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¿Hay algo irregular en el contrato con Thomas por el que la Presidencia lo denunció penalmente?
Claro que no. Y no me crean a mí, créanle a la Procuraduría. La Procuraduría estuvo acompañando el proceso. Participó de las pruebas técnicas que se llevaron a cabo por parte del equipo técnico que construyó toda la arquitectura del proceso. Al final del ejercicio, la Procuraduría concluyó que no hay lugar a circunstancias de las que puedan presentarse observaciones, no hay lugar a señalar que pueda haber ilegalidad dentro del proceso que se llevó a cabo. Como lo dice la Constitución, son los órganos de control los que determinan si una actuación de un servidor público es legal o ilegal, no son los funcionarios del Gobierno los que tienen la capacidad de sentenciar qué les parece acorde a derecho y qué no.
¿Por qué ha generado tanto ruido en la administración del presidente Gustavo Petro ese contrato con Thomas?
Este proceso no lo construí yo, sino más de 20 funcionarios y el equipo directivo que llevaron a cabo toda la arquitectura jurídica para ese procedimiento. Se trata de gente con experiencia de años, que ha llevado a cabo procesos de esta naturaleza hace mucho tiempo. Además, tuvo tres características principales. Fue una convocatoria pública, primer elemento. Segundo, fue una convocatoria en la que se permitió la participación de proveedores internacionales, lo que no se había hecho nunca en Colombia. Y, en tercer lugar, se presentaron los requisitos mínimos para que pudieran presentarse otras empresas. Ahora bien, que se presente una, dos o diez, eso escapa a las decisiones de la Registraduría.
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¿Qué cree que motiva las denuncias que interpuso en su contra el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga?
Al funcionario, con mucho respeto, todo el equipo técnico que estudió sus preocupaciones le respondió en un escrito extenso aclarando una a una esas preocupaciones. Luego, en adelante lo que queda es simplemente responderles a los órganos de control, porque en última instancia es a ellos a quienes debe una entidad como la nuestra responderles. No olvidemos que la Registraduría es un órgano constitucionalmente autónomo e independiente y, en ese sentido, nuestro deber es acudir a los llamados de los órganos de control cuando tengan dudas frente a las actuaciones de nuestros funcionarios.
¿Este es el inicio de una batalla política y jurídica que puede impactar en las elecciones de 2026?
Espero que no. La Registraduría y los miles de funcionarios que trabajan en la Registraduría, y muchos de ellos llevan décadas aquí, estamos concentrados en trabajar para las elecciones de 2026. La Registraduría está concentrada en construir todo lo que les dé certeza a los colombianos de que las elecciones serán transparentes e íntegras, y en eso trabajamos todos los días. Nosotros no nos vamos a desenfocar en situaciones de esa naturaleza, sino que, por el contrario, vamos a ir mostrándoles a los colombianos todo lo que vamos a hacer adicional a lo que ya se ha hecho en el pasado para que haya tranquilidad en el proceso electoral.
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¿Buscan tender un manto de duda sobre la Registraduría?
La Registraduría lleva 40 años haciendo logística electoral; y mucho más, si se quiere. En los procesos electorales participan ciudadanos, jurados, funcionarios de la Registraduría y jueces de la República. Todos ellos son los que han dado lugar a declarar a los gobernantes de Colombia. Eso va a ocurrir en el 2026 y vamos a seguir trabajando en esa tarea, porque es el propósito y es la función constitucional que tenemos.
¿Cómo va a despejar las dudas que están lanzando sobre la Registraduría?
Desde la Registraduría estamos construyendo muchas herramientas para que el proceso electoral sea íntegro y transparente, como debe ser. Para 2026 vamos a traer la biometría facial para identificar a los ciudadanos que vayan a salir a votar; vamos a publicar todas las actas electorales, que es lo que no ocurrió en Venezuela. Y no solamente las actas que se han publicado históricamente, que son los C-14, sino las actas de claveros y las de transmisión. Vamos a tener una página web para que cualquier ciudadano pueda seguir a detalle todo el calendario electoral en cada una de sus etapas. Es decir, estamos trabajando para construir mucha más confianza de la que se tiene. Pero le agrego, y esto es muy importante, nada de lo que ha ocurrido en el pasado, o más bien del proceso electoral pasado y de la logística electoral pasada, se va a limitar.
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¿A qué se refiere?
Esa logística electoral es con la que se ha elegido a todos los gobernantes de las últimas cuatro décadas. Y ahora vamos a tener una logística electoral histórica con una serie de herramientas adicionales para generar mayor tranquilidad; por ejemplo, le vamos a entregar a ustedes los medios de comunicación acceso privilegiado, ágil y rápido a todas las actas electorales, igual que a los partidos y a los observadores internacionales. Ya venimos trabajando. Nos hemos reunido con más de 120 organizaciones electorales, con observadores electorales con los que generalmente se reúne la Registraduría dos meses antes de elecciones, y ya estamos trabajando para la observación. Tengan la absoluta seguridad que aquí lo que estamos es trabajando con mucha determinación para que este proceso salga de manera impecable.
Si bien el gobierno Petro está sembrando dudas sobre la Registraduría, la oposición advirtió también que en Colombia podría pasar lo de Venezuela…
De ninguna manera, no hay ninguna posibilidad de que en Colombia se repita lo que pasó en Venezuela, entre otras razones porque la Registraduría en Colombia es autónoma e independiente. Yo no sé qué tanto el órgano par en Venezuela lo sea. La registraduría en Colombia publica todas las actas electorales. Yo no sé qué tanto hacen eso en Venezuela. La Registraduría en Colombia no hace las elecciones única y exclusivamente con sus funcionarios, porque se apoya en jueces, que son la comisión escrutadora, y se apoya enmás de 600.000 jurados, que son los que cuentan los votos y los que diligencian las actas donde aparecen los resultados. El sistema electoral colombiano es un sistema muy bien construido, donde son tantos los actores que participan que es imposible pensar en una posibilidad de fraude.
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¿Siente que están atacando a la Registraduría?
Nuestro mensaje siempre va encaminado a que no involucren a la Registraduría en el debate político. La Registraduría es un órgano técnico de funcionarios que trabajan todos los días, no solamente en elecciones, sino en registro civil, identificando colombianos, yendo a los lugares más apartados de este país a entregarles tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía a muchos compatriotas. Hoy calculamos que más de un millón de colombianos no tienen un documento de identidad. Es decir, que en su vida han tenido una identificación. Hace unas semanas estuvimos en Guaviare y encontramos personas de 40 años que nunca habían tenido un registro, mucho menos una cédula. ¿Qué planteo? Que dejen que la Registraduría haga su trabajo, que lo hace bien.
Pero la entidad también ha protagonizado polémicas…
Yo estoy desde hace unos pocos meses y estaré tres años más, pero es una entidad que hay que cuidar. En las últimas encuestas sobre la Registraduría, es la segunda entidad en la que los colombianos más confían. Eso hay que cuidarlo, eso es un tesoro. Insisto, no para mí. Es un tesoro para la democracia y la soberanía de este país. El Estado de Derecho hay que cuidarlo mucho. Y yo invito a eso, a que a la Registraduría la dejen al lado: déjennos trabajar. Y cualquier duda que tengan, la explicamos. El año entrante vamos a tener auditorías electorales, nacionales e internacionales. Vamos a tener auditoría de los softwares, vamos a tener auditoría del proceso electoral. Toda organización política que participe en la contienda va a poder acceder a ello. Luego, herramientas de escrutinio las van a haber todas.
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La Secretaría de Transparencia de Presidencia dice que al menos 26 de los 27 contratos firmados en los últimos años han sido entregados o adjudicados a Thomas. ¿Ha faltado transparencia o equidad con la contratación?
Yo llegué hace 10 meses y por, lo menos en lo que a mí corresponde para este proceso que se acaba de adjudicar, que no es el proceso del año 2026 porque se llevará a cabo el año entrante, hicimos convocatoria pública a pesar de que la Registraría no tiene obligación; invitamos y permitimos la posibilidad de que llegaran proveedores internacionales a pesar de que en el pasado no ocurría. Quiénes se presentan para este tipo de propósitos escapa a las decisiones de la Registraduría y de su equipo técnico. Reitero: es un equipo grande el que arma todo el proceso. A nosotros nos corresponde ser abiertos en la posibilidad de que lleguen oferentes, pero no nos corresponde la obligación de que asistan uno, cuatro o cinco.
¿Son muchos los procesos similares a este que derivó en una pelea penal?
Hay varias decenas de procesos contractuales que se han adjudicado en estos dos años con un único oferente. Entonces, no entiendo por qué hoy es tan compleja la situación; y hemos hecho todo lo posible para que puedan presentarse oferentes diferentes y plurales.
¿Hacen falta firmas que tengan la capacidad para asumir este tipo de tareas?
Yo he sido observador electoral en casi toda Latinoamérica, en Europa y en África. He sido jefe de misión de diferentes procesos electorales en Latinoamérica. Vengo de ser el presidente de la misión de observación internacional de las pasadas elecciones de México, país de más de 150 millones de habitantes. Y sí debo contar, y no porque lo digo yo, porque cualquier persona que conozca el mundo electoral lo puede certificar, que no hay en el planeta un número muy alto de proveedores que presten ese tipo de servicios. Es muy técnico, es muy preciso; y a algunos no se animan por el riesgo que genera. No es tan fácil conseguir proveedores y no hay tantos.
El presidente Petro, por el caso específico de Thomas en la Registraduría y la Cancillería, califica como riesgo que un privado tenga los datos de identidad de los colombianos. ¿Sí hay riesgo?
La información de los colombianos no ha estado en manos de ninguna empresa privada. Hay un error en esas apreciaciones o de pronto no se conoce muy bien cómo funciona el manejo de la información en Colombia. Los datos del Archivo Nacional de Identificación y en general los datos de registro civil de los colombianos los administra la Registraduría a través de sus funcionarios. Detrás de esos datos, que hoy están, obviamente, con un soporte tecnológico muy importante, está una empresa que se llama Idemia. Esa empresa es francesa y lleva más de dos décadas al servicio de la Registraduría, no llegó la semana pasada.
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¿Qué hace esa firma?
Esa empresa hace el soporte de esa información, pero quien administra esos datos son los funcionarios de la Registraduría. Así que no es ni la empresa que presta servicios electorales, sino una empresa francesa que se llama Idemia y que lleva más de 20 años en esa tarea. Pensar que los datos de los colombianos están administrados por particulares es un error, que con gusto yo puedo explicar con detalle. Insisto, llevo pocos meses, luego lo que les estoy contando es la historia de la Registraduría, no la historia de mi función en la entidad. Y esos datos se administran por funcionarios públicos en una condición que, y es muy importante decirlo, con un gobierno de datos con una auditoría de información y con unos protocolos internacionales de respeto por esa información.
El ahora presidente Petro ha sido elegido representante, senador, alcalde y jefe de Estado con este sistema democrático, pero ahora dice que hay riesgos democráticos. ¿Los hay?
No hay riesgos democráticos en Colombia y no tiene por qué haberlos, porque esta Registraduría, con estos mismos funcionarios, es la que trabajando en equipo con jueces y con ciudadanos que son jurados ha dado lugar a declarar a los gobernantes desde hace cuatro décadas. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad puede existir un riesgo electoral si se están adoptando las mismas decisiones y si se está acudiendo a las mismas herramientas? Al contrario, se está buscando todo el apoyo internacional de observadores que vengan a hacer el seguimiento del proceso. A los colombianos hay que darles es tranquilidad de que el proceso se va a hacer de la manera más íntegra y creo que, al contrario, las entidades del Estado tenemos que trabajar para construir y proteger la democracia. Una cosa es jugar con otras circunstancias en el país, pero con la democracia nosotros debemos ser muy cautelosos y prudentes.
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¿Todos estos señalamientos podrían esconder alguna intención de interferir en las elecciones del 2026?
No dejan de ser difíciles las circunstancias que han rodeado a la Registraduría este año, no lo puedo negar. Sin embargo, nosotros todos los días estamos con los equipos implementando y planeando el proceso electoral futuro. Ya hay un conocimiento acumulado de años, hay unos delegados, unos registradores que muchos de ellos están en edades muy superiores y han hecho elecciones por décadas. A mí no me inquieta la capacidad técnica de la Registraduría; está probada y ha sido probada históricamente. Lo que sí me da un poco de preocupación y de tristeza es que terminen involucrando a la Registraduría en el debate electoral.
¿Buscan afectar a la Registraduría?
Pues creo que eso no solamente no es justo, sino que es jugar con circunstancias que pueden ser negativas para el país. Eso es lo que a mí me da más que cualquier otra cosa tristeza.
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¿En qué va todo el proceso de contratación para las elecciones de 2026?
Para las elecciones del 2026 aún no se ha iniciado. Estamos haciendo todo el proceso de planeación, de mirar las necesidades, de verificar, por ejemplo, hasta cuándo vamos a llegar en biometría facial, de ver el número claro de mesas que se van a tener. Estamos reformulando lo que se conoce como la Divipole, que es la división de política electoral; es decir, el sitio donde están ubicados todos y cada uno de los puestos de votación.
¿Cuándo se desarrollará, entonces, el proceso de contratación?
Cuando el Ministerio de Hacienda le habilite a la Registraduría los recursos para llevarlo a cabo. En el presupuesto general se van a aprobar los recursos de la Registraduría, pero históricamente, muy a pesar de que los recursos están en el presupuesto, la Registraduría debe solicitar esa apropiación al Ministerio de Hacienda por una figura que se llama previo concepto, y el Ministerio los arbitra a la Registraduría. En la medida en que el Ministerio rápidamente arbitre esos recursos, nosotros podremos hacer un proceso holgado con el suficiente tiempo y con pluralidad de oferentes.
¿Siente algún riesgo en torno a la independencia de la Registraduría?
La condición de la Registraduría como órgano autónomo e independiente está otorgada por la Constitución. En un Estado democrático como el nuestro, en un Estado de Derecho como el nuestro, los principios, deberes y atribuciones constitucionales se tienen que respetar. A mí no me inquieta eso, porque primero están los derechos y las funciones constitucionales, que están claramente definidas y determinadas. La Registraduría es un órgano autónomo como lo son la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Somos un órgano neutro. Y se requiere un poder que está al servicio de los colombianos, de nadie más.
Pero, registrador, ¿siente el riesgo?
No hay, por lo menos de mi parte, preocupación en el sentido de que la Registraduría pierda esas competencias salvo que el Congreso aprobara una modificación constitucional. Mientras eso no ocurra, y estoy seguro que no va a ocurrir, tengo plena tranquilidad de los deberes y las funciones de la Registraduría.
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¿Hay tranquilidad para las elecciones de 2026?
Hay toda la tranquilidad para las elecciones de 2026. De nuestra parte están todas las garantías para unas elecciones íntegras. Pero sí invito a las demás entidades del Estado a que nos apoyen en su tarea. Y al Gobierno también, para trabajar fuertemente en los temas de seguridad, de garantía de voto libre, y a los órganos de control para cuidar los recursos públicos para evitar que servidores públicos hagan política y para que entre todos les demos confianza a los colombianos en el proceso electoral futuro.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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