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La prohibición para el ingreso a los estadios entre 1 y 6 años, sanciones penales entre 5 a 10 años de prisión para los responsables de actos vandálicos y multas de cien a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, son algunas de las disposiciones que fueron aprobadas en el proyecto del fútbol que busca castigar a quienes afecten la “sana convivencia” del fútbol profesional colombiano y que intenta constituir en sociedades anónimas a los clubes.
La idea, del senador Antonio José Correa, es que quien fomente actos vandálicos en los estadios o escenarios deportivos reciba penas severas, hasta calificadas de terrorismo, si los artefactos utilizados son explosivos o similares.
En su proposición, el legislador hizo un recuento del recorrido global de la violencia en el fútbol internacional, comenzando con los llamados “Hooligans” de Inglaterra, pasando por las “Torcidas” de Brasil, las barras bravas de Argentina y finalmente las barras de Colombia, dirigidas por líderes violentos llamados ‘Capos’.
“Estos capos sino se acogen a los manuales de la sana convivencia y la conducta, deberán ser llevados ante las autoridades judiciales para recibir penas ejemplarizantes”, enfatizó.
De otro lado, se permitirá la intervención directa del Estado en el fútbol colombiano, según lo establece el proyecto de ley.
Con la figura del «gestor», el Congreso busca que se permitirá un órgano rector que vigile a través de la Superintendencia de Sociedades a los equipos.
El senador Correa dijo que ya la “excusa” de que la Fifa prohíbe la intervención del Estado, no será válida en Colombia.
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