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En los últimos cinco meses la carrera por la autonomía regional avanzó paralelamente en dos carriles. Mientras el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dedicó a impulsar la aprobación la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), una de las tres misiones que asumió desde que el presidente Gustavo Petro lo nombró jefe de la cartera en julio, un grupo liderado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se puso a la tarea de recolectar, por lo menos, dos millones de firmas para hacer un referendo por la autonomía fiscal. En concepto del mandatario regional la suya es una propuesta “superior” a la que aprobó el Congreso, a la cual todavía le falta un complemento fundamental que le dé viabilidad: la ley de competencias.
En este punto es donde el gobierno está buscando concertación, ya que para que la medida aprobada por la Cámara el lunes pasado entre en vigor, es imprescindible radicar la ley de competencias. Este marco normativo definirá qué funciones asumirán las regiones a cambio de los nuevos recursos, asegurando que no se solapen con las responsabilidades actuales del gobierno central. La reforma al SGP proyecta un aumento gradual de poco más del 20% al 39,5% para 2027, aunque cuando se radicó originalmente la ambición era hasta el 46%.
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El proyecto lo apoyó públicamente Petro unos días antes de que la plenaria de la Cámara diera el octavo y último debate y él mismo aseguró que este debía estar supeditado a una ley de competencias. “La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y por tanto debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz. El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media”, escribió en su cuenta de X. En los corrillos de Palacio se dice que, cuando Cristo accedió entrar al gabinete, lo hizo bajo la condición de que podría promover la reforma al SGP, la cual venía impulsando su partido, En Marcha, desde la legislatura anterior.
El Senado estableció un plazo de seis meses para que la administración de Petro presente el proyecto, mientras que la Cámara de Representantes amplió ese límite a un año. Este punto deberá resolverse durante el proceso de conciliación antes del 16 de diciembre. De cualquier manera, según Cristo, el gobierno ya está avanzando. Está conformando un equipo de trabajo, integrado por miembros del Ministerio del Interior, el de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para empezar a darle forma al articulado que marcará el futuro de la autonomía regional. De hecho, así lo dijo en respuesta al editorial de El Espectador del pasado domingo. Cuando este diario expresó preocupación por la viabilidad fiscal de la reforma al SGP y planteó interrogantes que se desprenden del traslado de funciones del gobierno central a los entes territoriales, el jefe de la cartera respondió: “Hemos insistido en que el paso a seguir es una ley de competencias que logre este equilibrio, para lo cual estamos construyendo el mejor equipo técnico posible”.
“Lo que tenemos que definir los colombianos es a dónde van a ir nuestros recursos. Esa es la discusión sobre la ley de competencias, que además será la oportunidad para un gran acuerdo nacional”, afirmó Cristo en diálogo con este diario. Aunque aun no confirma ni desmiente su intención de renunciar al gabinete de Petro antes de fin de año para retomar las aspiraciones presidenciales que ya tuvo en 2022, el posible remezón ministerial podría retrasar el avance de la iniciativa complementaria al SGP.
El proyecto ha levantado varias alertas, al punto de que incluso hubo un choque interno en el gabinete entre Cristo y el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuya cartera emitió conceptos en contra del articulado. Eventualmente, los dos ministros tuvieron que ceder y llegar a un pacto que avaló Petro: “sin ley de competencias no habrá aumento de recursos”. Incluso, al Congreso llegó una carta firmada por 23 exministros y exvicemientros de Hacienda quienes advirtieron sobre el impacto que la medida podría tener en las finanzas públicas, dada la delicada situación fiscal actual.
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Si bien la autonomía regional es un tema del que se apersonó Cristo, también es la bandera del actual gobernador de Antioquia y de un grupo de exfuncionarios, algunos de los cuales también tienen la mirada puesta en las elecciones de 2026. En julio, el mismo mes en el que el gobierno Petro se subió a este bus del todo de la mano del ministro del Interior, la Registraduría avaló la inscripción del comité promotor del referendo de Rendón. Desde entonces, se les otorgaron seis meses para recolectar al menos dos millones de firmas, pero el comité asegura que ya tiene tres millones listas para entregar. Aunque aún no las han presentado oficialmente, este será el siguiente paso.
Una vez la Registraduría valide las firmas, el proyecto llegará al Capitolio para su debate y luego será sometido a revisión de la Corte Constitucional. Si logra superar estos dos filtros, los colombianos serán convocados a las urnas para decidir sobre una propuesta que busca modificar el artículo 298 de la Constitución. Este cambio otorgaría a las regiones la facultad de recaudar y administrar directamente los impuestos de renta y patrimonio, lo que podría incrementar sus ingresos hasta en un 50%.
El comité promotor del referendo está compuesto por varias figuras vinculadas al uribismo. Entre sus integrantes están Paola Astrid Rivera, secretaria general del Centro Democrático; María del Rosario Guerra, exministra de Álvaro Uribe; y Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura de esa misma administración. También figuran Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y excandidato a la Alcaldía de Bogotá con aspiraciones presidenciales, y Diego Santos, periodista y uno de los promotores de las marchas contra Petro. Este grupo incluye además a Ana Lucía Villa, exministra, y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, junto con líderes indígenas como Hiduara Dinasneth Barliza Brito.
La presencia de estos actores refuerza la intención del uribismo de consolidar su influencia en Antioquia, uno de sus bastiones clave, particularmente en un contexto de anticipada carrera electoral. A la par, algunos exgobernadores han hecho de su crítica al Gobierno y de la lucha por la descentralización su bandera. De un grupo de cerca de 17 exmandatarios, se perfilan Zuluaga y Aníbal Gaviria, de Antioquia, como posibles contendores.
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Sobre el SGP, Rendón, quien también llegó a la gobernación de ese departamento avalado por el uribismo, anotó: “Todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo es motivo de celebración, pero seguimos siendo dependientes del gobierno central. Con el referendo, la autonomía fiscal sería una realidad”.
En lo que el uribismo y el gobierno de Petro buscan capitalizar políticamente el tema de la autonomía territorial con miras a las próximas elecciones, en el Congreso empezó a sesionar la Comisión Accidental de Regiones Autonómicas, una iniciativa promovida por el expresidente del Senado Iván Name, quien enfrenta cuestionamientos tras ser salpicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mismo que la semana pasada provocó la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según el senador de la Alianza Verde, quien expresa apoyar tanto el referendo de Rendón como los proyectos de Cristo, la célula “está avanzando activamente en la creación de las regiones y sus funciones por medio de varios proyectos de ley”.
Desde que arrancó el funcionamiento de la Comisión el pasado 25 de septiembre, los 21 congresistas que la conforman se han reunido en cinco ocasiones para trabajar en tres iniciativas legislativas: dos proyectos de ley y una reforma a la Constitución.
Así, la autonomía regional avanza en múltiples frentes, pero enfrenta varios retos. Para el gobierno, que la eventual salida de varios de sus ministros no dinamite los consensos que se han construido en el Capitolio para tramitar con éxito la ley de competencias; para el grupo liderado por Rendón, la tarea apenas comienza: deberán asegurar mayorías en el Congreso y, eventualmente, convencer a los colombianos de aprobar su propuesta en las urnas. El camino, además, no está exento de interrogantes. Persisten preocupaciones sobre el riesgo de que la autonomía fiscal profundice las desigualdades entre regiones y hay dudas sobre cómo se contendrá la amenaza latente de la corrupción en la medida en la que cambia la dinámica en la que las regiones acceden a los recursos.
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