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¿Cómo está la Registraduría que le entregó Alexánder Vega?
La Registraduría es un órgano grande, potente. De pronto es la entidad que más presencia tiene en todo el territorio nacional. Es una entidad que se ha venido construyendo por años. Se debe buscar la manera de ganar la confianza de los colombianos. El propósito principal es que los colombianos tengan absoluta confianza en la Registraduría, tanto en los datos que entrega desde el registro civil y la identificación hasta —y es muy importante— en los procesos electorales.
La Registraduría es una de las entidades que no tiene buena percepción en los sondeos de opinión. ¿Cuáles son las acciones concretas para cambiar eso?
Dar mucha más publicidad a toda la información de la Registraduría. La Registraduría tiene que ser abierta a todos los ciudadanos, no solamente a los partidos políticos y a los candidatos, sino a todos. Hay que trabajar para dar transparencia y publicidad a toda la información. También, tener auditorías informáticas y electorales muy potentes, robustas, que les den insumos a las organizaciones políticas tranquilidad con los resultados. Y robustecer y fortalecer las misiones electorales internacionales. Es decir, que lleguen las misiones, que ya lo están haciendo, porque son grandes e importantes. Cuando llegan misiones electorales internacionales, ven de una manera mucho más objetiva el proceso, pero también es una forma de legitimar democráticamente al país por fuera del territorio nacional.
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¿La Registraduría tendrá “software” propio, como lo han pedido, entre otros, el presidente Gustavo Petro?
No es muy sencillo. La tercerización de los procesos electorales no es exclusiva de Colombia. En el mundo, en cualquier país de Latinoamérica, tercerizan los procesos electorales. Solo que en unos países se hace en un porcentaje mucho más alto que en otros. Pero sí creo, sin duda, que la Registraduría debe tener unas estructuras de desarrollo de softwares propios; hay que construirla. Vamos a trabajar en reformar la estructura orgánica de la Registraduría para crear unas dependencias que se encarguen de hacer desarrollo de softwares. Eso es para ir llegando al momento en el que se pueda tener, por ejemplo, un software propio. Aunque no es un tema de pocos años, no se puede realizar de un día para otro; es un tema muy delicado en el que no se puede fallar. Además, hay un tema de ciberseguridad muy violento. A la Registraduría la atacan permanentemente.
El presidente Petro ha sido de los más críticos con el tema del “software” e, incluso, se ha quejado de la falta de una auditoría. ¿Qué le respondería?
Yo no tengo ninguna duda de que la Registraduría realiza unos procesos muy juiciosos en términos informáticos y de resultados. Pongo un ejemplo: todos los documentos E-14, es decir, aquellos que los jurados diligencian de manera manual con los resultados, son digitalizados. Todos los ciudadanos, no solamente las organizaciones políticas, cuando se está en el proceso de preconteo pueden acceder a esos E-14 diligenciados; con eso se puede determinar si los resultados que se están anunciando son reales o no. De hecho, la gran mayoría de advertencias o circunstancias que encuentran los partidos políticos cuando reclaman un número, por ejemplo, de votos, surgen precisamente por la información que la Registraduría les proporciona, no por información propia. De pronto en el preconteo podría haber errores de transmisión, pero son los mismos documentos de la Registraduría los que le proporcionan a las organizaciones políticas elementos para ir al escrutinio a debatir los resultados.
Pero, registrador, ¿permitiría la auditoría?
Tanto el software como todas las demás herramientas tecnológicas con las que se lleva a cabo el preconteo y el escrutinio tienen una trazabilidad importante. Lo que hay que hacer es lograr que sea mucho más visible a las organizaciones políticas y, en general, a la sociedad. Es decir, que entiendan el proceso de trazabilidad para que queden absolutamente tranquilos de que no hay posibilidades de fraudes, de que no hay problemas informáticos; y en esa tarea vamos a trabajar. Para eso son las auditorías informáticas en las que vamos a avanzar en las próximas elecciones generales de Congreso y Presidencia. Buscamos que sean empresas muy técnicas con una gran capacidad las que les den la tranquilidad a las organizaciones políticas respecto del código fuente y de toda la trazabilidad informática.
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¿Eso es un sí?
Se les puede decir a todos los colombianos que en el proceso electoral que avance, en especial en el más grande, que es el de Presidencia y de Congreso, vamos a tener auditorías con empresas muy robustas y potentes.
¿Colombia está blindada contra el fraude electoral?
Sí, Colombia está blindada contra el fraude electoral. Lo que no está es blindada contra los delitos electorales. Lo que pasa es que todo lo que ocurre en términos de corrupción alrededor del proceso electoral se lo atribuyen a la Registraduría; y no es así. Por ejemplo, la Registraduría tiene una competencia que es organizar las elecciones, pero los jurados de votación no son funcionarios de esta entidad, son colombianos elegidos al azar que hay que capacitar, obviamente, para que lleven el proceso. Ahí la Registraduría tiene una competencia, pero no son funcionarios nuestros. Las comisiones escrutadoras tampoco están conformadas por funcionarios de la Registraduría, son jueces y notarios elegidos por tribunales y son quienes declaran a los electos; ahí tampoco participan personas de esta entidad.
Pero los delitos electorales sí se cometen…
La compra de votos, la corrupción al sufragante, la trashumancia electoral, que son delitos electorales, también escapan a la Registraduría. La Registraduría solo se ocupa de organizar las elecciones. Esos delitos deben ser perseguidos, sancionados y condenados por las autoridades correspondientes. La Registraduría no es policía judicial. Eso le corresponde a la Fiscalía y, si se trata de servidores públicos, a la Procuraduría y de alguna manera a la fuerza pública. Entonces, a veces pasa que no se conocen las diferentes competencias que tiene cada entidad. En esto prácticamente es todo el Estado el que participa. El Consejo Nacional Electoral es el que revisa las cuentas de campaña, por lo que a la Registraduría no le corresponde y no tiene competencia respecto a la financiación irregular o de la superación de topes de campaña.
La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que en las elecciones de 2022 y 2023 hubo contratos de alrededor de US$900 millones. ¿Esos recursos están blindados?
Lo que vamos a hacer es abrir y ampliar, si se quiere la palabra, la posibilidad de que participen muchos proveedores y empresas, o varios proveedores y empresas. Eso sí, y hay que decirlo con claridad, tienen que ser las mejores de Colombia y del mundo. Nosotros no podemos improvisar con quienes se contraten para la organización logística del proceso electoral en el futuro. Si en el día electoral se falla, si ese día la empresa logística no funciona, se desata un caos democrático y eso es grave.
La MOE también advirtió que, desde el cargo de registrador nacional, que usted ocupa, se pueden nombrar de forma directa alrededor de 1.000 cargos de alto salario. ¿Son necesarios?
La Registraduría tiene que avanzar en generar confianza y construirse como una entidad eficiente y técnica. Y a ese propósito vamos a incorporar reglamentos de gerencia corporativa, vamos a traer elementos del sector privado que son muy importantes para el desarrollo de los procesos y los procedimientos de la Registraduría. También vamos a evaluar un tema en el que la Registraduría tiene cierta mora y es en la convocatoria a concursos de cargos de carrera administrativa.
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Eso no responde la pregunta…
La Registraduría tiene picos. Una cosa son los funcionarios que necesita la Registraduría en un año electoral, que son muchos, miles, y otra en épocas en las que no hay procesos electorales. Por ejemplo, hoy en la Registraduría hay cerca de 8.000 supernumerarios que se contrataron y se vincularon para la época electoral; estos funcionarios estarán uno o dos meses más y ya, porque no los requerimos ahora. Además, hay una circunstancia que viene del pasado, casi que de la época del Frente Nacional, y es que en Colombia hay dos delegados departamentales, dos registradores especiales, y esa estructura se ha venido manteniendo. Entonces, vamos a hacer ajustes. La Registraduría no superaba o no aumentaba su planta de personal desde hace poco más de una década, pero el número de habitantes sí aumenta en Colombia, lo que por simple lógica nos da a entender que la Registraduría debería tener una estructura potente. Sin embargo, hace unos cuantos meses se crearon unos cargos, esa tarea la hizo el anterior registrador, y eso va a ayudar.
Y en cuanto a su cargo, que se dice es muy poderoso, ¿lo va a revisar?
Realmente, no creo que sean 1.000 cargos los que pueda designar el registrador. Yo aquí simplemente, de manera muy general, pienso en el equipo directivo, que son algo así como 17, y los delegados que son otros tantos. Entonces, la cifra de cargos de libre nombramiento y remoción no alcanza a ese número. Supongo que la MOE se refiere es a esos cargos que se crean para época electoral. Pero en una temporada como la de ahora, yo le puedo asegurar que ese número de cargos no supera yo creo que los 100. Pero vamos a evaluar qué funcionarios se tienen, cuántos se necesitan, dónde hay que reforzar y dónde hay una sobreocupación de funcionarios, para poder hacer un ajuste.
¿Colombia está lista para el voto electrónico?
De parte de esta Registraduría y de este registrador, no voy a forzar el voto electrónico en Colombia. Y no lo voy a forzar porque es una decisión que requiere un amplio consenso nacional. El voto electrónico existe en Colombia, por lo menos jurídicamente. En el Código Electoral que está en trámite en la Corte Constitucional se habla de él. No es un tema nuevo. Pero, si se cambia la modalidad de voto en el país, tiene que ser fruto de un gran consenso nacional entre las organizaciones políticas en el Congreso, y también a un gran consenso casi que desde la opinión y la sociedad. Pero el cambio de modalidad de voto en Colombia no resuelve los problemas de corrupción electoral. Por implementar en Colombia un voto electrónico no se resuelve la compra de votos, la trashumancia, la financiación irregular, la superación de topes de campaña ni la corrupción al sufragante.
Lo que usted plantea es casi una consulta popular, un referendo, que debería organizar su entidad…
Pues por lo menos que uno observe que las fuerzas del Congreso están alineadas en eso, que la opinión e incluso los medios conozcan y evalúen ese tema para que la decisión sea provechosa para el país.
¿El Consejo Nacional Electoral se debe reformar?
No debo opinar al respecto. Yo estoy en la Registraduría y mis tareas son organizar las elecciones, observar el registro civil y llevarlo con mucho juicio. Y no me corresponde, en este momento, opinar al respecto. Creo que tendrá que ser el Congreso el que, con mucho juicio, evalúe cómo funciona el Consejo Electoral y si se debe o no decidir en relación con el origen de sus magistrados y si eso debe ser parte de un cambio en todo el sistema electoral.
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¿Cómo ve el trabajo con la Casa de Nariño y el presidente Petro?
Tuvimos un diálogo muy corto, institucional, y nada diferente a eso. Además, la Constitución dice que debe haber colaboración armónica entre todas las entidades públicas. Las ramas del poder público son independientes. La Registraduría es independiente y autónoma. Estamos listos para ese trabajo de colaboración armónica entre todos los organismos del Estado.
¿Es un llamado a que se les respete la autonomía?
Es un llamado a que cada quien haga sus tareas. La Registraduría es independiente y autónoma y así tiene que mantenerse por el bien de la democracia, por el bien de la sociedad y el trabajo en equipo, tanto con el Gobierno como con las otras ramas del poder público.
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