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Este lunes, 29 de mayo, se reunió la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la instancia encargada de asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales en Colombia y por ende, de las elecciones regionales de octubre de este año. La mesa encargada de evaluar medidas se citó después de que la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC) y liderada por Iván Mordisco, lanzara una amenaza a las próximas elecciones regionales en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
La disidencia emitió un comunicado en el que “sugirió” a los candidatos locales de esos departamentos que rechacen los apoyos de “partidos tradicionales o guerreristas”. Igualmente, aseguraron que habría “sanciones” a actos de corrupción, como compra o venta de votos, amedrentando y atribuyéndose funciones del Estado en los territorios. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios Cabrera, dice que la violencia ha incrementado con respecto a las elecciones de 2019 y asegura que en esos departamentos se han registrado un total de 126 hechos violentos tras el inicio del calendario electoral.
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¿Cómo evalúa las medidas que prepara el Ministerio del Interior y la Registraduría ante el incremento de la violencia y las amenazas de la disidencia del EMC?
Son dos entidades que tienen responsabilidades muy diferentes en el proceso electoral. La llegada de Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior es muy importante debido a la gran experiencia electoral que tiene; eso facilita su trabajo como revisor y garante de las elecciones. Velasco viene del Cauca, entonces tiene muy claro lo que significa realizar elecciones en contextos violentos, pues ese departamento es uno de los que concentra mayores niveles de violencia. Desde el 2016 se ha incrementado la violencia en Colombia, pero desde el año pasado empezamos a tener un pico muy fuerte.
¿Y en qué trabaja la Registraduría de Alexander Vega?
Con la Registraduría estamos en el proceso de la organización de las elecciones. Este 4 de junio tenemos las primeras consultas interpartidistas y se inscribieron una gran cantidad de partidos de municipios en Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. Esto tiene importancia, en primer lugar, pues se van a probar los ajustes al formulario E-14, con el que se tuvo problemas en las elecciones al Congreso. En segundo lugar, hicimos un llamado de atención a la Registraduría sobre la necesidad de tener los cronogramas y planeación de la contratación del material electoral y la logística.
Esos temas debían ser planeados con tiempo, hasta los partidos políticos deberían hacer parte del proceso de auditoría y todavía no está. Nosotros seguimos insistiendo en eso, al igual que en la importancia de conocer cuáles fueron los criterios para establecer 656 nuevos puestos de votación en Colombia. Es muy importante que vayan acompañados de una georeferenciación y de los estudios de seguridad necesarios, porque precisamente en las zonas urbanas es donde hay mayores niveles de violencia.
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👀Acciones armadas y amedrentamientos por parte de grupos armados ilegales en los seis primeros meses del calendario electoral 2019, en comparación con 2023.
Entre octubre 29 de 2022 y el 29 de abril de 2023, se ha registrado el periodo electoral más violento desde la fundación de la MOE en el año 2006.
¿Cuál es la razón de que haya mayores niveles de violencia en lo urbano?
Es mucho más difícil hacerle seguimiento a la violencia en las zonas rurales; en los centros urbanos, donde hay una ruta de identificación de las violencias e información sobre los hechos, es más fácil. Entonces, cuando hablamos de veredas o poblaciones alejadas, a veces hay subregistros.
¿Cuáles son los departamentos que concentran más hechos violentos?
Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca son los que concentran el 51% de los hechos de violencia, desde el pasado 29 de octubre del 2022, cuando empezó el calendario electoral. Ahora, los departamentos que han tenido un mayor incremento en la violencia, de más del 350% frente a las elecciones regionales del 2019, son Sucre, Atlántico, Magdalena, Huila, Santander y Bolívar.
Entonces, ¿qué tienen en común los cuatro departamentos amenazados por las disidencias de las extintas FARC (Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta)?
En esos departamentos se concentra alrededor del 25% de las acciones del EMC, por eso tienen la capacidad de tener incidencia en términos de orden público y sus acciones los afectan directamente. Por ejemplo, se han registrado un total de 126 hechos violentos en esas zonas, de los cuales el 67% son acciones bélicas realizadas por las disidencias.
¿Estamos hablando de violencia política o de acciones indiscriminadas?
Se trata de violencia generalizada, pues la afectación contra los liderazgos políticos, sociales y comunales la hemos visto en los primeros seis meses del calendario electoral, en términos de amenazas, asesinatos, atentados, desapariciones y secuestros. Normalmente, cuando no estamos en procesos electorales, es mayor la violencia frente a los liderazgos sociales, posteriormente frente a los comunales y finalmente a los políticos, cuando empieza el proceso electoral.
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¿Por qué incrementan los hechos violentos ad portas de iniciar la inscripción de candidatos?
El periodo de inscripciones en Colombia empieza el 29 de junio y va hasta el 29 de julio, en ese mes los candidatos o quienes quieren ser candidatos reciben amenazas para que no se presenten, retiren sus apoyos o para que participen por determinados partidos u organizaciones políticas. También hay un incremento de los asesinatos porque, lamentablemente, esa es una de las formas de sacar a los competidores del ejercicio de la política. Hay que ver cuál será el comportamiento en este proceso electoral, de manera particular en los cuatro departamentos que aparecen en el comunicado de las disidencias. Es fundamental hacer seguimiento a las candidaturas que se están presentando y si hay afectaciones a determinados partidos políticos.
El EMC aseguró que “sugiere” a los candidatos locales rechazar los apoyos de “partidos tradicionales o guerreristas”, ¿hay una amenaza directa a ciertos sectores políticos?
Esa caracterización nos confunde mucho, pues aunque hablan de los partidos tradicionales, el comunicado pareciera que fue una reacción a la ruptura del cese al fuego; entonces, no sabemos si están entendiendo por partidos tradicionales al Liberal, Conservador, Cambio Radical y al Partido de la U, o si hacen referencia a los partidos del Gobierno, pues fue la administración Petro la que rompió el cese y modificó las condiciones de negociación. Nos preguntamos si podría haber una afectación a los que conforman la coalición del Pacto Histórico y por ejemplo, qué pasará con el partido de los Comunes. No es claro a qué tipo de candidaturas podría llegar esta afectación.
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¿Eso hace más difícil la identificación para garantizar la participación en los comicios?
Nos quedan cinco meses para las elecciones locales y para tomar las acciones necesarias para ofrecer garantías en los departamentos que tienen riesgos diferenciados. Solo así podremos garantizar que los partidos y candidatos hagan proselitismo electoral de manera libre, que los ciudadanos puedan votar sin presiones y que los funcionarios públicos puedan organizar las elecciones locales en un escenario de seguridad.
Cinco meses parece poco tiempo…
Sí, pero no estamos a 15 días ni a una semana de las elecciones y ya hemos venido haciendo mapas de prevención y seguimiento. Por otro lado, Colombia tiene muchísima experiencia haciendo elecciones en contextos de conflicto y tenemos funcionarios públicos preparados para eso. No olvidemos que el año pasado hicimos elecciones con dos paros armados de por medio. No podemos decir que las elecciones son inviables o que están en peligro, ese es un mensaje incorrecto.
De todas formas, respecto a las elecciones locales de 2019, ha incrementado la violencia. ¿Eso no es problemático?
Claro, pero también nos preocupa que el mensaje que se pueda dar a entender es que estamos frente a un proceso electoral que no es viable. Lamentablemente, hemos retrocedido en términos de seguridad y orden público, hay una eclosión de organizaciones y economías ilegales, pero eso no se traduce en inviabilidad.
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Los gobernadores dicen que están de brazos cruzados y que la capacidad la tiene la nación, ¿qué pueden hacer las entidades territoriales?
Eso es precisamente lo que hay que cambiar. Hay que decirle a los gobernadores y a los alcaldes que hay una institucionalidad democrática que los está acompañado. Una de las primeras acciones que hay que hacer son las Comisiones Departamentales de Seguimiento Electoral, en principio en los cuatro departamentos señalados del comunicado de las disidencias. Esa debería ser una acción urgente con presencia de las autoridades del orden nacional. Igualmente, hacer un mapeo y seguimiento a cada uno de los municipios y puestos de votación en zonas rurales. Sería una equivocación garrafal organizar los procesos electorales desde Bogotá. Hay que dar fortaleza a los alcaldes y gobernadores, para que tengan capacidad de decisión y de acción.
¿De qué se tratan son las Comisiones Departamentales de Seguimiento Electoral?
Los procesos electorales en Colombia se gobiernan a través de las Comisiones de Seguimiento Electoral. Estas son del orden nacional y las departamentales, donde está la secretaría de gobierno departamental y las municipales, se hacen en algunos casos con presencia de organizaciones nacionales. Eso es muy importante porque permite tener un diálogo directo con los candidatos y con las autoridades locales. Nosotros vamos a tener 1.102 elecciones municipales y 32 departamentales al tiempo. Aquí no hay una elección más importante que otra.
Por Laura Duarte Sandoval
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