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Durante la sesión se dieron a conocer los acuerdos a los que han podido llegar los ponentes del proyecto con el Gobierno, producto de las reuniones entre varios congresistas y el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco. Uno de los avances más significativos está en que el Ejecutivo aceptó el artículo que habla del principio de buena fe con los afectados, es decir que el Estado deberá confiar en aquellos ciudadanos que se declaren víctimas de actores armados ilegales.
Por otro lado, el punto clave de la discordia sigue siendo el reconocimiento de los afectados por acciones estatales, tema en el que hasta el ponente conservador, Jorge Mantilla, de la coalición del Gobierno, se mostró a favor. Según el representante, en virtud del derecho a la igualdad, es necesario que la ley acoja también a este tipo de víctimas. Sin embargo, reconoció que “el Ejecutivo nunca va a aceptar esa idea”.
Mantilla lidera, junto al congresista uribista Fernando de la Peña, la ponencia minoritaria de la iniciativa que, entre otras cosas, intercambia el concepto de responsabilidad del Estado en la reparación por el de solidaridad. Asimismo, el representante liberal Guillermo Rivera es el coordinador de la ponencia mayoritaria —firmada, incluso, por la representante de la coalición, Rosmery Martínez de Cambio Radical—.
Ambos informes fueron discutidos ayer. Claramente, uno, el de Mantilla, defiende los intereses del Gobierno. El otro es impulsado por varias organizaciones sociales y por la ONU.
Las ponencias se diferencian, además, en el factor fiscal. Se calcula que con la de Rivera la reparación costaría unos 50 billones de pesos, mientras que con la de la coalición serían unos 22 billones de pesos. El presidente, Álvaro Uribe, pide que no se superen los 7 billones de pesos en indemnizaciones a las víctimas.
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