La ‘descaguanización’ del debate

Por efecto del uribismo mayoritario, que impera hoy en Colombia, ningún candidato se atreve a incluir estos temas dentro de su agenda y en lo posible, o se eluden estratégicamente o se rechazan con vehemencia. Son las vueltas lógicas de la política correcta, como hace 12 años predominaba el sentimiento contrario. El vencedor iba a ser el que más ofreciera para alcanzar la paz y quien ganó despejó e hizo el canje.

De aquellos días en que San Vicente del Caguán era tan importante como Bogotá, quedan dispersos muchas declaraciones, fotografías o comunicados de los políticos de entonces, que son los mismos de hoy buscando votos, pero denigrando de lo que en su momento les pareció “un laboratorio de paz”. Vivir para ver podría ser hoy la consigna, sobre todo para no hacerse falsas ilusiones respecto al tema de la paz.

El presidente Álvaro Uribe, en sus días de campaña, recordó una y otra vez que nunca fue al Caguán y siempre criticó el despeje. Esta postura le dio réditos políticos. Se parece a la postura del actual candidato Germán Vargas Lleras, otro crítico demoledor de la zona de despeje. Lo hace porque puede decir que en el Congreso fue quien lideró los debates contra los abusos de las Farc y las improvisaciones en el gobierno de Andrés Pastrana.

Pero paradójicamente, no estamos en 2002 y el tema ya no da los mismos votos. De alguna manera, un caso semejante al del candidato del Partido Liberal Rafael Pardo. Nunca fue al Caguán, a pesar de sus experiencias en negociación de procesos de paz fue muy cauto en aproximarse y terminó de sacarlo del tema la propuesta que arrancando los diálogos hicieron las Farc en su revista Resistencia: “Juzgarlo como genocida en un consejo revolucionario de guerra”. Le quisieron cobrar sus años como Ministro de Defensa del gobierno Gaviria.

Pardo no es ajeno a los procesos de paz y como consejero o ministro fue decisivo para que el M-19 o el Epl dejaran sus armas. En ambos casos, la condición previa fue la ubicación en una zona desmilitarizada, aunque muy distinta al despeje sin fin en tiempos de Pastrana. Hoy sabe que tarde o temprano habrá de vérselas con las Farc en el terreno de la política, pero cree que el momento no es idóneo para el diálogo. Intuye sí, que hay que buscar la forma de erradicar el secuestro. Por ahora, eso tampoco le suma votos.

En cuanto a Gustavo Petro, del Polo Democrático, que por provenir de un movimiento guerrillero podría ser más afín a despejes y canjes, en tiempos de Pastrana, como representante a la Cámara, les dio duro a las Farc tanto como al proceso. Hoy sólo ha ventilado la opción de una zona de encuentro con esa guerrilla para ponerle fin al secuestro y liberar a todos los plagiados. Cree en el canje, pero suscrito a un acuerdo de paz y dejación de armas. Pelea voto a voto, pero este asunto no decide su suerte.

Sergio Fajardo y Antanas Mockus se parecen mucho en estos escenarios, porque en sus discursos estos temas son más bien escasos. Su propuesta de Estado se sitúa más en los planos de la educación, la cultura ciudadana y el respeto a la vida. En tiempos del Caguán, estaban en otro cuento, gobernando, opinando o en la academia, y por eso no se les asocia ni como defensores ni como detractores del fallido experimento de paz que, de alguna manera, partió en dos la reciente historia política de Colombia.

Hoy, Fajardo no cree en las Farc y tampoco ha dado visos de querer embarcarse en procesos de negociación con ellos, pero deja abierta una pequeña ventana para que, por estrictas razones humanitarias, pueda pensarse en acuerdos que favorezcan a los rehenes. Mockus, por su parte, se arriesga un poco más y plantea canje por una sola vez, siempre y cuando los eventuales beneficiarios de la guerrilla no estén incursos o investigados por delitos de lesa humanidad.

Por los lados de Noemí Sanín, el asunto parece más ambiguo. De los tiempos del Caguán, puede decirse que estuvo y no estuvo. Se le vio en varios momentos animando el proceso o dialogando con los guerrilleros, pero también fue de los primeros que pidió “firmeza, reglas claras de juego, verificación y tregua” para el proceso de paz. En noviembre de 2001, ya en la agonía de los diálogos, se apareció en San Vicente del Caguán para demostrar que ningún punto del territorio estaba vedado para hacer política.

Su posición actual parece más firme y, al estilo Uribe, de cara a un eventual intercambio humanitario, sostiene que no se puede permitir que los guerrilleros regresen a la lucha armada y hagan del secuestro un mecanismo de guerra o de presión política. Noemí Sanín conoce bien a la guerrilla, ha dialogado con ella desde los días de Belisario Betancur, cuando fue integrante de la primera comisión que en 1983 viajó a Casa Verde a conversar con Manuel Marulanda Vélez. Sabrá por qué lo dice y cambiar ahora no sería políticamente correcto.

El caso de Juan Manuel Santos es el más curioso. Según el ex presidente Pastrana, con el apoyo de las Naciones Unidas, fue uno de los principales gestores de la zona de despeje y luego entró a oficiar como jefe de verificación. Cuando llegó al Caguán, junto a Juan Gabriel Uribe —hoy jefe de debate de la campaña de Noemí Sanín—, lo hizo en calidad de miembro de la Comisión de Acompañamiento. “No somos un tribunal de quejas, somos un tribunal de garantías”, llegó diciendo cuando arrancaban los diálogos.

Con el paso de los días fue tomando prudente distancia y se convirtió en el palo que se le atravesó a la rueda con que la Gran Alianza por el Cambio de Pastrana en el Congreso quería darle facultades plenas al Gobierno para negociar la paz con las Farc. “Yo soy consciente de que vamos a tener que repartirnos el poder con la guerrilla”, le comentó entonces a El Espectador, argumentando que su interés era encauzar el proceso de paz por el camino correcto, sin procedimientos políticos a espaldas del pueblo.

“A Pastrana se le salió el dictador”, alcanzó a comentar Santos en público. Pero después se fue acercando, hasta que en julio de 2000 asumió como su Ministro de Hacienda. Por la misma época, como nuevo Ministro de Trabajo, también lo hizo Angelino Garzón, actual fórmula vicepresidencial de Santos. Los dos pelearon entre sí por asuntos de sus carteras, pero quedándose en el Gobierno le dieron el visto bueno al acuerdo humanitario que en 2001 permitió la liberación de más de 300 soldados y policías a cambio de 10 guerrilleros presos.

De alguna manera, en una carta dirigida a esta diario en aquellos tiempos, el propio Santos resumió su dilema: “Todos apoyamos al Presidente en su empeño por conseguir la paz. Inclusive acepté ser miembro de una comisión que a la postre resultó ser otra de las tantas y desafortunadas improvisaciones del gobierno en este proceso. Nunca estuve de acuerdo con las facultades que solicitó…”. Y terminó diciendo que se había quedado solo, producto del “síndrome del chantaje de la paz, que consiste en considerar enemigo de la paz a todo aquel que critique algún aspecto del proceso”.

En la actualidad, Santos no quiere saber ni de canjes ni de despejes ni nada que se les parezca. Lidera las encuestas, enarbola las banderas de la seguridad democrática y antes que diálogos promete más operaciones jaque. Su compañero de fórmula, aún más protagonista que todos los anteriores en propuestas de paz con la guerrilla, incluyendo el despeje militar en Pradera y Florida (ver recuadro superior), prefiere decir que lo más revolucionario hoy es dejar la violencia. Sin espejo retrovisor, todos los candidatos acomodan sus banderas blancas en tiempos de votos.

Un fallo que hoy estaría en contravía

Con la visión política actual, seguramente las cosas serían a otro precio, pero en los tiempos del Caguán, hasta la Corte Constitucional le dio la bendición a esta fórmula. En enero de 2001, en respuesta a una demanda contra el artículo 8° de la Ley 418 de 1997, que fue la base jurídica para el despeje, la Corte lo encontró exequible.

Y señaló en su momento la Corte Constitucional: “La desmilitarización de una zona del territorio es un instrumento transitorio que tiene un propósito de Estado que se presenta como una alternativa para la solución de un conflicto que el mismo Estado no fue capaz de resolver con la imposición de la fuerza”.

Esta ley fue hecha en tiempos de la presidencia de Ernesto Samper y terminó utilizada en la de Pastrana. Hoy el despeje es un imposible político. Ayer la Corte Constitucional de entonces decía: “La transitoriedad de la desmilitarización está vinculada al tiempo que se requiera para el logro de la convivencia pacífica”.