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Al retorno de su viaje diplomático en Osaka, Japón, el presidente Gustavo Petro se encontrará con una intensa agenda interna tras la derrota en la elección de magistrado en la Corte Constitucional y en un escenario geopolítico en el que Estados Unidos y Venezuela chocan cada vez con más fuerza.
Washington endurece su postura en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, y al mismo tiempo ve con recelo los recientes acercamientos de la Casa de Nariño con el régimen de Nicolás Maduro, lo que puede tensionar aún más un escenario que atraviesa lo político y lo ideológico.
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La fisura que se abrió entre la Oficina Oval y Bogotá se sustenta en el rechazo del presidente Petro al respaldo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, le da al gobierno de Israel y su ofensiva en Palestina; la movilización de una flota naval norteamericana en aguas del Caribe con el argumento de defender la seguridad de la región; la conformación de una zona binacional y un acuerdo de comercialización de gas entre Colombia y Venezuela; y culmina en el endurecimiento de la política antidrogas que tiene a Colombia ante el riesgo de una descertificación.
Y es en ese contexto que las tensiones vuelven a escalar luego de que el presidente Petro cuestionara la movilización de la flota estadounidense en Puerto Rico, y tras señalar como “asesinato” el ataque a una embarcación cargada de droga que partió desde un puerto venezolano; se reportaron 11 personas muertas. El mandatario colombiano se sumó a la solicitud que la oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo a Washington por el respeto del derecho internacional, señalando que “si al gobierno de EE. UU. no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí sí”.
En el mismo mensaje, Petro resaltó este viernes el compromiso de su administración con la lucha antidrogas, pero advirtió que si desde la Casa Blanca se “respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”.
Su frase reavivó un escenario de incertidumbre en medio de todo el panorama, dado que mientras contempla una posible renegociación de la colaboración con el principal socio colombiano, en semanas recientes ha estrechado las relaciones con el régimen de Maduro. Además del ya mencionado acuerdo binacional, que abarcaría a los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y César —foco de los enfrentamientos que se intensificaron en enero entre ELN y disidencias de las Farc (que también operan en Venezuela)— el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, insiste en la firma de un acuerdo al cierre de este año para la importación de gas venezolano y la adquisición de la Petroquímica Monómeros por parte de Ecopetrol, al margen de las sanciones que estas operaciones podrían suponer.
Según le dijo a El Espectador el excanciller Julio Londoño Paredes, estos últimos puntos sí podrían dar muestras de una estrechez en las relaciones Petro-Maduro, y “aunque el acuerdo sobre la zona es muy ambiguo y confuso, si Colombia compra gas venezolano realmente generará prevenciones”. El exministro también señaló que no resulta “conveniente para Colombia enfrentarse a Estados Unidos por la causa de Maduro”.
Para la Casa Blanca, la cabeza del régimen en Venezuela es un prófugo de la justicia de ese país, además de uno de los más altos miembros del denominado Cartel de los Soles. No obstante, el presidente Petro ha desestimado la existencia de este grupo criminal asociado principalmente al narcotráfico, declarando que “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.
En su lugar, el presidente colombiano enfatiza en su discurso la existencia de una “junta del narcotráfico“ que opera desde Dubái y con miembros de mafias albanesas e italianas, que, a su vez, subcontratan a grupos criminales como el ELN, Clan del Golfo o la Segunda Marquetalia para la producción de cocaína y la ejecución de atentados criminales.
Sin embargo, esta hipótesis ha sido rechazada desde Washington y otros aliados de los Estados Unidos de la región, dentro de los que se incluyen Paraguay, Ecuador y Argentina, que sí han dado reconocimiento a la existencia del cartel transnacional con presunto mandato en Caracas. La tesis de Gustavo Petro también ha sido desestimada por ciertos sectores de los congresos colombiano y estadounidense, tanto por lo difuso de la información existente sobre la ”junta del narcotráfico” como por lo que se considera puede ser un respaldo —no declarado— de la Casa de Nariño al Palacio de Miraflores.
¿Escenario propicio para la descertificación?
Estos movimientos de Petro que le alejan de un diálogo fluido y constante con la Casa Blanca y le acercan mucho más al régimen venezolano, también llevan al país a una muy posible descertificación por la lucha antidrogas, decisión que será comunicada durante este mes de septiembre y que impactaría, precisamente, en la ayuda fiscal que es entregada por Estados Unidos a Colombia para combatir los grupos al margen de la ley; pero, no menos importante, también usada para intentar detener la expansión de los cultivos de uso ilícito y la producción de cocaína.
Los informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) han señalado que durante 2023 Colombia incrementó la producción de cocaína en 53 %, acaparando el 67 % de los cultivos de hoja de coca a nivel mundial.
Sin embargo, la Casa de Nariño ha resaltado los resultados en incautaciones de narcóticos, así como el “significativo” avance de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Defensa, hasta el mes de julio la erradicación manual de cultivo de coca avanzaba en 3.636 hectáreas, que si bien, aumentan respecto a su comparativo de 2024, están lejos de las más de 30.000 esperadas por los Estados Unidos, y de las 10.000 prometidas desde la Casa de Nariño en mayo.
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Ahora bien, altas fuentes del Gobierno consultadas por El Espectador señalaron que “Colombia ha cumplido y sigue cumpliendo. Hemos demostrado avances concretos en interdicción marítima y aérea, cooperación regional, erradicación voluntaria y persecución de estructuras criminales. El trabajo ha sido constante, técnico y sostenido, con una interlocución activa y de alto nivel con todos los actores clave del proceso”.
Es por lo anterior que las expectativas por la decisión que tome la Casa Blanca son altas. “La cooperación antidrogas no puede medirse por cifras descontextualizadas, sino por el compromiso integral de un país que ha invertido más que ningún otro en esta lucha, en particular en vidas como lo atestiguamos hace poco en Amalfi. Confiamos en que esa visión, respaldada por hechos, será la que prime en cualquier evaluación desde Washington”, le dijeron las fuentes a este diario.
Desde esta perspectiva, este diario también conoció sobre la agenda a desarrollarse en la semana del 8 de septiembre entre una comitiva liderada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, con una comitiva del alto gobierno estadounidense para seguir presentando informes sobre la lucha antidrogas adelantada por Colombia. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que “de todas maneras nos estamos preparando para la decisión que se tome, cualquiera que sea”.
La clave del año electoral
La determinación que tome el Departamento de Estado será uno de los puntos transversales para el futuro del país, especialmente en época electoral. Con más de 100 candidatos para suceder a Gustavo Petro en 2026, el bloque de la derecha y centroderecha es el que más aspirantes presenta con una clara intención de emprender una lucha frontal contra los grupos que mayor control de cultivos ilícitos y producción de cocaína presentan; la izquierda mantiene su firme defensa a una salida negociada.
Es por ello que en medio de este debate sobre el manejo de las relaciones internacionales y ante el riesgo de una posible descertificación, una delegación conformada por los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay, iniciarán una gira por los Estados Unidos en una agenda que comprende encuentros con miembros del Departamento de Estado y del Congreso estadounidense entre 7 y 9 de septiembre.
El viaje que emprenderán los mandatarios regionales fue rechazado por el presidente Petro, quien afirmó “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia”. El jefe de Estado aseveró que “sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, luego de que Federico Gutiérrez desestimara la necesidad de un permiso para salir del país por parte de un mandatario regional.
De acuerdo con Gutiérrez, en una respuesta directa al mandatario, “en democracia, tenemos el derecho de hablar por nuestra gente (…). Y por supuesto, no te tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos”.
Respecto a esta pugna, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha señalado en los conceptos 227791 de 2022 y 02738 del 2023 que en la ley 136 de 1994, en su artículo 12, está explícito que “el alcalde para salir del país deberá contar con la autorización del Concejo Municipal y presentarle un informe previo sobre la comisión que se proponga cumplir en el exterior. En caso de no hallarse en sesiones el concejo municipal, le corresponde al Gobernador conceder la autorización de salida”.
Respecto a la agenda de los alcaldes, se contempla que en el encuentro se presente una solicitud de no descertificación, el incremento de la cooperación en seguridad, el desarrollo económico, la democracia y la migración, ejes que jugarán un papel sustancial dentro de la ruta electoral.
La reunión se suma a otros encuentros que han sostenido voceros de varias bancadas del Congreso de Colombia con sus pares estadounidenses, y en las que también llegó a participar el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, además, encontró en el secretario de Estado de lo Estados Unidos, Marco Rubio, uno de sus defensores en medio de su juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal en actuación penal.
Esta serie de encuentros que han sido calificado como fructíferos, más el respaldo a la bancada de la oposición colombiana, dejan al presidente Gustavo Petro, su plan de gobierno, sus intenciones de acercamiento con Venezuela y su futuro en el poder —incluso en cuerpo ajeno— en medio de una fuerte polémica por las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 y que ya van tomando forma.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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