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Para la realización de eventos, el Gobierno ha hecho contratos por más de 35.766 millones de pesos. Se trata de acuerdos que muestran cómo el presidente Gustavo Petro ha priorizado la realización de eventos en distintas zonas del país, con la intención de acercarse a las personas, como él mismo lo ha dicho Y, aunque no se hallaron irregularidades en dichos procesos de contratación, resaltan por la magnitud de su cuantía, así como por los pocos contratistas que resultan beneficiados de esos procesos.
En efecto, como operadores logísticos, en los dos años y medio del mandato actual se han contratado a dos empresas. La primera es la público-privada Plaza Mayor, de la que la Alcaldía de Medellín es la principal accionista. Y la segunda, es la también paisa –pero privada– Feeling Company.
Se trata de convenios que son claves para la agenda política del Gobierno. Así lo demostró la vicepresidenta Francia Márquez durante un acto de entrega de tierras, el 11 de octubre pasado, en Santander de Quilichao, el municipio caucano donde más eventos ha realizado la también ministra de Igualdad.
“Este acto solo es posible gracias a la voluntad de los sectores sociales, gremiales, de las organizaciones sociales, de las comunidades y del Gobierno Nacional. Hemos priorizado la solución de uno de los problemas más estructurales que hacen que el Cauca tenga profundas desigualdades y violencia: la inequidad en la tenencia y el uso de la tierra”, dijo la vicepresidenta.
Ese día, lideró la entrega de 1.434 hectáreas de tierra, que fueron despojadas de los habitantes de la región por grupos armados como el ELN y los paramilitares. A ello se sumó múltiples desalojos realizados por la Fuerza Pública, como ocurrió en 2015.
Tanto Plaza Mayor como Feeling Company están domiciliadas en Medellín. Sin embargo, para poder llegar a esas zonas remotas, los operadores logísticos han construido un mapa de proveedores en todo el país. Lo anterior, porque al contratar, el Departamento Administrativo de la Presidencia le delega toda la responsabilidad y autonomía a sus contratistas, según explicaron fuentes enteradas de este tipo de procesos.
En el caso de Plaza Mayor, que cada año, como se puede constatar en su página web, realizó invitaciones públicas para “el suministro de bienes y/o servicios para la operación logística de todo tipo de eventos, incluye la planeación, organización, producción, operación de servicios artísticos y realización de eventos”.
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Así, pudo garantizar la correcta prestación de los servicios. Esto, porque, según conoció este medio, la orden de organizar un evento puede darse en cuestión de días. Para ello, como indicaron personas involucradas en el proceso, Plaza Mayor construyó un “mapa” de proveedores en toda Colombia, dispuestos a prestar sus servicios “24/7″. Resalta que en la invitación pública 021 de 2022, Feeling Company fue una de las empresas contratadas por Plaza Mayor como su proveedor.
Esos subcontratistas se encargan de todo: desde el montaje de los escenarios, pasando por la logística para el ingreso, refrigerios, requerimientos propios de los asistentes e, incluso, el transporte de estos últimos. Eso sí, acatando las medidas definidas por la Casa Militar, encargada de la seguridad del presidente Petro.
El rastro político de los contratos para eventos
Las contrataciones dan también muestra de una novela política que, incluso, llevó a que durante varios meses de 2024 estuvieran frenados actos públicos claves para el mandatario actual, como son los llamados “Gobierno con el pueblo”.
El 9 de diciembre de 2022, Plaza Mayor firmó su primer contrato con la Presidencia de Gustavo Petro. Ya desde julio, en un convenio adjudicado por el Gobierno de Iván Duque, la organización actuaba como la encargada de la logística de los eventos de Petro. Pero que se decidiera su continuación también se dio por dos razones. La primera, el papel preponderante que tuvo para la transmisión de mando, el 7 de agosto de 2022. Y la segunda, el vínculo político entre el jefe de Estado y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Sobre la posesión de Gustavo Petro, este medio constató que existen diez cuentas de cobro para la organización del acto, que se realizó en la Plaza de Bolívar en Bogotá, presentados por Plaza Mayor y que suman unos 2.111 millones de pesos, sumados a otra cuenta de cobro, presentada por RTVC, por el orden de 1.500 millones de pesos.
El Espectador contactó a Víctor Zapata, quien fue gerente de Plaza Mayor desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023, cuando fue reemplazado por Ricardo Galindo. Zapata declinó dar mayores detalles sobre cómo fue el proceso de contratación y si hubo una influencia por la relación política, toda vez que él fue nombrado en el cargo por Quintero. Fue enfático en señalar que no podía opinar, toda vez que ya no estaba en la empresa.
Sin embargo, sí aseguró que, más allá de cualquier trama política, la empresa, desde el mandato de Juan Manuel Santos, ha trabajado en el sector. Algo que, en efecto, confirmó este medio al consultar el Portal Anticorrupción (PACO), donde se registran contratos con fines logísticos desde 2017.
El primer contrato con el Dapre, el del 9 de diciembre del 22, fue hasta el 10 de mayo de 2023 por 6.077 millones de pesos. El 12 de junio de 2023 se firmó un convenio por 2.513 millones hasta el 31 de diciembre de ese año, y el 16 de junio otro por 9.883 millones de pesos hasta el 31 de octubre de 2023. Posteriormente, el 1 y el 17 de noviembre se firmaron dos contratos, por 5.332 millones de pesos y por 4.868 millones de pesos, respectivamente. Ambos terminaron el 30 de abril de 2024.
En ese momento, y como trascendió, empezó la ruptura por la pelea Fico – Petro. Ahora, es de anotar que Plaza Mayor firmó con otras entidades del Gobierno, como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que están próximos a terminar y que superan el orden de los 114.000 millones de pesos.
Sin embargo, el Dapre, en cabeza de Laura Sarabia, decidió no renovar de nuevo los contratos. Y, cuando abrió un nuevo proceso licitatorio en junio en búsqueda de un organizador, sorprendió que la firma paisa declinara de participar del proceso.
Como lo contó El Espectador en ese momento, la “ruptura” entre Plaza Mayor y el Gobierno venía gestándose desde inicios de este año, justo después de que el alcalde de Medellín anunciara que iba a proponerle a la junta de Plaza Mayor poner en la gerencia general a Ricardo Galindo, quien en 2016 fue uno de sus subsecretarios de la Secretaría de Desarrollo Económico.
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El exfuncionario de Fico venía de desempeñarse en cargos directivos en el sector químico para mejorar su posicionamiento. Por eso hubo comentarios, incluso del exalcalde Daniel Quintero, de no ser la persona más apropiada para dirigir una firma encargada de temas logísticos
Este medio buscó a Galindo. Sin embargo, desde la oficina de prensa de Plaza Mayor indicaron que se encontraba fuera del país y no podía atender entrevistas.
En todo caso, y después de varios aplazamientos de la licitación por motivos de forma, el 16 de septiembre pasado se conoció que Feeling Company, una empresa paisa, se convirtió en el nuevo operador logístico. El contrato tiene una asignación de 7.090 millones de pesos y un plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre, el próximo domingo.
Feeling Company, el actual encargado de la realización logística, es una empresa en la que su gerente, de acuerdo con el RUES, es Alejandro Peláez Rendón. El Espectador lo buscó sin éxito para conocer el detalle de cómo funciona la logística de estos cuantiosos eventos.
Además de haber sido proveedor de Plaza Mayor, es una empresa que tiene experiencia con el sector público. Entre 2017 y 2024, Feeling Company celebró 42 contratos, de acuerdo con la información conocida por este medio, con entidades territoriales, como la Gobernación de Atlántico, la Alcaldía de Cartagena, el Instituto del Deporte de Antioquia e, incluso, la Justicia Penal Militar. El contrato de mayor cuantía en esta historia fue con el Ministerio de Educación del Gobierno Duque, para el periodo del 27 de junio al 31 de diciembre de 2019 por 17.443 millones de pesos.
El segundo más alto es, precisamente, el que firmó con la Presidencia por 7.735 millones de pesos. Antes, el 24 de mayo, suscribió un contrato para los actos públicos de la Superintendencia de Salud por 1.927 millones de pesos.
El presidente Petro, como lo confirmaron aliados políticos a él, tiene un amplio poder de convocatoria. Sin embargo, la existencia de estos millonarios contratos -que no tienen irregularidades- son la prueba de que no solo con carisma se llenan plazas públicas.
Esta es la segunda entrega del especial sobre cómo es la lógica y organización de los eventos del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, quienes han apostado por acercarse a sus seguidores mediante actos públicos. Lea aquí la primera entrega.
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Por Leonardo Botero Fernández
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