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El presidente Gustavo Petro se fue contra del Consejo de Estado tras la decisión que tomó de suspender el decreto por medio del cual se ordenaba el traslado anticipado de ahorros a Colpensiones.
El jefe de Estado sostuvo que con esta acción se estaba “vetando” el traslado de los ahorros de los trabajadores, permitiéndole “robar a los banqueros” sus ahorros. Tras la decisión el presidente insistió en salir a las calles el próximo 1° de mayo para la última movilización de su gobierno. “Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo”, precisó.
Además, retomó la idea que lleva promoviendo desde hace algunos meses de una Asamblea Nacional Constituyente y dijo que su propósito “es aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un primero de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”.
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Otros funcionarios del Gobierno también salieron a reprochar lo sucedido, entre ellos los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, quienes aseguraron que esto perjudicaba a los 120.000 colombianos que estaban en este proceso.
El Consejo de Estado adoptó la medida cautelar mientras analiza y decide de fondo la demanda que busca anular completamente el decreto, alegando que contraviene la ley. El 23 de abril, el Ejecutivo emitió el Decreto 415 de 2026, ordenando a los fondos de pensiones transferir más de COP 27 billones a Colpensiones en las próximas semanas.
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El gobierno justificó la decisión argumentando que, aunque su reforma pensional está suspendida y en revisión por la Corte Constitucional, las personas pueden seguir trasladándose del régimen privado al público si lo desean, y sus ahorros deben acompañarlos.
Además, para decretar la suspensión temporal, el Consejo de Estado consideró que la medida podría contradecir la Ley 2381 de 2024, que autorizó excepcionalmente el cambio de algunos afiliados de fondos privados a Colpensiones. Sin embargo, dice el alto tribunal, “también dejó claro que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión”.
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