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Menos de dos semanas han transcurrido desde que empezó el tercer año del Congreso y ya hay al menos diez ministros del presidente Gustavo Petro en la mira para debate de control político o moción de censura para responder por su gestión y, en el caso del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La presión es porque un amplio sector del Legislativo quiere mostrarle al Gobierno que hay malestar con el panorama político actual, en el que, incluso, se ha inmiscuido la elección presidencial de Venezuela.
Así como en el país, en el Congreso dos de los temas principales son la UNGRD y los comicios en Venezuela. No solo se han dado pronunciamientos al respecto, pues los senadores y representantes también han buscado alternativas en el seno del Legislativo para evidenciar el descontento y pedirle respuestas al Ejecutivo.
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El ministro de Hacienda es por ahora el más solicitado en el Congreso, pues no solo ha sido llamado a moción de censura en la plenaria del Senado, luego de salir salpicado en el saqueo a la UNGRD, sino también irá al tablero para debate de control político en al menos dos oportunidades diferentes para explicar cuál ha sido el uso de los recursos en este 2024 y aclarar dudas sobre el presupuesto para 2025, que ya fue radicado por $523 billones.
Aunque la moción de censura la lidera el senador Jota Pe Hernández, quien radicó la solicitud este miércoles ante la Secretaría del Senado, llamó la atención que una de las quince firmas que acompañó la solicitud es del Pacto Histórico. En el documento se lee el nombre de Paulino Riascos, quien cree que fue castigado por el Gobierno por no votar positivo algunos proyectos, tal como lo dijo el exdirector Olmedo López ante la Fiscalía.
A Bonilla también se le espera en la Comisión Tercera para un debate de control político por el Presupuesto de 2025, que ha sido criticado por la oposición y sectores independientes al supuestamente estar desfinanciado, pues los ingresos que proyectan son de $511 billones, mientras que los gastos de $523 billones. De este recaudo, y con el nombre de Ley de Financiamiento, el ministerio de Hacienda buscaría recaudar $12 billones para su reforma tributaria.
En suma, se ha cuestionado que quieren iniciar la discusión mientras varias carteras continúan mostrando una ejecución baja, sin duda, el talón de Aquiles del Gobierno, y lo que ha provocado diferencias y roces en el mismo Gobierno.
Está aún en duda que se cite a moción de censura al canciller Luis Gilberto Murillo, pues aunque el gobierno colombiano ya pidió total transparencia en los resultados electorales entre Nicolás Maduro y Edmundo González y abogó por la paz en el país vecino, para algunos congresistas se trató de una tibia declaración y terminó por molestarlos aún más la llamada que sostuvieron este miércoles el presidente Petro y el político venezolano.
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Desde el Centro Democrático, además, la senadora Paola Holguín radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una Acción de Cumplimiento para que la Cancillería convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con el fin de que le haga “recomendaciones a Colombia sobre cómo enfrentar los impactos del proceso electoral”.
Igualmente, en la Comisión Segunda de la Cámara piden una sesión formal con Murillo para analizar las implicaciones diplomáticas y cuáles son las medidas que ha adoptado o tomará el Gobierno Nacional para manejar la situación en Venezuela.
Quien sí tiene confirmada su moción de censura para el próximo 6 de agosto en la plenaria de la Cámara es el ministro de Minas, Andrés Camacho, debido a las altas tarifas de energía en el país y los choques que ha tenido con la bancada costeña por esto.
Fuentes cercanas al Gobierno dicen que aunque Camacho ha estado moviéndose, buscando soluciones y no salió en el último remezón que hizo Petro a cuenta gota, el funcionario aún estaría en la cuerda floja.
De otro lado, la situación de orden público continuará siendo tema de debate en esta tercera legislatura, y desde el Partido de la U, la senadora Norma Hurtado radicó una proposición para llamar a debate de control político a los ministros de Defensa, Justicia, Igualdad, Educación e Interior para responder por la reclusión de menores en el país de parte de organizaciones criminales.
Se espera que el ministro Iván Velásquez regrese al Legislativo para hablar sobre la política de paz total y la situación en el suroccidente, además, de cara a la realización de la COP16 en Cali, sobre la que ya se discutió este miércoles, también en control político a la ministra de Ambiente Susana Muhamad, en la Comisión Cuarta.
También pasaría al tablero el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en la última semana de la pasada legislatura generó fuertes choques en la Cámara al no responder las preguntas que había sobre el nuevo modelo de salud de los docentes, pues, aseguró que no era de sus resorte, sino del ministerio de Educación.
Para esta oportunidad, varios de los senadores de la Comisión Séptima que archivaron la reforma a la salud buscan un debate de control político con Jaramillo para que explique el porqué de las demoras en la autorización de pagos a la red prestadora del país.
A propósito, en esta comisión el Gobierno perdió la vicepresidencia y en la mesa directiva quedaron Nadia Blel (Partido Conservador) y Berenice Bedoya (ASI), quienes votaron por el archivo de la reforma a la salud. Al Gobierno poco le gustó esta conformación y según fuentes cercanas a la célula, se teme que esto frene su nuevo proyecto, que está próximo a radicarse.
Y es que aunque la reforma no ha llegado siquiera a la Secretaría del Congreso, ya Cambio Radical presentó un proyecto alternativo que pasará por la Comisión Primera, y la bancada independiente (sector del Verde, Dignidad y Compromiso y Verde Oxígeno) radicará otra reforma este jueves.
Mientras tanto, desde otras comisiones, senadores y representantes les han pedido a sus compañeros que les aprueben sus proposiciones para llamar a los ministros de Agricultura, Comercio y del Interior para evaluar la situación cafetera, lechera y los bloqueos en la vía Panamericana entre Cali y Popayán.
El Gobierno reconoce que este tercer año de Congreso es casi que un tiempo límite para aprobar sus reformas y, como es el propósito del presidente, presentar un paquete, quizá con mensaje de urgencia, para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc y poner en marcha su reforma agraria. También para lograr un acuerdo nacional.
De los ocho proyectos prioritarios (reformas a la salud, laboral, la ley de servicios públicos, jurisdicción agraria, pequeña minería, sistema penal acusatorio, optimización de inversiones y autonomía territorial) aún no se conocen ningún tipo de texto o articulados. Solo se ha informado que pronto se presentarán.
Y aunque está sobre los hombros del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aprobar la agenda legislativa del gobierno Petro, desde el mismo Pacto Histórico hay ya fisuras hacia él y algunas decisiones que ha empezado a tomar.
Igualmente, los dos años que ha cumplido el Congreso han dejado ver que, en ocasiones y especialmente en Senado, el ambiente político y la opinión cuesta y marca el voto de los legisladores.
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