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Aunque no existe aún un documento ni un borrador que mencione la medida, varios sectores empezaron a moverse para respaldar o frenar la intención que tiene el ministro de Hacienda, Diego Guevara, de incluir en la próxima reforma tributaria un artículo que autorizaría los impuestos a las iglesias. Y si bien el presidente Gustavo Petro prometió durante campaña no tomar este camino, el complejo panorama fiscal que atraviesa el país lo estaría haciendo dudar.
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Los $12 billones que tiene que reunir el ministro Guevara para solventar el hueco fiscal del Presupuesto General lo han obligado a sentarse con su equipo para buscar maneras que le permitan al país mejorar el recaudo, recortar y congelar gastos y hallar nuevas posibilidades de tributación.
En medio de esta planeación fueron mencionadas las iglesias, que según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) acumulan en patrimonio líquido $19 billones, una fortuna que han conseguido con la donación de sus creyentes, los millonarios negocios que tienen por fuera de la fe, e incluso a través de contrataciones con el Estado.
En varias entregas, El Espectador no solo ha mostrado la relación existente entre religión y política electoral y el cómo este sector ha influido en la agenda del Congreso y el nombramiento de funcionarios, sino también, reveló que hubo presuntas irregularidades en la entrega de una parte de las 1.660 personerías que este gobierno les ha otorgado a confesiones religiosas.
En contexto: Dudas en parte de 1.660 personerías dadas a iglesias agitaron la pelea en el poder religioso.
Y es que con el anuncio que hizo Guevara se agitó nuevamente el poder religioso, que argumenta que el aporte que le hace al Estado es muy significativo como para que se le ponga impuestos que podrían frenar su ayuda a los grupos sociales más vulnerables. Algunos líderes sostienen que, incluso, le ayudan a ahorrar al Ejecutivo con sus obras.
“Las iglesias y las entidades religiosas no son empresas y mucho menos sus actividades económicas son de tipo lucrativo. Además, las entidades religiosas y las iglesias lo que hacen es financiar obras sociales, educativas y humanitarias de espacio y situaciones en las cuales el Estado ni siquiera ha sido capaz de garantizar a la población colombiana”, mencionó la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres.
Precisamente, este partido tiene representación en el Ministerio del Interior, donde tiene al menos a dos personas en cargos directivos: Cristian Buitrago en la Secretaría General y Alexander Jaimes Medina en la Dirección de Asuntos Religiosos.
Ambos llegaron por decisión de Juan Fernando Cristo, a quien el Gobierno le aceptó su renuncia irrevocable este lunes, pese a haber indicado que permanecería por al menos dos semanas más en la cartera. Buitrago es cercano a Cristo, participó en las elecciones de 2018 con el aval de Colombia Justa Libres y viene de una de las iglesias más poderosas del país, la Centro Cristiano de Cúcuta que es dirigida por el pastor José Satirio Dos Santos.
Y Jaimes trabajó en la UTL del exsenador John Milton Rodríguez, uno de los cofundadores del partido cristiano y pastor de una súper iglesia en Cali, Misión Paz a las Naciones. Las dos entidades religiosas han tenido millonarias contrataciones con el Estado.
En todo caso, este partido, que tiene una curul en el Congreso y que con la salida de Cristo podría perder su representación en el Mininterior, asegura que no hay ningún tipo de relación con el Gobierno. Además, el pastor y excandidato presidencial Rodríguez, como se lo ha dicho en varias oportunidades a este diario, defiende el aporte social de las iglesias y por ende, el estar exentas de la tributación.
La discusión se daría igualmente en el Congreso, donde hay un precedente, pues en 2022, con 58 votos contra 28, se eliminó el artículo que buscaba ponerles impuestos a todas las actividades comerciales de las iglesias que no estuvieran relacionadas con la fe. Este diario ha expuesto que varias entidades cuentan con librerías, productoras, cafés, parqueaderos y otros negocios.
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El artículo, que se hundió en la plenaria del Senado, fue presentado por la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien ya está preparándose junto con su equipo para defender una vez más la necesidad de gravar las actividades de las iglesias. De hecho, alista una presentación que evidencia los ingresos de las entidades religiosas y cómo parte de estos provienen de actividades comerciales.
La legisladora, quien reclama que hay una desigualdad entre los negocios de las iglesias frente a los de los demás empresarios, sentiría cierta molestia porque para 2022 miembros del mismo Pacto Histórico le dieron la espalda y ahora estarían reconsiderando su voto, únicamente por la situación fiscal del país.
Una de esas personas es la senadora Clara López, quien reconoció que si bien votó para eliminar el artículo, actualmente está dispuesta a cambiar su postura: “Cuando fui coordinadora ponente de la Tributaria acordamos que los impuestos a las iglesias no eran convenientes para lograr la aprobación general de la reforma. Hoy la situación fiscal del país nos lleva a reabrir la discusión”.
Las votaciones de algunos miembros del oficialismo para 2022 llamaron la atención, pues incluso el partido cristiano MIRA, que tiene cuatro curules en el Congreso, votó a favor de los impuestos a las actividades comerciales de las iglesias.
Su presidente, el senador Manuel Virgüez, señaló que aunque aún es temprano para tomar una postura, pues no se conoce el texto de la tributaria, se inclinaría nuevamente a votar para la imposición de impuestos, únicamente a los negocios que tengan las confesiones.
Sin embargo, sí criticó que el Ejecutivo esté buscando solventar los $12 billones a través de impuestos y no con un plan de austeridad: “Como partido siempre hemos votado negativo a las reformas tributarias. Independientemente al sector, sean iglesias, empresas, el gobierno de turno debe hacer un programa de transparencia y austeridad”.
Fuentes cercanas al Ministerio del Interior contaron que antes de su salida, Cristo se reunió con varios miembros de la bancada cristiana para dialogar sobre las reformas pendientes por tramitarse, en un intento de contar con sus votos. Sin embargo, la intención del ministro de Hacienda podría dificultar el camino de estos proyectos, que quedaron en manos de Gustavo García, ministro (e) del Interior.
Eso sí, Virgüez desconoce esa tal reunión y desde el equipo de la senadora Ríos cuentan que si bien sí se vio con Cristo fue exclusivamente para hablar de la crisis en el Catatumbo.
Igualmente, las iglesias tienen cierta tranquilidad, pues para imponerles impuestos como el de renta se necesitaría una reforma constitucional, un camino que por el desgaste que tiene el Gobierno se ve lejano. No obstante, gravar sus actividades comerciales sí es una posibilidad más próxima, aunque tampoco fácil, pues el año pasado el Legislativo le dijo no a la Casa de Nariño con su Presupuesto y la ley de financiamiento.
Oficialismo, poder religioso y otros sectores reconocen que todo podría cambiar con el reajuste del gabinete, pues si el presidente abre su círculo dándole representación a otros partidos podría alcanzar más votos para su propuesta de ponerle impuestos a las entidades religiosas a través de su reforma tributaria.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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