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Iván Velásquez, ministro de Defensa, contestó a El Espectador sobre la presunta “debilidad” de los patrulleros atacados por indígenas; el papel de las Fuerzas Militares en las negociaciones de “paz total”; la intención, sostenida, de trasladar a la Policía de ministerio, pero con “amplia participación” de la ciudadanía y los uniformados, el proyecto de prestar servicio social como alternativa al militar y la repatriación de un amenazado de muerte.
El ataque, a palo y patadas, de un grupo de indígenas emberas a jóvenes patrulleros de la Policía en Bogotá fue condenado por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Usted mismo dijo que “nada justifica [esa] agresión”. ¿Esos actos han sido incentivados por una mala comprensión sobre el nuevo enfoque del Gobierno en cuanto a una Policía más civilista y menos militarista, que algunos pueden confundir con una autoridad débil?
No. La actitud responsable de la Policía, y de sensatez en la valoración de las circunstancias que se presentaron, no puede ser interpretada como debilidad. En esa situación lamentable que todos pudimos presenciar también deben sopesarse los graves efectos que se hubieran presentado ante una reacción de los uniformados en contra de un grupo de indígenas en el que había niños, embarazadas y adultos mayores, como se apreció en los videos de quienes estaban en ese lugar. La conducta de la Policía, que se abstuvo de utilizar la fuerza, evitó que se produjeran hechos que habrían sido aún más lamentables. Hemos estado insistiendo en que midan cada caso para que puedan determinar si intervienen y de qué modo lo hacen. Este comportamiento es inteligente, reitero, no débil.
Un congresista del Pacto Histórico dijo, esta semana, que el gobierno Petro y el Congreso “no descansarán hasta que todos [los jóvenes de la primera línea capturados durante los paros] salgan de la cárcel”. ¿Se les pueden dar órdenes políticas a los jueces?
No se trata de que el Ejecutivo les dé órdenes a los jueces. Si el Congreso aprueba un proyecto que, en ese sentido, se encuentra a su consideración, se trataría de la expresión del legislador, cuya decisión tiene que ser cumplida por todos los colombianos incluyendo a los jueces, una vez se convierta en ley.
En todo caso, ese proyecto interpreta la voluntad del Gobierno, puesto que la intención de liberar a los jóvenes de las denominadas “primeras líneas” que están detenidos fue anunciada por el presidente Petro desde su campaña.
Insisto en que no cuenta solo lo que desee el Gobierno. La decisión final depende del legislador. Y el Ejecutivo tendrá que aceptar la votación mayoritaria del Congreso en un sentido u otro.
Recientemente, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la prórroga de una ley clave para la “paz total”: la de orden público que autoriza al Gobierno a negociar con grupos armados con estatus político y a tener acercamientos con bandas criminales. En el desarrollo de esos procesos, ¿tendrán participación el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y de Policía?
Como lo ha diferenciado, claramente, el presidente de la República, unas son las negociaciones con organizaciones que tienen origen político y otras, muy distintas, las conversaciones con grupos armados de delincuencia común, con los cuales no habrá negociación sino aceptación de las condiciones que impondrá una ley que debe ser aprobada por el Congreso. Con unas y otros se han venido haciendo acercamientos, generalmente intermediados por abogados. En algunos de estos, el Ministerio de Defensa ha acompañado al Alto Comisionado para la Paz. En estas reuniones exploratorias o de acercamiento no participan las Fuerzas Militares ni la Policía.
Específicamente, ¿cuál será su rol como ministro de Defensa en esas negociaciones, teniendo en cuenta que, además de jefe de esa cartera, usted es abogado?
Se trata de dos momentos diferentes: este, que es el de las conversaciones exploratorias que está realizando el Comisionado y que el Ministerio de Defensa acompaña; y un segundo momento que se dará una vez se instalen las mesas de negociación. Repito: en el momento actual solo hay una actividad de acompañamiento, a la oficina del Comisionado, por parte de funcionarios de este ministerio. Pero cuando se establezcan las negociaciones propiamente hablando, el papel de la Fuerza Pública será activo: desde mi perspectiva, habrá una participación directa de las Fuerzas Militares y de Policía en las mesas, dependiendo, desde luego, de lo que disponga el presidente.
El Gobierno ha dicho que los términos de “sometimiento” con las organizaciones criminales dependerán de “los que, a juicio” del Estado, se requieran para “pacificar los territorios”. ¿Eso implica que, mientras duren los procesos de entendimiento, las acciones de la Fuerza Pública serán limitadas o suspendidas en las regiones, según sea cada caso?
Como se sabe, el Alto Comisionado viene adelantando reuniones preparatorias con organizaciones de diverso tipo, pero no por eso las acciones de la Fuerza Pública se han suspendido o limitado. Por el contrario, casi todos los días se han hecho capturas de integrantes de los grupos ilegales y, en menor medida pero también ha sucedido, se les ha dado muerte en combate. Respecto a los negociadores del Eln, se les ha respetado la suspensión de las órdenes de captura, como debe ser. Respecto a los demás grupos y en las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas continúan cumpliendo su responsabilidad constitucional.
En el propósito de “paz total” y dadas las circunstancias todavía inciertas sobre sus resultados, ¿cree que son compatibles las modificaciones que se proponen, también en el Congreso, al servicio militar obligatorio, que buscan incentivar un servicio social alternativo para que los jóvenes puedan escoger?
Que el servicio militar obligatorio se elimine gradualmente, como propone el proyecto, no significa, de ninguna manera, la reducción de las capacidades de las Fuerzas Armadas, pues, a medida que el número de soldados regulares disminuya, se incrementará el número de soldados profesionales. Lo mismo puede decirse respecto al servicio social que se establecería como alternativo al servicio militar. Lo importante es tener en cuenta que todo lo que se está proponiendo apunta a la profesionalización plena de las Fuerzas Militares, para lo cual se ha considerado, siempre, que ellas deben tener el número de efectivos suficientes para el cabal cumplimiento de sus funciones.
Si se modifica el servicio militar obligatorio antes de que la “paz total” se firme en todo el país, ¿no se debilitará el control del Estado sobre el territorio nacional, cuando ya es bastante ineficaz en algunas zonas dominadas por la presencia armada de bandas y guerrillas?
Reitero que la eliminación gradual del servicio militar obligatorio no implicará disminución de sus capacidades. Si la guerrilla y los grupos delincuenciales suspenden sus actividades ilícitas mientras se negocia o se tramitan los procesos de acogimiento a la ley, obviamente, no se actuará contra ellos; pero respecto a quienes no se sometan a esos procesos o incumplan sus obligaciones y compromisos, la Fuerza Pública continuará ejecutando sus tareas a plenitud. Como lo ha dicho el presidente Petro, en tiempos de paz posible, las Fuerzas Armadas tienen que estar más alertas que nunca. Trabajamos por la paz, pero no somos ingenuos.
Con todo respeto, ministro, precisamente eso, que son “ingenuos”, opinan algunos, sobre todo, los opositores políticos del Gobierno. Sin embargo, más importante resulta lo que piensen militares y policías. A dos meses de iniciada la administración, ¿los uniformados se “sintonizan” con el presidente y con usted o con la oposición?
Se “sintonizan” con el Gobierno, no lo dude. Las Fuerzas Armadas también comparten el propósito de paz. Por cierto, hay un acumulado de información en poder de Inteligencia Militar y de Policía que contribuirá, en buena medida, al curso de las negociaciones que se adelanten por el conocimiento que pueden aportarles al Alto Comisionado y a los actuales negociadores del Gobierno sobre la realidad de cada grupo ilegal.
En una de sus primeras declaraciones, usted dijo que no había ninguna posibilidad de reconsiderar la intención del Gobierno de excluir del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional, que deberá pasar, en cambio, a un Ministerio de Convivencia. ¿Esa decisión sigue firme y cuánto tiempo tomará?
El Gobierno mantiene su decisión de trasladar a otro ministerio a la Policía Nacional, no solo porque acepta las recomendaciones que, en ese sentido, dieron Naciones Unidas y la CIDH, sino porque entiende que esta medida, unida a una reforma integral que debe hacerse de esa institución, es necesaria para asegurar el cumplimiento, a cabalidad, del mandato constitucional que resalta el carácter civil de este cuerpo armado. En todo caso, ese traslado se debe planear de manera adecuada para asegurarnos de que las capacidades propias y las de las Fuerzas Militares no se afecten. Y para tomar las previsiones que se requieran para que no se trate de un simple cambio de ministerio, sino de la oportunidad de hacer una transformación indispensable que pasa, para citar solo un tema, por una revisión, a fondo, de sus programas de formación. Ya hemos empezado a trabajar en este proyecto. Espero que no nos tome demasiado tiempo.
Veo un matiz diferente en su respuesta respecto a su posición inicial. ¿Su óptica en esta materia ha cambiado después de conocer la complejidad de las Fuerzas Armadas y de Policía por dentro?
No hay un cambio de óptica. Mantenemos la posición de que la Policía Nacional salga del Ministerio de Defensa. Se trata, más bien, de la mejor comprensión de las acciones y los procedimientos que deberían adoptarse para concretar la idea. El conocimiento interno de las interrelaciones que existen entre la Policía y las Fuerzas Militares obliga a que ese traslado se realice de manera que no afecte las capacidades de ninguna de las instituciones.
El general Henry Armando Sanabria, director de la Policía, dijo, hace poco, que es partidario de que su institución siga bajo las órdenes del ministro de Defensa, porque la cabeza de la Fuerza Pública debe ser una sola y no dos, lo cual parece tener sentido. ¿Qué opina usted?
Naturalmente, todas las opiniones deben ser examinadas, pero no veo cómo pueda conciliarse la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa con la permanencia de un mando único. La propia diferencia funcional y misional que existe entre las Fuerzas Militares y de Policía impone que obedezcan a direcciones diferentes. Esto no impedirá, claro está, que se establezcan entre los dos ministerios mecanismos de colaboración y complementación cuando se requiera, sin perder la identidad que debe distinguir a un cuerpo civil de un cuerpo militar.
¿Considera que el director de la Policía incurrió en desacato o en conflicto con usted o con el Gobierno cuando expresó su desacuerdo con un propósito explícito de la campaña, que ha sido reiterado desde cuando ustedes asumieron el poder Ejecutivo?
Estamos en un momento de reflexión, de discusión, de análisis, en el que todas las opiniones son bienvenidas. No existe todavía un proyecto oficial. Cuando ello ocurra, es apenas lógico que todos los miembros del Gobierno lo respalden y contribuyan a hacerlo realidad. Por cierto, la construcción del proyecto de retiro del Ministerio de Defensa, que incluye la reforma integral de la Policía Nacional, contará con la participación amplia de la población y con los aportes valiosos de los miembros de la institución en todos sus niveles.
En un fallo del Consejo de Estado que condena a la nación por el asesinato de un campesino en 2007, a manos de militares en los casos llamados “falsos positivos”, se le ordena al Ministerio de Defensa elaborar una circular que se reparta a “cada integrante de la Fuerza Pública”. Ahí se deben relatar los casos de ejecuciones extrajudiciales. El Consejo también ordena crear una “estrategia de pedagogía y sensibilización” sobre un capítulo del Informe final de la Comisión de la Verdad. Imagino que usted estará de acuerdo con esa decisión… ¿Es así?
Claro, estoy de acuerdo. También comparto la propuesta que, hace unos meses, hizo el actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en el sentido de difundir ampliamente el Informe, con respecto a esos hechos, de la Comisión de la Verdad en escuelas y colegios. Cumpliremos la orden que nos ha dado el Consejo de Estado y buscaremos los mecanismos para que podamos hacerlo dentro del término fijado por la Corporación.
A propósito de la Comisión de la Verdad, es conocido que el gobierno anterior y la oposición, en cabeza del uribismo, rechazan el contenido del Informe final. También se sabe que lo rechazan unos militares. ¿Cómo se compaginan o chocan las políticas de paz y el enfoque de derechos humanos del Gobierno con “la solidaridad de cuerpo” que ha regido a las Fuerzas Armadas y de Policía?
El propio presidente de la República ha dicho, en diferentes espacios, que las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad en su Informe final serán acatadas por el Gobierno. Antes de concluir el mandato de la Comisión, toda la cúpula de la Fuerza Pública se reunió, en el Ministerio de Defensa, con algunos comisionados. Y tanto en esa reunión como en otras, he insistido ante los comandantes que no toleraremos actos de corrupción ni violación de derechos humanos. Eso implica, desde luego, que no admitimos solidaridad de ninguna clase con la impunidad. Y que tenemos el propósito de que quienes actúen ilícitamente sufran las consecuencias.
Precisamente, el rechazo a la Comisión de la Verdad se individualizó en amenazas contra uno de sus investigadores, quien tuvo que salir del país. A él le robaron las grabadoras que contenían las confesiones de alias “Otoniel” sobre relaciones del clan del Golfo con altos oficiales. Lo sometieron al hurto de sus celulares y le enviaron amenazas de muerte. Tampoco se puede olvidar que cuando los comisionados llegaban a la celda de “Otoniel”, en la DIJIN, para escucharlo, uniformados interrumpían las audiencias. ¿Estaría el gobierno Petro, en cabeza del Ministerio de Defensa, en capacidad de garantizar el regreso del investigador a Colombia?
Anotando, de paso, que en el Gobierno del presidente Petro no se hubiera tolerado ni mucho menos promovido el saboteo a que se vio sometida la declaración de Otoniel, debo afirmar que nadie puede ser condenado al exilio y que el Estado tiene que usar todos sus recursos y capacidades para proteger la vida de quien, como Andrés Celis, se vio obligado a buscar asilo para poner a salvo su integridad. Entiendo lo que significa permanecer, en el país, en medio de la angustia y la zozobra que acciones como las realizadas en su contra pueden producir, pero si él está dispuesto a regresar, el Gobierno pondrá a su disposición los recursos necesarios para preservar su vida. Pronto hablaré con él sobre este tema.
“Carácter y compromiso: dos cualidades que creo poseer”
¿Cómo le ha ido con el Ejército y las otras fuerzas? Algunos analistas creen que usted no tiene control del Ministerio aun cuando le reconocen su buena imagen de jurista. ¿Qué responde a sus críticos?
La respuesta más simple es que muchos de mis críticos no formularon ninguna tacha al hecho de que empresarios o líderes gremiales hubieran sido, en el pasado (y sin experiencia), ministros de Defensa. En todo caso, no es el ministro el que diseña las estrategias militares, sino el que está a cargo de las políticas del sector. También es quien debe asegurarse de que las Fuerzas Armadas respeten los derechos humanos y actúen de manera transparente. Para ello es indispensable tener carácter y compromiso, dos cualidades que creo poseer. Además, tengo buena relación y gran comunicación con las cúpulas.
Y, ¿cómo le va con el presidente Petro? Tanto de usted como de la gran mayoría de los miembros del gabinete se dice que poco lo ven o hablan con él. ¿Es cierto?
Con el presidente, me va muy bien. Hablamos con relativa frecuencia, lo acompaño siempre a los consejos de seguridad y ocasionalmente a otras actividades. Aunque nunca mantuvimos una relación personal, me identifico con su deseo de transformar la realidad, con sus análisis y su sensibilidad social.
“Valoramos la actitud democrática de las Fuerzas Armadas”
Permítame una pregunta invasiva: ¿cuánta incomodidad sintió cuando ingresó al Ministerio y cuánta incomodidad percibió que tenían los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía con quien no debían reconocer -usted- como un “soldado de sus propias tropas”?
En realidad no percibí ninguna incomodidad de parte de ellos y yo tampoco la tuve. Desde mi primera conversación con el general Navarro (Luis Fernando), entonces comandante de las Fuerzas Militares, se produjo un ambiente de confianza que no se afectó con la designación de la nueva cúpula que implicó, como usted recuerda, la salida de varios generales del Ejército y de otras fuerzas. La misma situación se presentó respecto de los nombrados comandantes de las Fuerzas Armadas y de Policía con quienes, desde el inicio, hubo un trato muy cordial sin reparos a las decisiones que adoptó el Gobierno. Valoramos la actitud democrática de las Fuerzas Armadas que aceptaron sin ninguna objeción la voluntad popular de elegir a un presidente con una concepción política diferente a la que ha imperado en las últimas décadas en el país. Así se los expresé tanto a la cúpula saliente como a la entrante, reafirmando el compromiso absoluto que esta administración tiene con la institucionalidad de Colombia.
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