Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Con un documento de 16 páginas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro espera revolcar y acelerar de manera significativa la compra de tierras para darle un impulso definitivo a la reforma agraria. Se trata de un borrador de decreto, cuyo eje central es la vía jurídica que se le abriría a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que negocie terrenos de forma directa –sin intermediación de otras entidades oficiales– al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV).
Y no es el único objetivo. Según el documento, conocido por reporteros de este diario, el Ejecutivo espera hacer una “moñona” en los 10 meses que restan de mandato: conseguir recursos para reparar a víctimas de la guerra y, al mismo tiempo, aumentar el número de hectáreas destinadas a campesinos.
Para conocer las implicaciones de esta nueva reglamentación, El Espectador buscó Felipe Harman, director de la ANT –una entidad que se ha convertido en clave para el actual mandatario–, quien explicó que es “una alternativa a la situación jurídica causada por la caída del [artículo 61] del Plan Nacional de Desarrollo”.
Puede leer: Lanzan alerta por nuevas facultades que le daría el presupuesto a Petro en año electoral
Ese apartado del Plan Nacional de Desarrollo definía nuevos mecanismos para agilizar la adquisición de tierras por parte de la ANT, lo que fue leído como darle celeridad a procesos de expropiación, pero la Corte Constitucional lo tumbó parcialmente. En la práctica, lo que se haría con este decreto es reglamentar ese mismo tema.
Esto le permitiría a la Agencia de Tierras acceder a por lo menos 100 mil hectáreas que hoy son administradas por el Fondo de Reparación, una entidad que además está adscrita a la Unidad de Víctimas. Esos terrenos, que en su mayoría se encuentran en la región Caribe y en el Magdalena Medio, servirían para acrecentar el banco de bienes que el “gobierno del cambio” espera destinar a poblaciones campesinas.
No es una cifra menor, toda vez que se sumarían a las 662.583 hectáreas de tierra que el Gobierno gestionó, hasta el pasado 25 de agosto, a través de mecanismos como la compra directa, donaciones, transferencias gratuitas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y por procesos decididos a favor de la Nación.
También: Estas son las fechas clave para aprobación de Presupuesto 2026 del gobierno Petro
Al respecto, Harman explicó que, en la actualidad, la ANT sí está facultada para comprarle predios al fondo. De hecho, según las cifras oficiales de la calculadora de la reforma agraria del Ministerio de Agricultura, la agencia le ha adquirido 12.285 hectáreas al Fondo de la Unidad de Víctimas y a la SAE.
Sin embargo, con el borrador de decreto –que está en fase de comentarios públicos– se reglamenta la forma en la que debe hacerse. Y esto, a juicio de Harman, aceleraría todos los trámites.
Así también lo argumentó, de hecho, el Ministerio de Justicia al asegurar que con el decreto se “contribuye a destrabar cuellos de botella operativos y situaciones identificadas por el Gobierno y órganos de control que desconocen los propósitos últimos de la administración de los predios”. Pero, lo cual también está dentro de la memoria jurídica del documento, le tira un fuerte dardo al Fondo para la Reparación de Víctimas, que fue creado con la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), al señalar que “no ha tenido la capacidad de administrar de manera adecuada los bienes rurales que se encuentran bajo su custodia y administración”.
Le puede interesar: “Gracias por renunciar”: Corcho rechaza valla con logo del Polo y ratifica su candidatura
Y añade: “La ANT tiene fortalezas institucionales distintas a las de la Unidad de Víctimas que facilitan administrar los predios rurales conforme al régimen agrario vigente, sin que ello signifique un abandono o sacrificio de las obligaciones del Estado en materia de reparación”.
La ruta sería así. El fondo tendría la responsabilidad de identificar y clasificar el inventario rural a su disposición. Luego, la ANT tendría un plazo de 20 días hábiles para determinar los predios que podría adquirir. En ese punto, el decreto contempla que “la Unidad de Víctimas puede hacer entrega anticipada a la Agencia de Tierras para la enajenación temprana. El acta se suscribirá y entregará en un plazo de 15 días”. Cuando se surta el procedimiento, la entidad de Harman consignará al menos el 50% del valor de los inmuebles, recursos que deberán utilizarse para la reparación de víctimas. Así, en términos prácticos, se convierte en un intercambio con el que el Gobierno espera hacerle frente a dos temas claves.
Otro punto clave definido en el borrador es que la Unidad de Víctimas también podrá entregar predios del fondo que estén con medida cautelar en proceso de extinción de dominios, siempre y cuando presenten condiciones que “amenacen su deterioro o imposibiliten su administración”. Esas situaciones deben ser, por ejemplo, que la custodia del predio genere gastos “desproporcionados frente a su valor”, que por su ubicación geográfica o por condiciones de seguridad no se puedan administrar de manera adecuada, o que estén en riesgo de pérdida o deterioro.
Además: Petro pidió “renovación” de bancada antioqueña en Congreso y “Fico” cuestionó al Gobierno
El decreto también aborda otra situación frente a los bienes que tengan la extinción de dominio: “Se constituirá una reserva técnica como medida contingente frente a los derechos de terceros de buena fe cuando en sede judicial se declare la no extinción del derecho del dominio del bien, o cualquier otra decisión que comprenda obligaciones a cargo del Fondo de Reparación de Víctimas relacionadas con el bien inmueble. Para estos efectos se reservará el 30% del valor de la venta del bien como garantía a los derechos de terceros de buena fe”.
En ese proceso, además, la Unidad de Víctimas tendrá que definir la presencia de terceros que estén exentos de culpa y las mejoras que realizaron en el predio con el fin del “reconocimiento de su pago”.
Durante los tres años de su gobierno, una parte significativa de los eventos que ha realizado el presidente Petro han sido, precisamente, para la entrega de tierras a campesinos. Así, ha entregado la titulación de predios en Córdoba, como la hacienda La Macarena de más de 900 hectáreas en Tierralta y en Antioquia, como ocurrió en el corregimiento El Aro de Ituango, donde se titularon 52 títulos de 600 hectáreas. En esos actos proselitistas, ha insistido en repetidas ocasiones que la reforma agraria es una prioridad para su mandato, incluso ante las críticas por el fantasma de la expropiación y habiendo rebajado la meta de 3 millones de hectáreas, que planteó en 2022, a 1,5 millones. Con este decreto, el Gobierno busca darle aire a ese ambicioso propósito.
Este es el borrador de decreto:
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.
Conoce más