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Luego de haber fracasado 24 veces en los últimos nueve años, hay un nuevo intento por reducir el salario de los congresistas. Esta vez la apuesta es que para 2026 reciban casi un 50 % menos de su compensación actual. Incluso, si se aprueba este año, algunos podrían solicitar el ajuste antes, reduciendo su asignación a $28′470.000, es decir, cerca de $20 millones menos de lo que reciben hoy. Aunque más de dos decenas de proyectos similares han fracasado, los promotores de esta iniciativa confían en que el contexto actual, de un país sumido en una crisis fiscal y un mundo político enfocado desde ya en los próximos comicios, haga la diferencia.
Más allá de la coyuntura, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), autor del proyecto que fue radicado este miércoles, le apuesta a que los aspectos “innovadores” del mismo también hagan parte de la fórmula del éxito. Aunque muchas otras iniciativas han buscado, como esta, modificar el artículo 187 de la Constitución, en esta ocasión la reducción salarial aplicaría únicamente a los legisladores que se posesionen para el periodo 2026-2030. Esto eliminaría el problema de que los congresistas actuales deban declararse impedidos por legislar sobre un asunto que los afectaría directamente. No obstante, el documento incluye un artículo transitorio que establece: “Los congresistas que lo declaren expresamente les será aplicada la disposición contenida en el artículo 1, a partir de la promulgación de este Acto Legislativo y hasta la terminación del período constitucional 2022-2026″.
El acto legislativo que se radicó este miércoles solo tiene dos artículos: el que corresponde a la vigencia (desde 2026) y el que establece el monto máximo que podrán ganar mensualmente los legisladores. El tope serían 20 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), una cifra que incluye “factores salariales y no salariales”, es decir, comprende las tres fuentes que componen el salario de los congresistas: la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial de servicios. Actualmente estos tres componentes dan una cifra cercana a los 48 millones de pesos. Este monto no incluye el ajuste correspondiente a 2025, una tarea que tiene que hacer el gobierno nacional vía decreto de acuerdo con el incremento del salario mínimo. Según la ley, el porcentaje de aumento se calcula promediando los ajustes realizados en la remuneración de los servidores públicos.
Si se aprueba en el Congreso y supera la revisión de la Corte Constitucional, sería necesario definir cómo ajustar los tres componentes para que nunca excedan los 20 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Por ahora, no existe una ruta clara sobre cómo se implementaría este cambio. El senador Iván Cepeda optó por mantener el proyecto lo más sencillo posible para evitar que otros elementos entorpecieran su trámite. Por esta razón, no incluyó recortes a otros beneficios, como los tiquetes para viajar a las regiones o el presupuesto destinado a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).
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El acto legislativo, que cuenta con 57 firmas de congresistas de casi todos los partidos políticos, se presentó ante la Secretaría del Senado sobre las 9:30 de la mañana, con la presencia de legisladores del Pacto Histórico como Cepeda, Clara López, Alirio Uribe y Gabriel Becerra, y Humberto de la Calle (Verde Oxígeno) y Pablo Catatumbo (Comunes). Pero entre los firmantes también hay Partido de la U, Fuerza Ciudadana, Partido Liberal, Dignidad & Compromiso, e incluso de Cambio Radical, con el senador David Luna.
El proyecto de reforma a la Constitución todavía no cuenta con apoyo del Centro Democrático. Aunque ha habido acercamientos con ese partido sobre este tema, ningún miembro del partido ha firmado la propuesta. De hecho, algunos de sus representantes manifestaron su inconformidad hace dos semanas, cuando Cepeda empezó a hablar de la idea. La senadora uribista Paola Holguín dijo que la bancada de gobierno “da risa”. “Hablan de bajar salario de Congresistas y nos han hundido cinco veces el proyecto”, anotó y enumeró cinco proyectos similares que se han hundido desde 2016.
En realidad, en el barrido que hicieron los autores del actual proyecto encontraron que desde ese año se han radicado y tramitado por lo menos 24 proyectos de ley y de reforma constitucional enfocados en reducir el ingreso de los congresistas. Es decir, 2.6 articulados fallidos por año. La más reciente propuesta que naufragó fue la del senador Jonathan “Jota Pe” Pulido Hernández, de la Alianza Verde, al cierre de la legislatura pasada. El proyecto tenía como objetivo eliminar la Prima Especial de Servicios —equivalente a 14′256.837 pesos en 2023— para reducir el salario mensual de los congresistas que en ese momento era de 43′418.537 pesos (asignación básica de 10′498.210 pesos, gastos de representación por 18′663.490 pesos y la prima de servicios).
Aunque logró superar dos debates en el Senado, la iniciativa se hundió en el tercer debate en la Cámara, donde obtuvo apenas 14 de los 21 votos necesarios para continuar su trámite. La mayoría de quienes se opusieron tuvieron en cuenta un concepto del Ministerio de Hacienda, liderado en ese momento por Ricardo Bonilla, que recordaba que, según los artículos 150 y 154 de la Constitución, únicamente el Gobierno Nacional puede modificar los salarios de los congresistas y otros funcionarios públicos.
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El de la bancada del Pacto Histórico, que a penas comienza el largo trámite que incluye ocho debates, nació después de que las comisiones económicas del Congreso hundieran la ley de financiamiento propuesta por el Ministerio de Hacienda para subsanar 12 billones de pesos del presupuesto de este año, que quedó decretado en 511 billones de pesos. De hecho, tras el cónclave de 48 horas del alto gobierno, el director de Planeación Nacional, Alexander López, anunció que la idea de reforma tributaria podrían volver a presentar este semestre en el Capitolio.
De acuerdo con Cepeda la razón principal de proponer el ajuste salarial es la crisis fiscal y en segundo lugar para equilibrar los salarios de los congresistas, “que son abiertamente desproporcionados con la situación que tienen los ciudadanos”. “Lo que gana hoy un congresista equivale a lo que pueden percibir 100 colombianos que están en la línea de la pobreza”, anotó. El cambio también equilibraría la asignación de los legisladores con sus homólogos de otros países latinoamericanos. Según explicó el representante del Pacto Alirio Uribe, en Brasil un miembro del Legislativo gana cerca de 30 millones de pesos colombianos y en Uruguay, el equivalente a 27 millones de pesos colombianos.
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Sin embargo, todo esto también se enmarca en un año preelectoral. En el horizonte también están los comicios de 2026, un factor que podría influir en que los congresistas con aspiraciones presidenciales o aquellos que buscan asegurar su reelección en el Capitolio voten a favor del proyecto como estrategia política. De hecho, el articulado que impulsa el Pacto Histórico ya ha sido socializado con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y tiene el visto bueno del gobierno de Gustavo Petro, el cual también busca consolidar un camino para que el progresismo se pueda quedar en la Casa de Nariño otro periodo más.
En cualquier caso, Cepeda expresó su deseo de que “el Centro Democrático y la oposición apoyen esta norma y sea un proyecto que sea presentado unánimemente ante el Congreso y discutido de esa misma forma”. Según el senador, el éxito dependerá del consenso entre las fuerzas políticas, que comenzarán a debatir el proyecto una vez regresen del receso legislativo en febrero, pero no descartó la necesidad de que la ciudadanía ejerza presión en las calles. “Llamamos a los colombianos a hacer una veeduría rigurosa, a exigir con firmeza la aprobación de este proyecto e incluso a movilizarse si es necesario”, concluyó.
Lea el proyecto completo de reducción salarial:
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