La austeridad de Duque: ¿es posible reducir la burocracia?

El presidente Duque sueña cuando afirma que las medidas de austeridad permitirán ahorrar $9 billones. Esta es la cifra que el presidente anunció desde Leticia, al expedir su directiva número 09 del 9 de noviembre. Pero esa directiva o ese plan de austeridad es una salida desesperada, que no consulta las características del Estado colombiano. La propuesta del ministro Carrasquilla estuvo demasiado sesgada hacia el IVA desde el comienzo. De los $14 billones que se obtendrían con la “ley de financiamiento”, más de $11 billones se originarían en este impuesto.

ABC de ladirectriz de austeridad

Pero el precio político de ampliar el IVA a todos los bienes de la canasta básica de alimentos era muy alto. Las elecciones locales están muy cerca y el Congreso no estaba dispuesto a asumir ese costo: por eso acordaron hundir la propuesta. Sin embargo, recientemente, Jhon Jairo Cárdenas, representante a la Cámara del Partido de la U, denunció que Álvaro Uribe estaba presionando a varios congresistas para cambiar lo acordado, por lo que todavía podría revivir la ampliación del IVA.

En todo caso, como el Gobierno no quiere replantear la equivocada reducción de los impuestos a las empresas y tampoco está dispuesto a aumentar la tributación de los ricos, no queda más alternativa que soñar con reducir el gasto público.

¿Pero sería bueno reducir el gasto?

Cuando la Comisión del Gasto y de la Inversión Pública entregó su informe en enero de este año, en plena campaña presidencial, se esperaba que el documento fuera un insumo para los debates de los candidatos. Pero Duque no lo leyó; tampoco sus asesores.

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La Comisión muestra con claridad que no es posible reducir el gasto público, que el país tiene que aumentarlo y debe hacerlo de manera eficiente. En la lógica de la Comisión es impensable que el gasto se pueda reducir en $9 billones. Incluso, la Comisión consideró que la propuesta que hacía el Marco Fiscal de Mediano Plazo del exministro Cárdenas —menos ambicioso que Duque— era demasiado optimista en sus estimaciones del ajuste fiscal.

En palabras de la Comisión, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”. A medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas.

¿Reducir la burocracia? No se puede

En la directiva presidencial el mayor recorte del gasto se debe hacer por el lado de las plantas de personal de las entidades. Ordena eliminar las llamadas “plantas paralelas”, o los contratos de prestación de servicios que están por fuera de la planta. Según Duque, la gran oportunidad de ahorrar estaría en la racionalización de estos contratos.

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Pero la directiva presidencial desconoce dos hechos contundentes. El primero es sencillo: el empleo público en Colombia es raquítico. Y segundo, como esta verdad no se quiere aceptar, el Gobierno afirma que la burocracia es excesiva. Entre tanto, las entidades se las van arreglando para contratar por fuera de planta; no tienen más remedio. Y ocultan los empleos temporales bajo diversas modalidades de gastos de “inversión”. Nadie sabe cuál es el número de contratos “por fuera de planta”, pero podrían ser equivalentes al número de empleados de planta.

Los problemas de información son evidentes. Dice la Comisión: “Las cifras disponibles sobre empleo público en Colombia están fragmentadas y pueden no estar revelando su verdadera dimensión. Existe una subestimación derivada de diferentes formas de contratación y fuentes de financiación del empleo público” (p. 118). Pretender eliminar los contratos por fuera de planta es imposible, pues equivaldría a acabar con la mitad de las funciones del Estado.

¿Qué tanta burocracia hay en Colombia?

En 1997, el informe de otra Comisión de Gasto dirigida por Gabriel Rosas hizo una estimación del empleo público. En 1995 la cifra era de 935.263 funcionarios. Según las estimaciones de la reciente Comisión del Gasto, en 2017 eran 1.396.478. Esto significa que, en promedio, el empleo habría crecido a un ritmo del 2,2 % anual.

El número absoluto de empleados y su ritmo de aumento son muy pequeños y, como dice la Comisión, está subvalorado. Los 1,4 millones de funcionarios equivalen al 5,3 % de los ocupados. Este porcentaje es muy bajo.

En México, Brasil y Chile está alrededor del 15 %. En Canadá e Inglaterra es el 27 %. En Noruega es 33 % y en Dinamarca es 36 %. En el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la relación es de 25 %. Al comparar estas cifras es ridículo pensar que la austeridad se logrará disminuyendo la contratación del Estado.

La eliminación de los contratos “por fuera de planta” llevaría casi a la extinción del Estado. Las entidades no podrían funcionar sin estos contratistas. La necesidad de contratistas es evidente en numerosas entidades, comenzando por los hospitales y siguiendo con Planeación Nacional y el DANE. En mayor o menor medida, todas las entidades tienen que recurrir a ese tipo de contratos.

Es comprensible que en medio de las angustias fiscales el presidente sueñe con un ambicioso programa de austeridad. Pero saliendo de estos mundos imaginarios, es importante recordar: primero, que el gasto continuará subiendo; segundo, que es inevitable que el número de funcionarios siga creciendo; tercero, que la única solución para cerrar la brecha fiscal es mediante impuestos; cuarto, que una reforma tributaria, un año antes de las elecciones locales, debe tener algún viso de progresividad.

*Cofundador de la revista Razón Pública.Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.