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La ministra de Agricultura del presidente Gustavo Petro, Jhenifer Mojica, celebró la aprobación de dos proyectos en el Congreso: el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos y la creación de la Jurisdicción Agraria para resolver litigios por tierras. Ambos proyectos, que serán claves para la puesta en marcha de la reforma rural integral, se dirigen a sanción presidencial. Esa cartera ha sido una de las que mejores resultados ha dado en términos legislativos: mientras que las reformas a la salud, laboral, pensional, entre otras, continúan a paso lento en el Congreso, ese sector aprobó sus dos iniciativas en los ocho debates necesarios.
Mojica recibió el pasado 26 de abril la cartera, luego de que el presidente Petro pidiera la renuncia protocolaria de todo su gabinete y saliera la anterior jefa, Cecilia López. La ministra actual fue directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), ha sido defensora de los Derechos Humanos (DD.HH.) y participó en la creación de la Ley de Víctimas (2011). Su reto será asumir el liderazgo de la reforma agraria, en cumplimiento con el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
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El Congreso aprobó en último debate la declaración del campesinado como sujeto de derechos y la Jurisdicción Agraria, ¿cuál es el balance de lo aprobado?
Fueron dos conquistas muy importantes para el cumplimiento del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC. Se necesitaba la Jurisdicción Agraria para la resolución de las conflictividades sobre los baldíos. Igualmente, venimos de un proceso de desconocimiento del campesinado y de su marginalización en el ciclo económico y el desarrollo del país, con lo que vamos a permitirles superar las situaciones de injusticia y desigualdad.
¿La Jurisdicción Agraria será una vía para engordar el Fondo de Tierras?
La tierra en Colombia es una causa, un síntoma y un efecto del conflicto armado, por eso se estableció en los Acuerdos de 2016 que era importante crear una jurisdicción que permitiera resolver los conflictos por la tierra y cerrar para siempre las discusiones sobre los derechos de propiedad, los baldíos, la protección del territorio en torno al agua, la soberanía alimentaria, entre otros. La Jurisdicción Agraria es una piedra angular, incluso pensando en el Fondo de Tierras para la Paz, con la recuperación de baldíos que se han apropiado de manera indebida a través de jueces especializados.
El acto legislativo de la Jurisdicción Agraria cambió en su paso por el Congreso, por ejemplo, fue eliminada la creación de una corte agraria como tribunal de cierre. ¿Esto podría dificultar los procesos de resolución de conflictos por tierra?
Esa discusión quedó resuelta y el órgano de cierre serán las altas cortes: lo es la Corte Suprema de Justicia en los asuntos que son del derecho privado, como la formalización o las transcripciones; mientras que será el Consejo de Estado en los temas públicos, como en discusiones sobre baldíos, ordenamiento territorial, procesos agrarios y bienes fiscales. Este fue un acuerdo al que se llegó con todos los sectores políticos, en un diálogo franco y técnico sobre cuál era el mecanismo más idóneo. Nosotros soñamos una Jurisdicción Agraria que sea de primera y segunda instancias, en donde los órganos de cierre no van a tener una competencia permanente o generalizada, sino seleccionada, sobre los casos en donde resulte necesario su pronunciamiento, de manera que no se congestione la justicia.
Precisamente, el Congreso deberá tramitar una nueva ley para establecer funciones y competencias de la Jurisdicción Agraria, ¿qué elementos incluirá ese proyecto?
Junto con el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado hemos establecido una mesa técnica para la elaboración conjunta del proyecto de ley que radicaremos cuando inicie la siguiente legislatura. Es una norma de procedimiento, para la que hemos pensado una jurisdicción de primera instancia en jueces y de segunda en tribunales, con presencia en zonas rurales y con grupos de trabajo interdisciplinarios con conocimiento en ciencias sociales, agronómicas, catastrales y económicas. Estamos pensando que sea un procedimiento expedito en la oralidad y que los mecanismos de solución de conflictos sean realmente ágiles.
La bancada indígena en el Congreso denunció que no se tuvo en cuenta su sistema de justicia propio para la Jurisdicción Agraria, ¿fue así?
Algunos de los congresistas pidieron que la Jurisdicción Agraria también fuera étnica, pero allí no hubo consenso. Con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, acordamos que la jurisdicción que queríamos cumplir era la de los Acuerdos de 2016, que no incorpora los asuntos étnicos, que tienen un tratamiento diferenciado. Para eso se está tramitando una consulta previa sobre la manera como se relaciona la justicia en general con los asuntos indígenas.
Hablemos sobre el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ¿cuál es el alcance y qué tan vinculante es ese cambio constitucional?
La Constitución de 1991 reconoció una protección especial sobre los grupos étnicos: pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rrom, lo que generó unas medidas reforzadas a estos pueblos por su condición de vulnerabilidad y por su relacionamiento especial con el territorio. No obstante, esa discusión no se había dado con los pueblos campesinos, que también tienen esa condición de vulnerabilidad. La reforma corrige ese desequilibrio y responde a la reivindicación y luchas del movimiento campesino por más de 100 años.
Más allá del reconocimiento, ¿qué efectos de política pública e inversión puede tener la reforma?
Al haber reconocido, por ejemplo, el derecho a la tierra, al territorio campesino, a la agricultura y a las semillas, se nos permite adoptar decisiones de política pública que logren dar un tratamiento más equilibrado y diferencial. Hay que pensar en una política pública social integral que permita dignificar las condiciones de vida y productividad del campesinado, que tenga en cuenta la infraestructura para el desarrollo rural, la dotación de bienes públicos, los derechos económicos, el acceso progresivo a la tierra, entre otros programas de inversión.
Los ministerios del Trabajo, Salud e Interior tienen reformas embolatadas, ¿cuál fue el factor que le permitió al sector agricultura triunfar en el Legislativo?
Las reformas para el campesinado y la ruralidad son centrales para el país. Lo que permitió que esto avanzara y lograra un consenso mayoritario en el Congreso es que realmente es urgente construir la paz en el campo. Somos un país agrario, netamente dependiente del campo, por eso estas medidas son de interés nacional. Me emocionó mucho que cuando se logró la reforma constitucional del campesinado todos los sectores hablaron de la necesidad que tenemos como país de dignificar y garantizar los derechos de estos 13 millones de colombianos.
¿Cómo será parte esta nueva normatividad (la Jurisdicción Agraria y el campesinado sujeto de derechos) de la reforma rural?
Es fundamental, porque la reforma rural integral parte del deber del Estado de garantizar un acceso progresivo a la propiedad de la tierra de quienes no la tienen, así como de proteger la agricultura familiar campesina: las semillas, sus prácticas y costumbres para un mayor crecimiento social. Hay que avanzar en garantizar los derechos territoriales y de los pueblos campesinos.
¿Cómo va el proceso de comprar tierras y su adjudicación?
Desde los años 80 no se hacía una política tan ambiciosa, por eso volverla a retomar fue difícil y ha sido un proceso de aprendizaje y alistamiento. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) creció seis veces su tamaño, porque venía siendo excluida de las prioridades presupuestales, también volvió a abrir oficinas en cada uno de los departamentos del país, cuando anteriormente estaban centralizadas en Bogotá. Estos retos de alistamiento nos permitieron evolucionar en la compra de tierras y en procesos de titulación y formalización en torno al Fondo de Tierras para la Paz.
En esa medida, tenemos un nivel de ejecución importante. Estamos comprometidos en el 100 % de nuestro presupuesto y en el proyecto de adición presupuestal se están discutiendo $800 mil millones adicionales para compra de tierras, mientras revisamos qué otros mecanismos de financiamiento podríamos tener. La instrucción del presidente Petro es avanzar en el cumplimiento del acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), pero también comprarles a otros sectores y gremios que han ofrecido tierras.
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¿Cómo ve el nuevo gabinete en el que usted entró como ministra, el pasado 26 de abril?
Es un gabinete dinámico, audaz, optimista y concentrado en las apuestas políticas del proyecto del cambio y del programa del presidente Gustavo Petro. Compartimos el amor por las bases sociales y populares, a las que debemos responderles. Tenemos puesto todo nuestro trabajo, las 24 horas del día de los 7 días de la semana, en poder mejorar la vida de los colombianos.
¿Cómo se tomó la declaración del presidente Petro sobre que “todo ministro debe obedecer el mandato popular” y que “el que no haga caso, se va”?
Ninguno de nosotros lo asumió como una amenaza o un mensaje negativo, lo asumimos como la unidad y el consenso que debemos tener como grupo de trabajo para lograr sacar las políticas sociales del cambio por las cuales la gente votó y nos dio su confianza. Lo sentimos como una renovación de nuestros votos de confianza mutua y de trabajo colaborativo y armónico. Yo siento que hay una gran solidez por parte de todos.
¿Hasta cuándo cree que será ministra de Agricultura?, ¿le preocupa dejar inconclusos los proyectos del sector?
No es nuestra obsesión pensar hasta cuándo vamos a estar, pero sí debemos ser conscientes de que cada día es uno menos para avanzar. Tenemos una gran capacidad y entusiasmo; acabo de nombrar a dos de mis viceministras: Aura María Duarte, en Asuntos Agropecuarios, y Martha Carvajalino, en Desarrollo Rural. Por primera vez en 100 años en el Ministerio hay tres mujeres liderando, además, sin compromisos con la política tradicional. También tenemos un equipo de trabajo muy dinámico y comprometido en las distintas entidades del sector: una ANT y una Agencia de Desarrollo Rural (ADR) robustas, que tienen presencia en todo el territorio.
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Por Laura Duarte Sandoval
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