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Formalmente se trata de una pelea de argumentos jurídicos, en la que el presidente Gustavo Petro asegura que la procuradora Margarita Cabello no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, a lo que ella responde que la Constitución sí la autoriza. Sin embargo, en el fondo está una larga batalla del mandatario contra el Ministerio Público, atizada por duros encontronazos en el último año y la proximidad de las elecciones del 29 de octubre.
En el último capítulo de esta puja, el mandatario le dijo a la procuradora, en una carta de 24 páginas, que no puede ordenarle suspender al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le quitó esas facultades.
La respuesta de Cabello no se hizo esperar. Ante los medios, le dijo a Petro que estaba “desconociendo el Estado Social de Derecho”, pues la facultad de la Procuraduría para tomar decisiones de ese tipo está respaldada por la Corte Constitucional. “No es posible que en momentos electorales se genere un caos institucional”, agregó.
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A Cabello la siguieron varias voces de la esfera política que le hacen oposición a Petro, como el expresidente Iván Duque, quien lo acusó de tener “claro apetito chavista autoritario y amenazante”, por querer interferir en las decisiones del fiscal, el Congreso, las cortes y la procuradora.
Petro, por su parte, recibió el respaldo de algunos congresistas del Pacto Histórico, que insistieron en que los procuradores no tienen funciones de juez. “Respete la Constitución, al Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, le dijo el representante Alfredo Mondragón.
Este choque institucional entre el presidente y la procuradora no es nuevo, de hecho ha sido una constante desde que el primero asumió la presidencia. Además, tiene sus antecedentes en la lucha que Petro emprendió tras la destitución e inhabilitación que Alejandro Ordóñez le impuso en 2013, cuando era alcalde de Bogotá.
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La trasescena de la pelea
La campaña presidencial de 2022 fue el abrebocas del rifirrafe entre Petro y Cabello. Basta recordar la polémica que desató la decisión de la procuradora de suspender a Daniel Quintero y a otros alcaldes por su supuesta participación en política. “Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde (…) la procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana”, dijo el entonces candidato.
Una vez electo, pero sin posesionarse, lanzó la propuesta de eliminar la Procuraduría y crear una Fiscalía Anticorrupción. La idea ya se había movido en el Congreso, avalada por algunos juristas y congresistas que la consideran una entidad innecesaria, ya que algunas de sus funciones se repiten con las de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La idea ha sido respaldada incluso por opositores de Petro, como Germán Vargas Lleras.
Un mes después de la posesión, Petro bajó el tono y se sentó a desayunar con Cabello en Cali. Le dijo que no era un tema personal, pues la reforma a la Procuraduría, al requerir un trámite de acto legislativo, no afectaría su cargo. Ella también se mostró conciliadora y le explicó los alcances de la reforma al Código Disciplinario.
La calma duró poco, Cabello empezó a cuestionar propuestas de Petro como la paz total, el impuesto a megapensiones en la reforma tributaria y la reforma política. Esta última en especial levantó ampolla en la Procuraduría, ya que planteaba quitarle a la entidad, de una vez por todas, el poder de sancionar a funcionarios elegidos por votos popular.
Aunque el proyecto se hundió, la discusión continuó por las investigaciones contra congresistas del Pacto Histórico. Petro y esa bancada aseguraron que todo se trataba de una “persecución política” y volvieron a citar a la Corte IDH que le permitió a Petro ganar la pelea frente a Ordóñez.
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Vacío jurídico
Desde que la Corte IDH dejó claro que la Procuraduría no podía seguir destituyendo y suspendiendo alcaldes o gobernadores se creó todo un vacío jurídico, especialmente porque Cabello insistió en que sí podían seguir tomando esas medidas disciplinarias para luchar contra la corrupción.
A esto se suma que la Corte Constitucional avaló esas facultades de la Procuraduría, siempre y cuando las sanciones sean revisadas por el Consejo de Estado. De esta manera, los magistrados abrieron más el boquete, especialmente porque algunos consejeros están en contra de revisar las medidas y los que lo hacen, en algunos casos, han dicho que es inconstitucional que la Procuraduría separe de sus cargos a funcionarios elegidos por voto popular.
Mientras el Consejo de Estado no unifique su jurisprudencia al respecto, los sancionados seguirán llevando sus casos hasta esa última instancia. Fuentes del Consejo de Estado señalaron que en su interior existe una alta tensión entre los magistrados, especialmente por el factor político de la controversia.
Se espera que la próxima semana haya un pronunciamiento oficial que aclare la situación. No solo para despejar el camino que deben tomar quienes han sido sancionados, sino para resolver una pregunta clave en este tema: ¿Puede o no la Procuraduría seguir destituyendo y suspendiendo a alcaldes, gobernadores o congresistas?
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