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Esta semana hubo una inusual medición de fuerzas políticas en dos manifestaciones: el miércoles 19 se dieron cita los militares retirados y civiles del espectro más conservador del país. El jueves 20, día de desfiles militares, se concentraron en la plaza de Bolívar de Bogotá sindicalistas en apoyo a las reformas del Gobierno. ¿Es sana o peligrosa esta confrontación callejera entre dos extremos ideológicos?
Es muestra de que Colombia atraviesa dos tipos de polarización: política y afectiva. Política, por cuanto hay dos bandos irreconciliables que, de todos modos, se confrontan a través del debate. Esos dos bandos son el centroprogresismo cercano al Gobierno, de una parte, y un conservatismo que se identifica como oposición, de la otra. El problema surge cuando se transita, como está sucediendo hoy, hacia una polarización afectiva en la que se evita el debate y se pretende la cancelación del contradictor que es considerado como ilegítimo. Este tipo de medición de fuerzas en la calle es muestra de una polarización en la que cada vez se debate menos y se arenga más, lo cual es riesgoso para el pluralismo.
¿Hay forma de recomponer el debate centrándolo en argumentos o con el actual grado de polarización no hay retorno?
Claro que es posible canalizar el debate con argumentos dejando de lado la polarización. Es una responsabilidad que recae tanto en el Gobierno como en la oposición. El problema es que los dos extremos abusan de las redes sociales. Y también hay que tener en cuenta que superar la polarización requiere un debate de matices que no necesariamente es popular.
¿A qué se refiere con la “cancelación del contradictor”?
Ocurre, por ejemplo, cuando no se debaten las reformas del Gobierno sino que se acude a la descalificación y a la generalización; cuando se habla, sin rigor, de estatización en lugar de controvertirlas; cuando se abandona la crítica serena y directa, y cuando se presume que el Gobierno es ilegítimo. Así es como funciona la polarización de tipo afectivo.
La oposición parece bicéfala: una cabeza civil, concentrada en el Centro Democrático, los conservadores y variedad de políticos tradicionales; y una cabeza militar compuesta por reservistas, los militares retirados de mayor edad, sus familias y amigos. ¿Esta estrategia es parte del juego o lo degrada?
Supone una degradación del debate democrático, pues en las dos alas (militares y sector civil conservador) circula la tesis de que Petro es un dictador y que Colombia está abandonando sus garantías democráticas. Aunque esa teoría no tenga sustento, sirve como factor de cohesión y es una poderosa herramienta para la convocatoria. Lo vemos en las manifestaciones de la oposición en las cuales sus participantes suelen afirmar que marchan para, supuestamente, defender las libertades, entre otras, la libre empresa y el Estado de derecho. En desarrollo de esa estrategia, el apoyo de los militares retirados ha sido fundamental.
¿Por la apropiación del sello militar que puede ser símbolo de la “seguridad democrática” de los gobiernos de Uribe Vélez?
Sí: por eso y porque han convencido a los militares de que son víctimas de la persecución de la izquierda.
¿El Gobierno o sus congresistas han sido, entonces, incapaces de controvertir esa estrategia? No recuerdo a ningún funcionario o congresista del Pacto Histórico dando esa discusión.
Es cierto. Eso se explica porque una de las grandes falencias de la izquierda es el área de seguridad y defensa. No hay muchos líderes de ese segmento que entiendan la fuerza pública.
¿La participación política de los militares retirados en contra de un gobierno al que, simultáneamente, las Fuerzas Militares activas le han jurado obediencia divide a los reservistas y sus sucesores en servicio activo?
Pensaría que es posible, pero es difícil afirmarlo de manera rotunda. Es usual que militares o policías retirados participen en política (Hárold Bedoya, Jaime Canal y Óscar Naranjo). También hay que decir que militares y policías activos han sido, siempre, respetuosos de la Constitución a pesar de las tentaciones o de los llamados “ruidos de sables”. A diferencia de otros militares latinoamericanos, desde el año 1957 y de manera ininterrumpida, nuestros uniformados han acatado el Estado de derecho. Deduzco que hubo divisiones en la época de la zona de distensión, durante el gobierno Pastrana; en el despeje de Cartagena del Chairá, con Samper, o en la negociación, en La Habana, de Santos. Militares y policías se han dividido pero sin que esa situación haya hecho mella en su vocación civilista.
Entonces, ¿no vamos a ver una confrontación de militares vs. militares o de policías vs. policías? Ciertamente, uniformados en retiro han participado en política una vez se quitan el uniforme. Sin embargo, ahora marchan unidos y en masa, y algunos son bastante agresivos.
Pienso que va a prevalecer la condición democrática de los uniformados en ejercicio. Cada vez es mayor la brecha de pensamiento entre quienes siguen en funciones —puesto que han asistido a cambios significativos— y quienes se retiraron con una carrera basada en la lucha contraguerrillera.
En su opinión, ¿el activismo militarista está siendo instrumentalizado por los civiles de los partidos de oposición?
Los retirados han insistido en que ningún partido los representa formalmente y que sus expresiones y preocupaciones son genuinas. No obstante, hay un ambiente inédito: no recuerdo que hubiese un partido, en este caso el Centro Democrático, que se reivindicara como profuerza pública. Las colectividades políticas siempre respetaron el carácter no deliberativo de los militares y policías. Pero, ahora, el uribismo trata de sacar provecho de la actual situación pues entiende que, sumados los retirados y sus familias, amplía su base de manera considerable, y puede aumentar su caudal electoral en momentos críticos para su legitimidad; es decir, cuando están saliendo a flote los excesos autoritarios de los ocho años de la seguridad democrática.
Entonces, ¿se trata de una estrategia electoral o de una intención de crear un partido militarista que podría costarle caro a la democracia en el futuro?
Las dos posibilidades pueden ser ciertas. De un lado, está el desespero del Centro Democrático por relegitimarse, habida cuenta de los escándalos surgidos, por ejemplo, de las revelaciones en la JEP, como acabo de decir; y del otro, parece haber marcado interés en destacar que ese es el partido de la fuerza pública, lo cual sí podría ser tener un riesgo para la democracia colombiana.
Hace varios años, militares en retiro han intentado hacerse a cargos de elección popular, como usted lo recuerda, pero han fracasado. Para las votaciones de octubre próximo, se encuentran, otra vez, varios candidatos exuniformados. ¿La circunstancia de que el Gobierno esté en cabeza de un líder de izquierda y que haya, al tiempo, una oposición con alta exposición pública incidirá en un mayor número de votos para los aspirantes reservistas?
Sin duda. Uno de los temas que más inquieta a la gente es el de seguridad. En varios lugares de América Latina se sigue pensando que la mejor solución para la creciente inseguridad es la “mano dura” que, en determinadas coyunturas electorales, está representada por los militares retirados. Esta situación cobra más fuerza frente a un gobierno que apuesta por el tránsito de una seguridad policiva y contrainsurgente hacia una humana, al tiempo que preconiza la justicia restaurativa. A los candidatos militares reservistas podría favorecerlos el culto al “punitivismo”, que está en boga en el continente. Recuerde las expresiones de admiración que despierta Nayib Bukele pese a las comprobadas violaciones a derechos humanos de su gobierno.
Aunque ha jugado con las reglas de la democracia durante 30 años, ¿el pasado del presidente Petro (exmiembro de guerrilla) es un factor que un militar que tuvo que combatir a los grupos alzados en armas no puede superar?
No creo. Los militares han entendido la necesidad de negociar con los grupos guerrilleros como actores políticos que pueden llegar a la vida pública. Desde el período presidencial de Belisario Betancur (1982-1986), los gobiernos colombianos les han otorgado estatus político y los militares han sido testigos del ascenso de exguerrilleros que fueron sus enemigos del pasado. Por eso puede afirmarse que nuestros militares tienen capacidad de adaptación comprobada desde los años 80. Todos los procesos de paz han allanado el camino para que la llegada al poder de una figura como Petro no fuese tan traumática para militares y policías. Ha sido más dura para sectores políticos de derecha.
¿Significa que los políticos civiles han resultado menos demócratas que los uniformados?
Así es. Al revisar las grandes amenazas a la democracia colombiana, en los últimos tiempos, se ve que la han afectado más los civiles que los militares: estos han obedecido la cadena de mando mientras que los primeros han tenido la iniciativa. Por tanto, son responsables de haber tomado ciertas decisiones.
Entre los manifestantes reservistas más beligerantes hay varios connotados militares y policías que salieron en las barridas que se ordenaron al inicio del actual Gobierno. ¿El retiro masivo de altos mandos tanto militares como de Policía fue un error estratégico del actual ministro de Defensa y del presidente?
Estoy seguro de que fue un error estratégico del nuevo Gobierno. Tratándose del primer presidente progresista que, además, nombró a un ministro que, en el pasado, había tenido relaciones tensas con los militares, debió apostar por un cambio gradual. El nombramiento del general Sanabria como cabeza de la Policía fue, además, desafortunado y el Ejecutivo tardó en relevarlo. Hay que tener en cuenta, también, el mal ambiente que produjo el general (r) Zapateiro una vez se conoció la victoria de Petro: anunció su baja, expresamente, para no reconocerlo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en un acto de bajeza que hizo mucho daño. Hubiera sido mejor un mensaje conciliador, pero tanto Duque como Zapateiro han hecho todo lo posible por sembrar disensos.
¿Subir el estándar de las Fuerzas Militares en materia de derechos humanos y privilegiar el respeto por el otro sobre los choques cruentos o incruentos con manifestantes civiles se puede interpretar como una forma de humillar a los uniformados, como se ha percibido con las retenciones de policías y soldados que se han presentado?
De ninguna manera. En toda democracia debe prevalecer un alto estándar de respeto por los derechos humanos. No existe dilema entre las garantías y el orden público. Es más, desde cuando, a mediados de los años 90, el Estado ratificó el Convenio de Ginebra, de 1949, y el Protocolo Adicional, de 1977, ha habido esfuerzos en Colombia por avanzar en ese sentido. Por primera vez, a un Gobierno, este, le corresponde recibir tantas demandas de ciudadanos que sufrieron los excesos en el uso de la fuerza. Las violaciones cometidas durante los estallidos sociales de noviembre de 2019 y mediados de 2021 fueron insólitas. Con Duque y su ministro Molano hubo un marcado retroceso en esta materia.
Pero algunos sectores, incluyendo los reservistas, parecen añorarlos…
Es comprensible, pero los responsables son los políticos. Han sido estos quienes han estigmatizado a los manifestantes acusándolos de guerrilleros, terroristas y delincuentes. Se comprende que militares y policías hayan normalizado ese discurso. Sin embargo, hay que saber que la seguridad es compatible con la democracia porque hacia allá se dirige el mundo.
Estados Unidos ha mostrado, de manera explícita, que apoya al gobierno Petro. ¿Es una posición estratégica pero hipócrita?
Diría que hay respeto genuino más que apoyo. Estados Unidos nos necesita: no hay ningún país en América Latina tan leal, históricamente, a él. Se suma la interdependencia en la lucha contra las drogas, migraciones y medio ambiente, tema clave para Biden. Al Departamento de Estado no le importa que Petro sea de izquierda o derecha siempre y cuando mantenga un diálogo armonioso. La derecha colombiana ha impuesto la idea infundada de que debemos ser sumisos. Duque lo fue y su relación con Trump fue mala; en contraste, Santos planteó un debate entre iguales con Obama y mantuvo la relación en niveles más altos. Petro tiene un factor clave a su favor: el embajador Gilberto Murillo, que goza de interlocución fluida con los legisladores y con la administración Biden.
¿Los países vecinos y, en general, el continente latinoamericano deben preocuparse por una eventual ruptura institucional en Colombia?
Deben estar atentos. Aunque creo que la posibilidad de intentar un “golpe blando” en Colombia es baja, existe. Cuando uno ve que, sistemáticamente, se tilda a Petro de “dictador, guerrillero, mitómano”, etc., se repara en que todavía hay sectores que no han aceptado el resultado de la elección y estarían dispuestos a interrumpir el mandato. Algunos congresistas han llegado a sugerir, sin fundamento, que el presidente sea sometido a juicio político. Ese afán está ahí, pero pienso que los contrapesos, un sector importante del establecimiento y la sociedad civil jamás permitirían una ruptura de la democracia. De todos modos, la amenaza que usted menciona es real.
¿Recuerda a otro expresidente tan beligerante en contra de su sucesor como Duque contra Petro? En general, los exmandatarios han tratado de ser discretos en las críticas a sus sucesores o han demorado un tiempo en hablar.
Como antecedente, encuentro las declaraciones de Uribe contra Santos. La novedad consiste en que Petro suele caer en la tentación de polemizar, con lo cual termina amplificando las criticas destempladas de Duque. En esta coyuntura, puede agravarse el efecto de la politización de la fuerza pública por parte del Centro Democrático.
Los medios parecen estar más radicalizados en las críticas que ante gobiernos tradicionales, como el de Duque, por poner un ejemplo. ¿Los errores de la administración Petro en materia de estrategia, comunicación y unidad en objetivos son los causantes de la percepción de caos que se difunde o a los medios se les salió el godo interno que, según se dice popularmente, tienen todos los colombianos?
Las dos cosas. En primer lugar, los medios no han sabido adaptarse a un gobierno que maneja otros códigos en materia política económica, seguridad y política exterior. A su vez, el Gobierno ha abandonado el sentido pedagógico en algunas de sus propuestas.
“Muchos militares (r) han caído en la dinámica de las falsedades”
La llamada “mesada 14″ (una prima) para los uniformados en retiro fue eliminada hace cerca de 20 años durante el gobierno Uribe. Y aunque se restableció recientemente, y su reactivación fue peleada por la actual administración, los reservistas culpan a la Casa de Nariño y la insultan en las marchas ¿Cómo explica una creencia tan fuerte sobre algo inexistente?
Es el resultado de las informaciones falsas y engañosas que circulan en las plataformas digitales sin ningún control. En esas mentiras caen, incluso, algunos periodistas profesionales y políticos que no rectifican a pesar de que se den cuenta del error. En lo que respecta a la mesada 14 y su equívoca presentación, es evidente la intención de trasmitir la idea de que el cambio de la seguridad nacional (tradicional) a la seguridad humana (del actual Gobierno) va en detrimento de la calidad de vida de militares y policías. En esa estrategia de “todo vale”, los medios no han tenido la capacidad, el propósito o la voluntad de aportar los matices necesarios para la comprensión seria del problema. Muchos militares retirados han caído en esa dinámica y por eso continúan creyendo ese tipo de informaciones no ciertas.
“Youtubers” congresistas: hacen daño pero tendrán carrera corta
Se suponía que la llegada de congresistas jóvenes cambiaría la tendencia conservadora en la política. Pero han sorprendido por su extremismo verbal y sus mensajes de odio, superiores a los de los reservistas más radicales. Por ejemplo, llaman siempre “guerrillero” al presidente ¿Qué opina?
La llegada de Petro coincide con una profunda crisis de la derecha conservadora. La gestión mediocre de Duque y el derrumbe de los mitos de la “seguridad democrática”, crearon un gran vacío que desean ocupar los políticos jóvenes. Ellos son el reflejo de cómo la incorrección política (hablando contra los derechos LGBTI, los afros, la regulación de la marihuana, etc.), tiene réditos políticos. A punta de posiciones polémicas, logran visibilizarse. Actúan por cuenta propia pero en tal grado de radicalismo que el establecimiento difícilmente los tomará en serio.
Pero le hacen mucho daño a la discusión pública.
Sí, sobre todo en las redes. Pese a eso, no creo que logren llegar a altos cargos sin la venia del establecimiento económico y político. Desde esa perspectiva, les auguro una carrera corta y sin trascendencia.
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