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Atravesar la maraña tropical del Tapón del Darién es la parte más peligrosa del viaje desde Suramérica hasta Estados Unidos. En el camino están expuestos a mordeduras de serpiente y a andar por caminos resbaladizos a borde de precipicio o ríos salvajes. En ese paso obligado para los migrantes que viajan desde el Urabá antioqueño para llegar hasta Panamá, la presencia de grupos armados y bandas criminales han copado un territorio que ha sido ruta de narcotráfico desde Colombia a Centroamérica.
En enero de este año, Médicos sin Fronteras reportó el paso de varios afganos que llegaron hasta Colombia huyendo de la guerra de Medio Oriente. 3.219 afganos, para ser exactos, según Migración, salieron de ciudades como Kabul después de años de lucha con los talibanes. Como Mustafá, un hombre de 27 años que pasó la selva con su esposa, su padre, su hermano y dos hijos, entre ellos una bebé de dos meses. “Cruzó la selva con una prótesis”, dice un documento, que a su vez relata que Colombia se convirtió en una de las rutas más recomendadas por los afganos y pakistaníes para llegar a Norteamérica.
Alguna de las rutas para, prácticamente, atravesar el mundo desde Afganistán es salir por Irán y pedir visa humanitaria a algún país suramericano como Brasil. Y, desde ahí, viajar por el Río Blanco hasta Perú, en un tránsito que toma más de 15 días por agua, incomunicados y con las pocas reservas de comida que lleven para el camino.
“Desde ahí fuimos ascendiendo hacia Colombia por 15 días, cinco de ellos en la montaña y a la intemperie”, le contó Mustafá a Médicos sin Fronteras. Durante un mes, sin parar, caminó con su prótesis atravesando tres países para llegar al Tapón del Darién. “De allí nos tomó cinco días cruzar la selva”, contó.
En el camino no son pocos los actores armados o bandas que busquen sacar provecho a través de extorsiones, robos, homicidios o violaciones. Algunos se camuflan en “vendedores de paquetes” que ofrecen, casi asegurado, el paso hasta Panamá a cambio de pagar unos $250 o $300 dólares. Algunos más osados se atreven a vender el paso hasta Costa Rica, que según informes toma unos cinco o seis días más.
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Y aunque del lado colombiano es claro que el actor armado que tiene control es el Clan del Golfo, “nadie tiene las manos limpias”, como le dijo un trabajador a la organización Crisis Group refiriéndose a los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometen de ambos países. “En el Darién, los Gaitanistas (Clan del Golfo) han adquirido una influencia considerable sobre la sociedad, la política y los negocios locales, principalmente de tipo ilícito”, dice el documento, que asegura también que su poder fue heredar las rutas de narcotráfico que tuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia antes de su desmovilización.
Se dice que hacen presencia en 24 de los 32 departamentos del país y que no son menos de 9.000 integrantes. En los últimos cinco años, cuando el paso del Tapón del Darién se “popularizó” y se convirtió en una de las rutas predilectas de los migrantes, a pesar de los riesgos de la selva espesa, el Clan comenzó a controlar las rentas ilícitas —pero también de las lícitas— que genera el fenómeno migratorio.
La autoridad es el Clan del Golfo
El informe advierte que, además del narcotráfico, que siguen procesando y pasando a Panamá, han optado por cobrar extorsiones bajo el manto de que son “impuestos” a empresas en Bahía Solano, Nuquí, Capurganá, entre otras del Urabá. Por ejemplo, a las gasolineras de la zona les cobran $500 pesos por cada galón de combustible que vendan, tanto para los vehículos como para las lanchas mismas que están bajo su control y con las que pasan los migrantes. “Los propietarios tuvieron que subir el precio del galón para cubrir la tarifa”, dice el documento.
Pero también a grandes compañías, como empresas bananeras del Urabá, que “presuntamente se ven obligadas a pagar una contribución por caja vendida”. Los mismos líderes del Clan del Golfo dicen que también cobran por contratos, por minería lícita e ilícita, por ventas de supermercados y por las empresas de turismo como hoteles y proveedores de servicios. Crisis Group estima que, en promedio, el grupo armado puede ganar entre $50 y $80 dólares por migrante que cruza el Darién. “Los Gaitanistas también establecen qué ruta pueden usar los migrantes en un día determinado, un poder que utilizan para mantenerlos alejados de los cargamentos de cocaína”, se lee.
Si las cuentas fueran precisas y rastreables, la Cancillería advirtió que agosto de 2023 fue el mes con más tráfico en los últimos tres años. Durante ese mes, 2.694 migrantes atravesaron el Darién cada día; es decir, cerca de 112 cada hora si el paso fuera continuo e ininterrumpido. Lo que podría haber significado que el grupo armado percibió, cada 24 horas, unos $8.960 dólares cada hora; que equivale a unos $35,6 millones. En un día, serían más de $854 millones.
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En este 2023, según Defensoría, han cruzado 88.648 menores y, de acuerdo con la segunda, por el municipio de Turbo, Antioquia, pasan unos 5.000 cada semana, la mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Y advirtieron que los no acompañados y que llegan en condición de calle son cada vez más frecuentes. “El estar lejos de su país, cultura, familia, amigos y oportunidades aumenta el riesgo a que sus derechos sean vulnerados”, afirmó.
Aunque, con frecuencia, los migrantes que no tienen el dinero suficiente para pagar lo que cuesta el paso al otro país —o a quienes han robado todas sus pertenencias en el camino—, frecuentemente son obligados a pasar con cargamentos de droga, a cambio de no pagar los más de $200 dólares por persona. “En ciertos casos, a los migrantes que no pueden pagar el costo del cruce se les permite hacerlo si llevan cocaína escondida en sus pertenencias, incluidos pañales, en el caso de los niños”.
Lo que explica esta ONG es que, más allá del control armado en la zona, han ejercido un control estricto sobre la población, pero que han organizado el tránsito para garantizar el éxito, según ellos, del paso fronterizo. De hecho, dicen que el lado colombiano es la zona más segura para transitar porque están bajo la supervisión de un único actor armado. “El grupo garantiza el cumplimiento de sus órdenes imponiendo disciplina; mientras se apodera de una parte de las ganancias del negocio de la migración, dice que no tolera la violencia en contra los migrantes”, dice el informe.
Como en los años 90, cuando comenzó la expansión paramilitar, con frecuencia las AUC se asentaban en un territorio a organizar a la población civil, a imponer sus nombres y a hacer cumplir sus reglas. Una radiografía de esa realidad es el Bajo Cauca Antioqueño, donde el líder del grupo ilegal era —y es, todavía— percibido por la población como un mandatario que soluciona las problemáticas de las comunidades. La misma dinámica ocurre en el Darién con el Clan, que además de ser la autoridad territorial, impone castigos a quienes incumplan sus normas.
En algunos casos, las multas van desde $500.000 hasta $1 millón por infracciones por participar actos delictivos como protagonizar riñas callejeras, realizar disparos al aire o por hechos más cotidianos de la ruralidad como dejar pastar el ganado en la calle, en lugar de hacerlo en el campo. Incluso, las empresas recolectoras de basura también han llegado a ser multadas por no recoger, a tiempo, los residuos en esos municipios. “Existen reglas para ofensas como difundir chismes, las cuales se interpretan como dirigidas principalmente a las mujeres. Los Gaitanistas castigan estas supuestas infracciones, obligando a los presuntos responsables a limpiar las calles portando un cartel que dice ‘Por peliona’”.
Esas dinámicas de control territorial no son distintas a las que utilizan otros grupos ilegales en zonas como la Costa Pacífica Nariñense, que está al mando de las disidencias de las FARC que, con frecuencia, también castigan a la población con actos que denominan “de servicio”, como limpiar calles; o con actos más vergonzantes como salir desnudos a la calle después de haber comenzado una riña. Y en los casos más graves, algunas “faltas” se pagan con la vida.
Ebus, investigador de Crisis Group, no teme en decir que se trata de una gobernanza criminal que ejercen sobre el territorio, y aunque sí garantiza la seguridad, pues “la mayoría de delitos o crímenes se cometen del lado panameño”, ejercen una presión sobre los coyotes para que “no toquen a los migrantes”, como dice Ebus. Y haya una especie de seguridad criminal que no existe en Panamá. Ese flujo de migrantes, justamente, es el que les representa dinero para expandir su control territorial por otras zonas del país.
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Lo cierto es que las finanzas de las personas definen el grado de dificultad que tendrán para llegar del otro lado. Quienes tienen más recursos para costear un viaje más corto, como los asiáticos, le dijeron a esa ONG que “pudieron costearse un viaje más rápido, a través de una ruta diferente en el Darién y que incluía viaje en barco y un día a caballo”. Esa opción costó, según unos migrantes chinos, mil dólares por persona, que son casi $5 millones.
Sin embargo, como los costos para llegar de una ciudad a otra son tan elevados, con frecuencia muchas personas quedan atrapadas en Necoclí acampando en las playas mientras reúnen el dinero para pagar el paso por la selva. En este punto es donde las autoridades más han identificado la vulnerabilidad de niñas y mujeres, quienes deben recurrir a la prostitución para reunir los recursos, bien sea para atravesar a Panamá o solo para tener con qué comer. “Con frecuencia, venezolanas son explotadas sexualmente en burdeles, conocidos como chongos. Los Gaitanistas presuntamente son los propietarios de algunos de estos establecimientos, y trasladan a las mujeres de un lugar a otro”.
Lea el informe completo aquí:
Los riesgos para los más vulnerables
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alertó que han atendido al menos a 25 niños que buscaban cruzar la selva sin padres o acudientes; es decir, menores no acompañados. Y que unas 50 mujeres gestantes han transitado en etapa avanzada de embarazo. La violencia en la ruta que sufre esta población, según el documento, ocurre luego de que los guías colombianos entreguen a los migrantes con los coyotes en territorio panameño.
“A pesar de la falta generalizada de protección estatal y de estar expuestos a la explotación y el fraude en el lado colombiano del Darién, los Gaitanistas aparentemente logran mantener a raya los delitos violentos”, dice el documento, que fortalece su afirmación con una encuesta que revela que, en más de la mitad de casos de abuso documentados, los perpetradores son integrantes de comunidades locales. El delito más documentado es la violencia sexual, que va desde registros o tocamientos íntimos, hasta violaciones en grupo.
En los primeros siete meses de este año, se habían documentado 174 casos de violencia sexual que ocurrieron del lado panameño. En los primeros seis días de octubre, una ONG humanitaria registró 59 casos de abuso sexual contra mujeres y niñas. La mayoría de casos, según ellos, ocurren cerca a Bajo Chiquito, que es una población indígena. Los relatos que cuenta el informe son repulsivos. “Una mujer fue violada delante de su hijo de cuatro años, que luego presuntamente fue asesinado porque lloró demasiado fuerte mientras se producía la agresión”.
Los casos también permean a las más pequeñas. Crisis Group aseguró que en una de las visitas que hicieron para documentar este informe, conocieron el caso de tres niñas, de entre 15 y 16 años, que fueron violadas en la misma población indígena. “Las niñas pertenecían a un grupo de menores no acompañadas que realizaban la travesía y se dice que negociaron con los violadores para que otras dos niñas más jóvenes no fueran atacadas. Este tipo de historias de horror abundan”.
Lo grave es que la imposibilidad para denunciar estos casos ante la justicia colombiana y panameña es alta, sobre todo en el vecino país, donde, según Crisis Group, “hay informes que señalan como responsables (de violaciones) a funcionarios del Senafront (que es la autoridad migratoria de Panamá) y que trabajan en centros de migrantes”, dice el documento. “Los migrantes dependen de Senafront, a quien pueden considerar cómplices de los actos violentos en su contra”. Este diario consultó a la autoridad migratoria panameña para conocer su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este artículo no habían emitido una respuesta.
De hecho, una de las recomendaciones de Crisis Group, que también ha replicado Human Rights Watch, es que se fortalezca la articulación entre ambos países para denuncias y prevención en este paso. Sin embargo, las posibilidades, por ahora, son pocas. Por esas fechas se agendó una reunión entre los gobiernos colombiano, panameño y estadounidense para definir nuevas medidas para el último trimestre del año, pero esa cita no se ha dado. Para la Cancillería es claro que “las relaciones bilaterales con Panamá son estratégicas, aunque no están exentas de tensiones comerciales o políticas”. En el documento, conocido por este diario, advirtieron que la crisis migratoria puede complejizar esas relaciones diplomáticas.
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