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La historia de la humanidad ha estado atravesada por conflictos armados que dieron origen a organizaciones militares. Tales conflictos han sido provocados por relaciones políticas (desigualdades de poder) inherentes a los vínculos sociales. Los diez siglos de la Edad Media comenzaron con el fin del Imperio Romano y terminaron con el “descubrimiento” de América. Estos procesos ocurrieron bajo la dominación masculina frente a la subordinación femenina.
El eje geográfico de estos acontecimientos fue Europa, con ejércitos diseñados por organizaciones sociales surgidas de grupos étnicos, regiones con culturas diferenciadas y otras características. El advenimiento de religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo o islam) estimuló los conflictos bélicos. El más emblemático fue quizá la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), ocurrida en Europa Central. Esta guerra finalizó con la paz de Westfalia, cuyas principales consecuencias fueron la creación del primer sistema internacional, el debilitamiento de las guerras de religión y el inicio de un largo y complejo proceso de decantación de los Estados nacionales, estimulado por la expansión de relaciones capitalistas.
El siglo XX fue marcado por las dos mayores guerras de la historia: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 1914-1918 y 1939-1945, con lo que culminó el largo proceso de formación de los Estados modernos. Su principal requisito, según Max Weber, es el monopolio legítimo del uso de la fuerza, o sea, el control del territorio nacional mediante organizaciones armadas subordinadas a los Estados. Esta característica se complementó con el desarrollo progresivo de relaciones internacionales para mantener la paz y evitar confrontaciones bélicas. Su respaldo principal son las Naciones Unidas (ONU), mediante el estímulo de relaciones amigables entre naciones y cooperación para la solución de problemas.
¿Para qué los ejércitos?
El objetivo de los ejércitos es mantener la soberanía de los Estados nacionales mediante la disuasión y/o las acciones militares hacia el exterior de sus fronteras. Las relaciones diplomáticas entre Estados se desarrollaron para evitar conflictos armados y propiciar negociaciones para prevenirlos. Su principal apoyo fueron organizaciones internacionales vinculadas a la ONU. Con la culminación de la Segunda Guerra Mundial mediante el uso de armas atómicas y su posterior monopolio por pocos países se apoyó en tratados internacionales que redujeron -mediante disuasiones- potenciales conflictos bélicos. Con la terminación de la Guerra Fría, en 1991, esta situación tendió a consolidarse.
No obstante, desarrollos irregulares del capitalismo en numerosos países y desequilibrios en sus relaciones sociales limitaron en los Estados respectivos la capacidad de controlar sus territorios. Teorías sociales, como las del desarrollo y subdesarrollo, y el primer y tercer mundo, buscaron explicar tales desequilibrios. Pero el hecho es que prosiguen y estimulan una situación que muestra que, si bien disminuyeron las guerras entre países, sus conflictos internos aumentaron, provocando confrontaciones armadas con tendencia a permanecer. De esta manera, el papel central de los ejércitos (defensa de la soberanía nacional hacia el exterior) se desvirtuó, pues han tenido que actuar en muchos países para tratar de mantener el orden público interno, entrecruzándose con funciones de la policía.
El caso de Colombia es emblemático. Según la definición weberiana, el país nunca ha tenido un Estado moderno, puesto que el ejercicio de la política ha estado siempre salpicado de violencias provocadas por diferentes grupos armados de índole privada. Esta situación se ha complicado con el tiempo, debido a problemas políticos por malos manejos gubernamentales. Durante el último medio siglo, el abandono por parte de los gobiernos de su responsabilidad de trazar políticas articuladas con esta situación, sumado a los manejos inadecuados de grupos dirigentes frente a problemas como el narcotráfico, llevaron al país a conflictos armados internos sin control.
(Quizás quiera leer: “La Policía es responsable por 289 homicidios entre 2017 y 2019”: Temblores ONG)
Pese a la reestructuración militar a instancias de Estados Unidos, luego de las derrotas frente a la guerrilla (1996-1998), la errática orientación política, la creciente corrupción y la ambigüedad estratégica de cúpulas castrenses impidieron que el Estado y la sociedad avanzaran en la solución de este problema estructural de medio siglo. Todo ello es parte de la persistente debilidad democrática nacional, que se suma a la compleja diversidad de su territorio, con gran biodiversidad. La consecuencia más notoria de estos problemas es la extrema desigualdad social y el marginamiento de amplios grupos de población.
Una propuesta
Frente a estos problemas persistentes se requiere adelantar reformas específicas en la Fuerza Pública, destinadas a orientarla para que apoye de manera adecuada a las instituciones estatales, con el fin de que el Estado pueda controlar el territorio nacional de manera legítima. La larga ausencia de conflictos armados internacionales justifica que la misión central a la que llegaron los ejércitos -defender la soberanía fuera de las fronteras- se sustituya por el fortalecimiento de procedimientos diplomáticos, apoyados por organismos internacionales. Al respecto, para terminar, es útil mencionar algunas medidas importantes pendientes por hacer, sin que sean exhaustivas ni se desglosen:
(Puede complementar escuchando este podcast: [Suficiente Ilustración] ¿Cómo debería ser la reforma a la Policía Nacional?)
1.Según la Constitución, la Policía Nacional es una entidad civil armada. Por lo tanto, debe dejar de depender del ministro de Defensa y trasladarse al Ministerio del Interior, bajo un viceministerio especializado. Habría, además, que adelantar su reestructuración.
2.El manejo de la seguridad ciudadana depende de la Policía Nacional, pero reorganizándola para mayor efectividad y con presupuesto suficiente frente al crecimiento urbano. Tal seguridad debe incluir educación pública para lograr comportamientos ciudadanos apropiados en espacios abiertos.
3.Los ministros de Defensa deben contar con requisitos profesionales específicos para desempeñar sus funciones de manera adecuada. Estos deben ser establecidos por especialistas en temas de seguridad y defensa, y consignados en una ley avalada por la Corte Constitucional.
4.El Congreso debe aprobar una ley de seguridad y defensa (ausente en la historia nacional) propuesta por expertos en la materia, con el aval de la Corte Constitucional.
5.El fuero militar debe ser revisado por juristas especializados en el tema y presentado al Congreso para su aprobación, con aval posterior de la Corte Constitucional. El juzgamiento de militares por delitos relacionados con sus funciones dependerá de tribunales especializados. Los delitos ajenos a las funciones militares deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria.
6.Los ascensos de oficiales superiores (mayor, teniente coronel y coronel) y oficiales generales (brigadier general, mayor general y general) deben ser aprobados por una comisión del Congreso -adecuada para el efecto- y avalada por la Corte Suprema de Justicia.
7.Las escuelas de formación de oficiales y suboficiales diseñarán programas académicos especializados en el manejo del orden público interno, así como de defensa militar hacia el exterior, aprobados por un comité de generales establecido por los ministerios de Defensa, Educación y del Interior.
8. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser administrado por personas idóneas en la materia, con el fin de fortalecer la diplomacia con países de la región y otras latitudes. Al respecto, no deben nombrarse políticos del círculo gubernamental en altos cargos diplomáticos, sino funcionarios con títulos de la Academia Diplomática o similares.
9.Se deben mantener relaciones diplomáticas con países cercanos y/o que representen ventajas específicas, y ante todo con aquellos potencialmente problemáticos para el Estado. Por ningún motivo se invertirán recursos en armas sofisticadas y costosas, como aviones y navíos de combate.
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