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La decisión quedó frenada. El coletazo del escándalo que desató el expediente de Nicolás Petro –que de paso desplegó un halo de presunta ilegalidad sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro– llevó a que la Casa de Nariño metiera temporalmente en el congelador los ajustes ministeriales que tenía previstos. Cualquier movimiento podría ser leído en clave de debilidad o falta de respaldo de su propio equipo, algo que tampoco se puede permitir cuando el país entra en una etapa electoral que tiende a convertirse en una suerte de plebiscito sobre el primer presidente de izquierda.
Por eso se han desplegado reuniones privadas y de estrategia que cada tanto se hacen en Palacio. En la más reciente –finalizando la semana pasada– se trazó una ruta de defensa en bloque en torno a la idoneidad de Petro y sus fichas más cercanas, la cual aplicaron ministros y partidos al pie de la letra. Y ahí, pero con el visto bueno del jefe de Estado, también se decidió no mover a nadie del gabinete, pese a los líos con la ejecución, que no supera el 30 por ciento tras 12 meses de mandato, y las derrotas en varios frentes políticos.
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“No ha habido ninguna debacle (…). Este es un escándalo más mediático, no hay pruebas y todo es circunstancial. Es un intento de golpear, que no tiene ninguna explicación real y no entiendo por qué hay gente que le interesa que al país le vaya mal”, le dijo a este diario el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quien ahora está encargado de ser el puente entre Petro y su gabinete.
Pero sí reconoció que la gobernanza, ese punto con el que el Gobierno traza alianzas para sacar su agenda adelante y que, como es evidente, se rompió desde hace seis meses –lo que tiene frenadas todas las reformas en el Congreso–, está golpeada, lo que puede terminar en efectos negativos para los intereses del Ejecutivo derivados del resultado de las regionales del 29 de octubre próximo.
Y la preocupación no es menor. De los 128.105 candidatos que se inscribieron para competir por gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas locales, los partidos Liberal (11.632), Conservador (10.342), la U (9.410) y Cambio Radical (9.224) son los que más aspirantes tienen para competir por el poder regional y todos, con matices, son muy críticos del Gobierno. De hecho, la gasolina que les dio la captura, liberación y proceso de colaboración en el que entró el primogénito de Petro con la Fiscalía está impulsando su narrativa antioficialismo; su planteamiento es que la izquierda no se afiance en las regiones y que, prueba de que lo están logrando, es que la favorabilidad del jefe de Estado cayó 23 puntos en un año: Invamer la reportó en agosto de 2022 en el 56 % y esta semana reveló que va en el 33 %.
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Pero para la Casa de Nariño, cuyos voceros –incluyendo al jefe de Estado– no pueden participar en política, la tensión con esos partidos puede solventarse con un diálogo directo con las bases y así evitar, al menos en parte, que el castigo en las urnas sea muy duro. Incluso, hay voces en el gabinete que hablan de la viabilidad de un resultado similar al de las presidenciales, en el que el país quede otra vez dividido por un margen muy corto entre quienes ganen y los que pierdan espacios en esa reconfiguración del poder regional.
“La legitimidad no se ha visto afectada, pero la gobernanza es otro lío en términos de que la mayor dificultad que se ha tenido es el acuerdo con los partidos, y que ya se sabe que no es con sus dirigentes, sino con las bases que toca hacerle”, precisó González, un viejo militante de la izquierda colombiana que compartió militancia con Petro en el M-19 y que hizo parte de los cuadros fundadores de Alianza Verde, partido que aún está con el Gobierno y que para las regionales de octubre inscribió 8.350 candidatos.
Es legítimo que todo gobernante quiera tener aliados en el poder local. De ahí que los inquilinos de la Casa de Nariño siempre les pongan especial interés a las elecciones regionales y esta vez no es la excepción a la regla. Pero sí hay una diferencia y es que el actual jefe de Estado debe asumir ese reto con su propio hijo diciéndoles a los estamentos judiciales que la campaña que lo llevó al Presidencia fue permeada por el ingreso irregular de dinero de dudosa procedencia. Eso, en sí mismo, es inédito. “El presidente es una persona a la que le ha pasado de todo y siempre sale adelante, no vemos por qué esta vez eso sería diferente”, le dijo a El Espectador uno de los ministros que más cerca están de Petro. Esta fuente, además, confirmó que sí se tenían pensados varios ajustes, en carteras como Interior, Cancillería y –entre otras– Vivienda, pero que el hacer un cambio en medio de la crisis es mostrar debilidad.
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Esa decisión de frenarlo todo se tomó la semana pasada y se materializó el lunes 7 de agosto, cuando el presidente se fue hasta el Puente de Boyacá a hablar sobre los logros de sus primeros 12 meses en el poder. Ese día, lo que confirmó el cambio de estrategia, los ministros en pleno llegaron primero que el mandatario y leyeron una declaración conjunta que, en pocas palabras, era un mensaje para rodear a su líder.
Quien la leyó fue la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez –quien viene del Partido Comunista–, y en ella el punto principal quedó claro: “Nuestras metas son tan altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó, cuando propios y extraños le reconocen su honestidad”.
Y luego, desde un atril con el escudo de Colombia y custodiado por su esposa, Verónica Alcocer, y algunos de sus hijos, a excepción por supuesto, de Nicolás, Petro esquivó el escándalo y ni lo mencionó, pero sí sacó pecho por lo que considera son sus logros más valiosos tras un año de mandato.
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En ese escenario, en el que también se vio a una esquiva vicepresidenta, Francia Márquez, evitando a toda costa a los medios, el jefe de Estado recordó que el desempleo bajó hasta el 9.3 por ciento, que el dólar está estabilizado alrededor de los $4.000 y que, entre otras cosas, el presupuesto para la salud subió un 20 % al ubicarse en $50 billones para este año.
“En junio de 2023 los flujos de inversión extranjera directa, la que se dedica a la producción, llegaron a 1.729 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 70 % frente al mismo mes del 2022″, fue otro de los ítems en los que Petro hizo especial énfasis para, de forma tácita, atacar de frente el mito en torno a que la izquierda en el poder sería un freno para la economía del país.
Tras esas y otras palabras, escritas por él mismo en un ejercicio que pocas veces hace, pues no le gusta leer discursos sino hilvanar sus intervenciones de acuerdo a cada momento, Petro, la vicepresidenta y el gabinete salieron sin hablar con la prensa. El respaldo al mandatario ya se había manifestado, este ya había mostrado logros y los ministros no querían entrar en ningún otro debate.
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Incluso, en la entrevista que este domingo también publica El Espectador con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el funcionario zanjó la controversia al advertir que el gabinete está compacto y que por el momento el mandatario no tiene cambios pensados.
“El gabinete está cada vez más cohesionado. Creo que los cambios que se han venido dando y el trabajo que se ha hecho permiten decir que es cada vez más cohesionado. El 7 de agosto hicimos una manifestación y un pronunciamiento público de respaldo al presidente, al Gobierno del cambio, y ese es un mensaje muy importante de la cohesión que hemos ganado para gobernar este país”, le dijo Camacho a este diario.
En los 12 meses que lleva Petro en el poder se han hecho 12 ajustes ministeriales y han pasado 28 personas por el gabinete, en el cual hay cada vez menos representatividad política de partidos independientes. Eso ha llevado a que la oposición critique con fuerza al equipo de Gobierno y hable de su “radicalización”.
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“Yo no hablaría de radicalizar, hablaría de claridad en el programa. Nosotros ganamos con un programa y hoy creo que lo que podemos hacer con este gabinete es trabajar de manera mucho más cohesionada en su cumplimiento”, enfatizó Camacho.
Pero así como Petro y el petrismo tienen los ojos puestos en cargos claves como las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, o las gobernaciones de Atlántico, Sucre y Bolívar, al igual que en otras regiones, la oposición al mandatario se mueve con fuerza para obtener espacios en los comicios de octubre.
El expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líderes naturales del Centro Democrático y de Cambio Radical, respectivamente, están recorriendo el país para potenciar a sus candidatos. Y los dos, por separado, usan sus tribunas públicas y mediáticas para lanzar pullas al autodenominado Gobierno del cambio.
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Solo este viernes, desde Valledupar (Cesar), Vargas Lleras volvió a cargar contra una cirugía al sector del trabajo que el Ejecutivo espera radicar nuevamente en el Congreso esta semana que arranca, pero sobre la cual es muy poco probable que encuentre consensos y mayorías en el Capitolio. “El Gobierno está pensando en imponer una reforma laboral que destruye empleos en vez de generarlos”, enfatizó.
“Nuestro partido quiere la paz, pero rechaza la violencia. Para nuestro país es tan importante la firmeza contra la violencia como el corazón grande por la política social”, aseguró Uribe desde el municipio de Cota, en Cundinamarca.
Pero a la oposición tampoco le sonríe del todo el panorama electoral. La más reciente encuesta de Invamer reflejó que la imagen favorable de este y otros líderes de los críticos de la actual administración no supera el 40 o 45 por ciento, en promedio, por lo que su abrazo público no necesariamente se refleja en votos.
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Y, por otro lado, el propio registrador Alexander Vega denunció que la entidad que dirige ha detectado zonas –las cuales no especificó– en las que los grupos ilegales, incluso los que están bajo el paraguas de la llamada paz total, están haciendo proselitismo e impulsando candidatos.
“Hay candidatos que han sido puestos por los grupos armados al margen de la ley y ya están amenazando a la ciudadanía”, denunció Vega, quien también alertó que “hay denuncias sobre empadronamiento de grupos armados ilegales en varias regiones de Colombia, lo que evidencia constreñimiento al elector, y en otras zonas hubo candidatos que no se pudieron inscribir. En Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés los hombres y mujeres del Ejército, Policía y Armada prácticamente no tienen conectividad”.
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Todo este panorama, de un gobierno con un margen de gobernabilidad en declive y a la defensiva por las confesiones del primogénito del presidente, una paz total que avanza muy lento y no frena el accionar ilegal de la criminalidad, impactando en los procesos electorales, un Congreso adverso que no les quiere caminar a sus reformas y una debilitada coalición partidista que poco pecho saca de los logros evidentes que también se han tenido en un año con la izquierda en el poder, hacen que la Casa de Nariño esté buscando alternativas para que el proyecto político del progresismo no sucumba en las urnas el próximo 29 de octubre.
Y la oposición, por su parte, está aprovechando cuanto papayazo se da desde el Ejecutivo, como los incumplimientos públicos de Petro y los escándalos que le están saltando, para impulsar un proyecto que, en resumidas cuentas, quiere frenar un eventual crecimiento de la izquierda en la reconfiguración del poder regional.
Lo cierto, en medio de todo, es que ni el Gobierno ni sus críticos han mostrado interés por bajarle los decibeles a la polarización que todo esto ha generado, pese a los llamados que, cada uno, a su forma, hace para un acuerdo nacional.
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