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Este tipo de pugnas son un indicador de la vigencia del escarnio público, como estrategia de ajuste de cuentas. “Somos las víctimas” o “Alguien tenía que pararlos”, son las frases que utilizan los agresores de cualquier bando para justificar sus actuaciones.
La descalificación del contrario –el que piensa, habla y actúa diferente-, no solo es un mecanismo de etiquetamiento que busca marcar a quienes tienen un punto de vista distinto al del agresor.
Es una manifestación del autoritarismo que embriaga a todos los que se sienten ubicados por encima de la ley. Es una posición de poder. Humillar al contrario mediante etiquetamientos verbales y físicos envía un mensaje político, que victimiza a toda la sociedad.
Estas pugnas no son exclusivas de Colombia. Las sociedades que se encuentran polarizadas alrededor de la violencia, el poder o la transición política comparten esta situación.
Los casos de El Salvador, Chile y la Argentina son una muestra de ello. Durante años, algunos sectores enclavados en el establecimiento nacional o local han perdido sus privilegios frente a renovados actores sociales, políticos y empresariales.
En esos escenarios, quienes ven amenazadas sus posiciones de poder utilizan mecanismos de descalificación como válvula de escape o dique de contención para atajar las posibles transformaciones de la reconfiguración del poder. De ahí este tipo de enfrentamientos.
En el caso colombiano, vale la pena preguntarse cuál es el motivo que subyace en el imaginario de los agresores. ¿Será que temen perder los privilegios que han amasado en los últimos años? O simplemente, ¿están seguros que los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y la farcpolítica no los va a afectar? Al fin y al cabo, la descalificación del contrario, verbal o física, es un asunto de poder.
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