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Mientras en el Consejo Nacional Electoral (CNE) la indagación a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades está en su recta final, pues próximamente se votará si se deben o no formular cargos, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara el ritmo no es el mismo. O al menos, eso dicen en los pasillos del Congreso, donde hay cierta molestia con los tres investigadores del presidente: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico; y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.
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Ambos casos se han tratado con hermetismo ante la opinión pública e incluso ante los demás integrantes de las corporaciones, pero el del CNE, en sus más de 13 autos expedidos desde marzo de 2023, ha dejado saber cuáles son los frentes por los que los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) indagan la campaña del Pacto Histórico en su carrera por llegar a la Presidencia.
El último punto en abrirse fue el del presunto ingreso de dinero proveniente de la criptomoneda colombiana Daily Cop, con el que los imputados por la Fiscalía Omar Hernández Doux-Ruisseau y Cristhian Andrés Hernández por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros, habrían pactado junto a Ricardo Roa (exgerente de la campaña) la compra de un avión de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) para la movilización del equipo de Petro.
Los dos imputados rendirán versión de manera virtual el próximo 7 de mayo, luego de que su apoderado Víctor Eduardo Muñoz, enviara una carta al CNE en la que ponía a disposición de los dos magistrados información que podría estar relacionada con la campaña Petro.
“Me permito poner a disposición de sus despachos, la información correspondiente a los pagos realizados al señor Roa, como financiación de la campaña electoral mencionada, proveniente del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de $180.000 millones”, se lee.
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Este nuevo hilo, al parecer, aplazó la presentación del expediente ante la Sala Plena del CNE, donde los ocho magistrados deberán votar a favor o en contra de formular cargos a la campaña y abrir formalmente una investigación que podría derivar en sanciones administrativas. No hay mayoría absoluta hasta el momento (se necesitan mínimo 6 votos), por lo que uno o dos conjueces podrían entrar a hacer parte de esta decisión.
Se tenía pensado radicar el caso antes de que finalizara abril, pues ya se reunieron facturas relacionadas con el pago a testigos electorales y a empresas y personas vinculadas a la campaña; se tiene la copia de la auditoría que realizó Nexia Montes & Asociados a los libros contables, y que reportó la anulación de facturas para luego pasarlas por un menor precio; y se tienen los testimonios de Roa; la directora del Dapre, Laura Sarabia, y de algunos testigos.
Paralelamente, el CNE indaga si el Pacto Histórico inició la propaganda electoral por fuera de los tiempos permitidos en el calendario electoral, que estipulaba su inicio a partir del 28 de febrero del 2022. También si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interpartidista que realizó el Pacto Histórico para escoger a su candidato presidencial y por último, si Petro hizo uso del avión de Pedro Contecha, contratista de su Gobierno, durante la campaña, gasto que no aparece reportado en las cuentas de campaña del entonces excandidato.
De otro lado, en la Comisión de Acusaciones que preside el conservador Wadith Manzur, la investigación se ha tomado con más cautela, pues no se investiga a la campaña, sino al mismo jefe de Estado y mientras el ente electoral busca saber si se violó o no el tope de gasto permitido, los tres representantes que le ponen la lupa a Petro examinan si ingresó dinero irregular e incluso si hubo o no financiación de parte de exnarcos.
Para esto, citarán a algunas de las personas supuestamente relacionadas con algunas de las pruebas que tiene la Fiscalía en el caso contra el primogénito del presidente, Nicolás Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos: al empresario Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca, al exnarco Samuel Santander Lopesierra o “El Hombre Marlboro”, al exdiputado Máximo Noriega y a Christian Daes.
Pero habría tensión entre la comisión y otros legisladores. Aunque los representantes Uribe, Arizabaleta y Carrillo ya se han reunido dos veces con Nicolás Petro para que él rinda versión, escucharon a Ricardo Roa y al empresario Euclides Torres y han citado a los 11 ciudadanos que denunciaron supuestas anomalías en la campaña, entre esos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se presentó este miércoles, para algunos congresistas no se ha avanzado a buen ritmo y los investigadores estarían aún lejos de dar a conocer cuáles fueron los hallazgos y someter el expediente en la plenaria.
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La oposición lo ha manifestado de frente y nada más, el pasado domingo 21 de abril, varios marchantes en Montería hicieron un plantón frente a la que sería la casa de los padres del representante Manzur para pedir que la investigación pueda ser conocida por el resto de legisladores y de ser el caso, el Senado juzgue o no al jefe de Estado.
Fuentes cercanas a la comisión aseguran que aunque Uribe y Arizabaleta son cercanos al presidente, pues pertenecen al Pacto Histórico, no hay manera de que dilaten la presentación del caso cuando el CNE está próximo votar el expediente y la Fiscalía también le ha seguido el rastro a varios puntos y acaba de abrirle indagación a la vicepresidenta Francia Márquez y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por hechos relacionados con la financiación de la campaña.
Aunque tanto CNE como la Comisión de Acusaciones tienen aún tiempo para continuar investigando las supuestas irregularidades de la campaña del presidente, la opinión pública y figuras políticas están pidiendo a ambas corporaciones que se revelen con prontitud los hallazgos.
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