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Este miércoles Human Rigth Watch expresó su preocupación por la implementación y entrada en vigencia de la Ley de Víctimas que fue sancionada la semana pasada por el presidente Juan Manuel Santos.
Según el director de esa ONG internacional, José Miguel Vivanco, la preocupación radica en la implementación y entrada en vigencia de esa importante iniciativa.
Para HRW las bandas criminales (bacrim) son el principal riesgo para la Ley pues operan en las mismas regiones de los paramilitares y sus líderes también estaban asociados a los paramilitares.
Vivanco consideró necesario que el Gobierno tome medidas para incrementar la seguridad de las personas en situación de riesgo, que a su vez, son líderes dentro del proceso reparación y restitución de tierras.
“Es necesario que existan condiciones para la aplicación de la Ley de Víctimas…se requieren medidas más eficaces que den garantías”, señaló al terminar su encuentro con el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
La respuesta del Gobierno
El jefe de la cartera política recordó que la ley prevé un capítulo especial para focalizar la protección a aquellas personas que serán objeto de la restitución de tierras.
“Lo tenemos muy claro y ahí se va a priorizar la atención en materia de protección a las víctimas”, aseguró.
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