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Jorge Julián Osorio Gómez, candidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático, habría suscrito cinco contratos por más de $16.759 millones entre enero y junio de 2023, razón por la cual estaría inhabilitado para participar en estas elecciones. Aunque Osorio dice que no firma contratos desde mayo de 2022 y que se trata de un error, aparece junto a otros 552 candidatos a alcaldías y concejos enredados por celebrar contratos en un periodo inhabilitante, según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
El informe, presentado este martes por el secretario Andrés Idárraga, señala que los contratos en cuestión suman más de $62.000 millones. El Partido Liberal, la Alianza Social Independiente (ASI), la Alianza Verde, el Centro Democrático y Colombia Renaciente son las colectividades que tienen más casos, pues suman 147 entre todos.
La Secretaría también detalló los casos por municipios y departamentos y publicó el top cinco de los candidatos con los contratos más costosos. En el caso de las alcaldías, por ejemplo, la lista la lidera Rodrigo Hernández Lozano, quien aspira a ser el mandatario de Melgar y aparece con nueve convenios que suman más de $5.896 millones. Le siguen Llener Darío Borja (Tuluá), Ehiana Galeano (Arauca), Jacobo Quessep (Sincelejo) y Laura Catalina Rojo (Gómez Plata).
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El informe se suma a otros como los de la Procuraduría, que reportó 676 candidatos por posibles inhabilidades o del Consejo Nacional Electoral (CNE), que estudió más de 3.500 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos. Sin embargo, está lejos de ser un documento cualquiera, especialmente por su fuente, una dependencia de la Presidencia.
Así quedó evidenciado en las reacciones que generó en el Congreso y los diferentes partidos políticos. Varios cuestionaron las facultades del Ejecutivo para tratar estos temas e incluso hablaron de una posible participación en política. Las críticas, en su mayoría, llegaron desde la oposición, pero incluso congresistas y funcionarios del oficialismo se desmarcaron del informe.
“Yo invito a que sobre eso haya transparencia. Aquí hay algo que no está bien y hay que decir por qué se está haciendo en un momento electoral”, dijo el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien además le pidió explicaciones al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Este le dio la razón y aseguró que “si hay algo en lo que la democracia debe ser muy cuidadosa es en la definición de las reglas de juego electoral”.
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El ministro continuó y dijo que la declaración de Idárraga no fue pertinente ni prudente, debido a que, si bien es cierto que los colombianos pueden opinar sobre si un candidato está inhabilitado o no, los altos funcionarios del Ejecutivo deben seguir un conducto regular; en este caso una investigación del CNE.
“La posición del Gobierno frente a esas afirmaciones es que quien puede definir quién está habilitado o inhabilitado es el órgano que la Constitución y la ley definen con claridad”, agregó Velasco.
Congresistas como Angélica Lozano (Alianza Verde) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) fueron más allá y calificaron el hecho como una persecución. “Por qué están ejerciendo de policía política (…) me pregunto, usurpó la Presidencia las facultades de la Fiscalía, la Procuraduría y el CNE. El Estado de Derecho se respeta. Cuál es el artículo de la Constitución que permite policía política desde la Presidencia. No vi eso en Iván Duque, no vi eso en Juan Manuel Santos”, dijo Lozano.
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Amín, por su parte, dijo que el secretario de Transparencia está “haciendo política” a dos semanas de las votaciones para elegir a los nuevos mandatarios locales y regionales. “Es un atrevido, él no tiene las facultades para hablar de inhabilidades, para eso está la procuraduría y el CNE”. Congresistas del Centro Democrático se sumaron a las críticas y calificaron el informe de “inexacto y tendencioso”, por lo que pidieron a la Procuraduría realizar las investigaciones correspondientes.
Idárraga explicó que la Secretaría está indagando en las campañas y la contratación pública con el fin de evitar que dineros del erario terminen financiando aspiraciones políticas. “Si ven el detalle de cada una de estas 553 candidaturas, se darán cuenta que no se salva ningún partido, estamos hablando de todo un universo de personas, desde el Centro Democrático hasta la Alianza Democrática Amplia (ADA), que hace parte del Pacto Histórico”.
Candidatos y políticos le encontraron otro pero al informe, pues señalan que ante la cercanía con las elecciones se podría generar un caos por los posibles cambios de última hora en el tarjetón. Idárraga reconoció que podría darse una “modificación sustancial” y puso ejemplos como el de Villavicencio, que tiene 22 candidatos al Concejo relacionados en el informe.
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Sin embargo, Idárraga aseguró que eso “no puede ser culpa del denunciante, deberían responsabilizarse los partidos y los propios candidatos”. En este sentido, el secretario dijo que habló con el presidente del CNE, Alfonso Campo Martínez, quien le prometió iniciar las investigaciones correspondientes. “Esta misma semana se podrían tomar decisiones de fondo”, concluyó.
Aunque el ministro Velasco ya desautorizó a Idárraga, la sola publicación del informe le abre otro boquete al Gobierno en el Congreso y lo deja mal parado justo en el momento que lucha para mantener a flote sus reformas sociales. De hecho, la discusión de este martes detuvo por un momento la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que saldrá de la terna propuesta por el presidente Petro: Gerardo Vega, Cielo Rusinque y Vladimir Fernández.
Incluso, aunque Idárraga aseguró contar con el apoyo del CNE, fuentes de esa entidad aseguran que varios magistrados están molestos con el informe y respaldan plenamente lo dicho por el ministro Velasco y varios congresistas.
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