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El gobierno de Gustavo Petro cambió, en el último mes, el discurso contra algunos los grupos armados ilegales hacia la ofensiva. A casi dos años de que se acabe su mandato, el presidente giró hacia un tono más confrontacional con las disidencias de “Iván Mordisco” y el Clan del Golfo que, en zonas como Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, desataron una ola de violencia tras los intentos frustrados de negociación.
La paz total, una de las propuestas más ambiciosas del mandatario que buscaba lograr una salida negociada al conflicto con varios grupos a la vez, viene enfrentando reveses en cuatro de los departamentos en los que Petro obtuvo un apoyo casi arrasador. Los habitantes del Cauca y Valle del Cauca, en donde ganó en segunda vuelta con el 79,2 % (516.614) y un 63,9 % (1′314.247) de los votos, respectivamente, se levantaron este lunes con dos ataques perpetrados por las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que en un solo día causaron cuatro muertes en el suroccidente del país.
La ola de violencia que ha sacudido la región llegó después de que el presidente ordenara, por medio del decreto 0385 del 17 de marzo de 2024, el fin del cese al fuego con el EMC en estos dos departamentos, así como en Nariño, en donde el presidente obtuvo el 81,1 % de los votos (596.186) en segunda vuelta. En ese entonces, Petro aseguró que las disidencias no dieron “desde el principio ninguna señal de querer un proceso de paz” y usaron ese tiempo para “fortalecerse militarmente”. Hace menos de un mes, las acciones militares contra la estructura criminal resultaron en la muerte de 15 de sus miembros y este lunes el mandatario anunció que “la ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”.
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“No hay que jugar con la paz, si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz. El EMC en el Cauca no la ha tenido al matar la población civil”, declaró el presidente en abril.
En Chocó, donde el jefe de Estado ganó con el 82,1 % de los votos (128.725), la gobernadora Nubia Carolina Córdoba reclamó que no sentía avances en los diálogos sobre la paz total, pues no había una sola reunión que permitiera concretar acciones. Aunque el Clan del Golfo había aceptado en marzo la invitación para sentarse a negociar con el Gobierno, esa “negociación jurídica” nunca se materializó y Petro reconoció que el grupo se estaba extendiendo cada vez más en esa zona. En esa reunión con las autoridades locales, el jefe de Estado respondió contundentemente: “el crimen tiene que ser destruido, o se somete o se destruye”. Es una afirmación enfocada en lo militar, pero que no abandona su espíritu conciliador, pues añadió que “hay mecanismos para negociar las posibilidades de dejar la actividad criminal”.
Otros funcionarios del Ejecutivo han comenzado a usar un lenguaje más contundente. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la vicepresidenta Francia Márquez no han dudado en denunciar los hechos atroces perpetrados en el departamento de donde son originarios, el Cauca. Este sábado, Velasco pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía “una actuación contundente” y “redoblar los esfuerzos” contra las estructuras criminales. Las palabras de la vicepresidenta, por su parte, se han enfocado en hacer un llamado a los grupos armados ilegales para “buscar caminos hacia la paz” y reafirman el compromiso del Gobierno con la salida del conflicto.
El endurecimiento del presidente ocurre en medio de la destitución del comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina, y los ataques en el Cauca y el Valle del Cauca. Las Fuerzas Armadas ya ordenaron el despliegue de tropas en Morales, en donde llegó un pelotón de soldados profesionales “para reforzar el dispositivo de seguridad en el municipio y brindar tranquilidad a las comunidades”, según anunció el Ministerio de Defensa.
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Para algunos, el cambio de discurso llega tarde. La promesa inicial de prevenir los hechos de violencia contra la población por medio de un Puesto de Mando Unificado por la vida, que se estableció en Caldono, Cauca, el 20 de agosto de 2022, menos de un mes después de que Petro ascendiera a la presidencia, no pudo ser cumplida. Desde el Congreso, debates de control político y audiencias con las comunidades azotadas por la violencia en las comisiones por los derechos humanos han cuestionado que el Ejecutivo se demore en tomar acciones concretas sobre los territorios afectados.
“Nosotros vemos a un gobierno en calzas prietas, queriendo dar respuesta a los problemas, pero también viendo que se están quedando cortos en sus acciones”, afirmó el representante del Cauca, Óscar Rodrigo Campo (Cambio Radical). Y agregó que “los únicos cambios que hemos visto son que han promulgado dos decretos de cese al fuego y ambos los han levantado porque no lograron consolidar la respuesta del grupo armado. No hemos visto cambios frente a que se mejore considerablemente el pie de la fuerza pública, en que la inteligencia logre ayudar esta lucha que hay contra la violencia, no hemos visto que haya eficiencia en los cordones humanitarios”.
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El senador Ariel Ávila (Alianza Verde), quien preside la comisión de derechos humanos en la Cámara alta, señaló que las acciones ordenadas por el Gobierno “se van a demorar en dar resultados” y apuntó que lo que ha traído el levantamiento del cese al fuego ha sido “una ola de terrorismo incontrolable”. Tanto él como Campo concuerdan en que la Paz Total fue una promesa optimista que no tuvo una formulación clara.
Lo cierto es que la confianza entre estas organizaciones criminales y Petro se rompió. Intentos de negociar que están congelados por una falta de compromiso de la que se acusan parte y parte, han llegado a sus consecuencias finales y las comunidades reclaman mayor presencia del Estado para combatir la violencia. Con una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que para Ávila sesiona “sin mayor avance” y con intentos de negociar la paz que han tenido compromisos “bastante laxos”, de acuerdo con Campo, la respuesta del presidente avanza desde lo militar.
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