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Con el fin de que se establezcan controles que eviten cualquier tipo de abuso de la figura de contratación directa por parte de iglesias reconocidas por el Gobierno, durante este fin de semana se hizo un llamado para que se revise a fondo la conveniencia del acuerdo que la administración del presidente Gustavo Petro tiene con varias de estas organizaciones religiosas y que permite –en plata blanca– dar ese paso.
“La libertad de cultos es pilar fundamental que defendemos. Y además el profundo respeto por la religión que cada cual profese. En Colombia en su relación con el Estado las iglesias no pagan impuestos y esa exención se mantuvo en la reforma tributaria. Pero esta nueva medida es otra cosa”, advirtió el embajador colombiano ante Reino Unido, el exsenador Roy Barreras.
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Su pronunciamiento lo hizo luego de que El Espectador revelara en su edición dominical que el Gobierno espera en los próximos meses firmar un convenio con al menos 800 de las 11.000 iglesias registradas en Colombia para que estas puedan contratar libremente con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables.
En ese contexto, según lo dicho por este diario, ya ocho iglesias católicas y cristianas lo hicieron en junio de 2023, entre esas la Ministerial, que tiene partido político propio (MIRA) y fuerza en el Congreso con cuatro curules.
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“Con esta forma de contratación hay que tener cuidado por el riesgo de que ‘iglesias’ de garaje abusen de la contratación directa ‘para asistencia social’, que es todo lo que se les ocurra y se abra por allí un boquete de corrupción. La contratación directa debe ser excepcional”, enfatizó Barreras.
Este paso con las iglesias se da en momentos en que la Casa de Nariño busco reorganizar sus mayorías en el Congreso, disminuidas tras las polémicas que se han formado en torno las reformas que quiere impulsar y ante los ruidos desatados por la propuesta de una constituyente.
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