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Pese a que el referendo que buscaba castigar con la pena de cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños en Colombia recibió el concepto favorable del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y una ponencia positiva por parte de la magistrada María Victoria Calle, quien a principios de este mes consideró que jurídicamente era viable la iniciativa aprobada por el Congreso en junio de 2009, el martes en la noche la Corte Constitucional la tumbó por vicios de forma.
Así, el tribunal frenó la modificación del artículo 34 de la Constitución Política, que prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación de bienes.
Seis de los ocho magistrados que participaron en la sala plena votaron en contra del referendo, mientras la ponente María Victoria Calle y el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, se apartaron de la decisión mayoritaria y presentaron sendos salvamentos de voto para sustentar su decisión. En la sesión no participó el magistrado Nilson Pinilla.
En su trascendental fallo el máximo organismo de la justicia constitucional argumentó que los promotores del referendo no anexaron dentro de los términos de ley la certificación de la Registraduría sobre los topes financieros de la iniciativa popular, a lo que se sumó un cambio sustancial en la pregunta contenida en el acto legislativo, introducido en el primer debate surtido en la Comisión Primera del Senado, el 23 de abril de 2009. Para la Corte, esas inconsistencias viciaron el trámite de la propuesta en el Legislativo.
Al conocer la noticia, la senadora electa Gilma Jiménez, una de los promotores del referendo, dijo que el 20 de julio radicará en el Congreso un nuevo acto legislativo “para que podamos imponer prisión perpetua contra abusadores de los niños. Se perdió una batalla, no la guerra”.
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