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Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien ha sido parte activa de las negociaciones entre el Gobierno y los congresistas para la aprobación de la reforma pensional, presenció el lunes el primer gran triunfo del proyecto que fortalecería el sistema público, con la aprobación del informe de ponencia en el Senado. Pero el miércoles de la misma semana, este 17 de abril, fue el protagonista de un debate de control político que lo llevó a rendir cuentas ante la Comisión Primera del Senado por las presuntas irregularidades en la contratación en la agencia gubernamental, así como por las quejas de algunos de los empleados.
Dussán es una de las voces del Gobierno con mayor agencia en el Congreso, pasillos en los que es viejo conocido, pues fue parlamentario por 12 años. Por eso, se le ha facilitado consolidarse como unos de los principales interlocutores entre la administración de izquierda y los congresistas. Inclusive, esos diálogos fueron, entre otras cosas, los que le permitieron al oficialismo la aprobación de la pensional. Y él mismo confirmó a este diario que le está “colaborando a la ministra” para conseguir los votos.
Ad portas de la discusión del articulado que haría modificaciones sobre el sistema pensional, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, avanzó este miércoles con el control político que tendrá un nuevo capítulo en el Congreso el próximo 25 de abril. Ese día Dussán deberá responder con mayor profundidad a las inquietudes de congresistas, sindicatos y demás trabajadores de Colpensiones por la administración de los recursos en la entidad.
Precisamente, el objetivo de la oposición con el debate fue argumentar por qué, desde su punto de vista, sería “irresponsable” aprobar la reforma que fortalecería el sistema público y que dejaría más recursos provenientes de los ahorros en manos del también cofundador del Polo Democrático y expresidente de la misma colectividad.
Los cuestionamientos de la senadora uribista a Dussán abordaron tres puntos centrales: los presuntos sobrecostos en la contratación de varios servicios administrativos en la entidad, las preocupaciones por un posible aumento en la contratación y en la conformación de la nómina, así como los señalamientos de sindicatos por presuntos despidos injustificados.
Sobre ese último punto, El Espectador ya habló con los dos sindicatos más grandes de la entidad —Sintracolpen, que representa a 980 empleados, y Colpeunidos, con 412 trabajadores, de los 2.500 empleados oficiales que tiene la agencia gubernamntal—. Esas dos organizaciones manifestaron en febrero su inconformidad con la administración de Dussán, principalmente, por los despidos.
Por un lado, entre los sobrecostos, el más grave se lo quedó el convenio 073 de 2023 para la prestación de servicios de “Contact Center” para Colpensiones, que habría sido suscrito por un valor considerablemente mayor respecto a los mismos servicios en 2020. De acuerdo con información contractual suministrada, el mismo servicio por 23 meses tuvo un valor de $25,9 mil millones en 2020, pero en 2023 fue por $72,4 mil millones por 24 meses.
Este diario conoció la totalidad de las repuestas de Colpensiones frente a esta y otras posibles irregularidades y, de acuerdo con la entidad, ese incremento estaría justificado en que también hubo un aumento en los costos de los servicios. “Se realizaron los respectivos estudios de mercado (…) se observa que los precios presentan un aumento generalizado con respecto a los de contratos anteriores”, explicaron desde la entidad.
Y agregaron que dos de los principales servicios del “Contact center”, es decir, puestos de trabajo y segundos efectivos de gestión, aumentaron un 80% y un 69%. De otro lado, Colpensiones aseguró que las cantidades en los servicios requeridos cada vez son mayores; “esto obedece a que el tamaño de la operación crece constantemente y, por lo tanto, la demanda por el canal del ‘Contact center’ también”.
Pero esos no son los únicos casos en los que se han denunciado presuntos sobrecostos, ya que el documento al que dio respuesta la entidad también refleja posibles irregularidades en un contrato de alquiler de un inmueble, que incluyó el arriendo de mobiliario. El convenio fue por más de $39 mil millones por 5 años.
El alquiler de esa nueva sede de Colpensiones estaría justificada en que en el antiguo edificio, en la calle 73 con 10ma, se identificaron riesgos relacionados con su cercanía a la Universidad Pedagógica y las constantes manifestaciones en la zona. Igualmente, según la entidad, habría poco espacio para parquear los vehículos y riesgo por filtración de aguas en temporada de lluvias y otros.
Pero, la nueva sede, en la carrera 7ma con calle 74, en el edificio Aurora, estaría a solo dos cuadras de la antigua. Al respecto, hay dudas por la necesidad real del alquiler del nuevo espacio, en tanto no hubo cambios significativos en la ubicación que solucionaran la necesidad.
(Lea: “Combate al hambre y a la trata, los acuerdos suscritos por Colombia y Brasil”)
De otro lado, Paloma Valencia cuestionó también los presuntos sobrecostos en servicios de conectividad, que habrían aumentado de $5,8 mil millones por 23 meses en 2020, a $25,6 mil millones por 36 meses en 2024. Igualmente, se refirió al contrato de terminales de acceso, que habría aumentado de $9,4 mil millones a $23,9 mil millones en 2024. “Estos posibles sobrecostos en los contratos de Colpensiones plantean cuestionamientos importantes sobre la gestión de los ahorros pensionales”, dijo la senadora.
No obstante, Dussán afirmó que es falso que se use “la plata de los pensionados para gastos administrativos, porque son intocables”. Y es que los costos de funcionamiento provienen de otra caja, correspondiente a los rendimientos de los ahorros y no del fondo de pensiones. “Los dineros de las pensiones no se pueden gastar, porque son del presupuesto nacional y solo se utilizan para pagar pensiones. De la renta de esos recursos, es que se paga la planta personal, que vale 1.8 billones, y los misionales”, dijo.
Otro de los interrogantes llegó por cuenta de un contrato interadministrativo con RTVC para la prestación del servicio de publicidad a la entidad. El convenio es del 15 de diciembre del 2023 por $13,8 mil millones y también tendría como objetivo promocionar el Régimen de Prima Media (RPM) y de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), pero de acuerdo con un corte de cuentas de RTVC, la mayoría de la campaña habría sido para fortalecer la visibilidad (reputación, imagen y marca) de Colpensiones. Además, de acuerdo con otro informe, RTVC cobró un 8% de comisión como porcentaje de intermediación.
Esas denuncias de Valencia se sumaron a las que ya han hecho los sindicatos por un presunto incremento en la contratación y en el aumento de la nómina. La entidad, según un derecho de petición, pasó de 598 trabajadores en misión en agosto de 2022, cuando se posesionó el gobierno Petro, a 914 en agosto de 2023. Precisamente, en ese mismo mes el sindicato Colpeunidos envió una carta al presidente Petro y a su ministra de Trabajo en la que argumentaron que el Dussán estaría sacando a personas capacitadas para dar puestos a nuevos trabajadores.
De hecho, en el último año se habrían despedido alrededor de 43 funcionarios, entre los que estarían 6 gerentes, 4 directores regionales, 7 directores, 8 jefes de punto de atención, 7 asesores, entre otros. Y la Procuraduría ya había revelado en un informe de septiembre de 2023 que, en nueve meses, entre diciembre y agosto de 2023, la entidad pagó $1.226 millones por concepto de indemnizaciones.
Por ahora, Dussán aseguró que no hay ninguna irregularidad, y que, de todos modos, los gastos administrativos son liquidados con fondos distintos a los de ahorro. Además, en febrero este diario entrevistó a Dussán por varias de esas denuncias y en ese entonces aseguró que “nada de lo que denuncian es cierto. Lo único cierto es que yo hice un nuevo sistema tecnológico muy importante en Colombia. La empresa que contratamos de ‘Contact center’ ganó la licitación limpiamente, es una empresa que tiene 25 años de experiencia en Colombia”.
Esas aclaraciones son necesarias en medio del trámite de la pensional, pues la oposición levanta ese nuevo frente para evitar la aprobación de la reforma, que avanza en el Senado gracias a un acuerdo entre el Gobierno y los partidos tradicionales.
Aunque varios fueron los arreglos con los congresistas para aprobar el texto, en cuanto al contenido lo central fue reducir el aporte de los colombianos a Colpensiones de 3 salarios mínimos, como lo propone el texto, a 2,3 salarios. Pero la estrategia de Dussán sería lograr aprobar el texto con ese acuerdo en el Senado y en la Cámara dar la vuelta nuevamente.
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