma al código minero y el paquete de proyectos para agilizar la reforma agraria; así como la vicepresidencia de la Comisión Séptima del Senado, en la que se debatirá nuevamente la reforma a la salud en medio de fuertes tensiones entre los 14 senadores que la integran, cuya mayoría hundió este proyecto en la pasada legislatura.
Donde también hay una fuerte pelea es en la comisión que investiga al presidente Petro por las supuestas irregularidades en la financiación de su campaña: la de Acusación, que aplazó la elección de su nuevo presidente porque aún ninguno de los dos candidatos (Leonardo Gallego y Karyme Cotes) tendrían mayorías.
De hecho, algunos representantes del Pacto y del oficialismo no se habrían mostrado dispuestos a votar por la primera opción del Gobierno, que era Cotes, por lo que Cristo aún continuaría en medio de diálogos.
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Entre las molestias de algunos de los casi 50 congresistas de la coalición destaca también la elección del próximo defensor o defensora del Pueblo, pues sostienen que Cristo buscaría influir en la terna que debe presentarle Petro a la Cámara en agosto. Apuntan los militantes que el funcionario querría que esta entidad quede en manos de Griselda Janeth Restrepo, quien también fue ministra (Trabajo) del expresidente Juan Manuel Santos.
Con Sarabia, los disgustos giran en torno a que como bancada les estaría resultando cada vez más difícil comunicarse con el presidente sin su intermediación y a supuestos reclamos de su parte luego de que algunos legisladores le hicieran la observación al mandatario.
En suma, creen que algunas decisiones que les llegan desde el Gobierno provendrían de la directora del Dapre, pero sin el visto bueno del jefe de Estado.
De otro lado, el Pacto consideraría que no han recibido el debido apoyo de los altos funcionarios en iniciativas como la Asamblea que tenían agendada en la Universidad Nacional, por lo que sería hora de hacerse notar más y actuar con rapidez e intuición, algo que no habrían hecho en la medida que querían en la pasada legislatura por esperar línea directa del Ejecutivo.
Es por esto que se vienen varios debates de control político citados por el Pacto contra ministros, pues, como lo señalaron varios, no pueden “pagar por los errores de los funcionarios” ni dejar de hacerle veeduría a su mismo gobierno. Ya el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tocó al Legislativo y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, les ha costado en reputación y les quitó la bandera de la lucha contra la corrupción.
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Este martes tuvo lugar el primero en la Comisión Segunda del Senado por iniciativa de la senadora Gloria Flórez, quien llamó a la UNP y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por la caravana que transportaba disidentes de las Farc en Antioquia.
Desde la otra orilla, fuentes cercanas a los ministerios mencionan que la molestia de los congresistas radicaría en que el Gobierno no les ha dado representación en algunas entidades territoriales, algo que califican como un interés político con fines electorales para el 2026.
Agregan que estarían teniendo una visión egoísta y que la prioridad actual debe ser ayudar desde su escenario en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, pues están a la mitad de camino. También culpan a la bancada del fracaso de algunos proyectos del Gobierno por su “poca experiencia legislativa”.
Fuentes del Pacto, efectivamente, compran la parte de la poca representación que estarían teniendo en el gabinete de Petro y en entidades territoriales, en las que, expresan, tendrían mayor cabida otros partidos que los que integran la coalición, lo cual se los estarían cobrando los ciudadanos que representan, pues, “nos dicen que allá no ha llegado ningún cambio”. Este sentir se ha visto más en la Cámara que en el Senado, donde los congresistas no están tan atados a la dinámica regional.
El 2026 promete profundizar aún más las grietas, pues desde ambos bandos se acusan de estar perdiendo el interés por el bien general del Gobierno, por estar haciendo campaña política, sea para repetir curul o para hacer su salto al Legislativo.
El presidente Petro dejó claro que estos actos poco le gustan y que sus cambios en el gabinete no solo se dieron para oxigenar al Gobierno, sino también, porque los anteriores funcionarios no estaban tan concentrados en el programa. La duda entonces es si logrará cohesionar al Ejecutivo y Legislativo para que marchen por el ‘cambio’.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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