La encrucijada del Congreso frente a la reforma tributaria o de transformación social solidaria

Desde el Ministerio de Hacienda dicen que están haciéndole los últimos retoques para, ahora sí, llevarla a discusión ante el Congreso de la República. El presidente Iván Duque insiste en que no se trata de una reforma tributaria sino de “transformación social solidaria”, pues el objetivo es “financiar y proteger socialmente a nuestro país en medio de la pandemia y para los próximos años”. Mientras tanto, la clase política enfila baterías para asumir posturas en defensa o en ataque a la propuesta, con antesalas como la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en su columna de este fin de semana en el periódico El Tiempo la calificó como un “despropósito nacional”, advirtiendo de paso que el riesgo de tramitarla en plena campaña electoral “es descomunal” y que “surgirán toda suerte de ideas populistas”.

El pulso será duro y el debate en redes sociales está al rojo vivo. Más aún cuando el rumor de la supuesta compra de aviones de guerra para renovar la actual flota que tiene el país, con una inversión de US $4.500 millones, se escucha en todos los rincones. Según le dijo el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño a Blu Radio, no es cierto que se estén negociando dichos aviones y los recursos que se pretenden recaudar apuntan única y exclusivamente a los gastos de la emergencia para salvar a toda la gente que entró en vulnerabilidad. Y les pidió a senadores y representantes a la Cámara ser “responsables” frente a esta situación, y a todos los colombianos “hacer un sacrificio”.

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No será fácil. Incluso, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, máximo líder del Centro Democrático, el partido de gobierno, ha prendido las alarmas en torno a lo que podrían ser los efectos adversos del trámite de la reforma en el Legislativo para la colectividad y los réditos políticos que podría obtener la oposición en plena época pre-electoral. “Por favor ministros: el ahorro tiene que ser drástico y la tributaria moderada y consensuada con las mayorías. Propuestas que generen rechazo, como gravar pensiones a partir de los siete millones, por ejemplo, no las aprueba el Congreso, afectan más al Gobierno y al Centro Democrático, y la oposición se lleva el mérito”, trinó hace algunos días el exmandatario.

Esta semana es definitiva y lo que se conoce es que, más allá de los últimos retoques o de bautizar con otro nombre el proyecto, eufemismos a los que parece ya acostumbrado el gobierno Duque, desde la Casa de Nariño lo que están haciendo es tendiendo puentes con las bancadas aliadas y las independientes, tratando de sumar fuerzas para no sufrir un descalabro monumental al momento del trámite. Lo que se busca es asegurar los votos para, al menos, pasar los puntos claves de la iniciativa. El lío es que incluso en los sectores oficialistas y los declarados independientes (los partidos Liberal y Cambio Radical) hay resistencia a temas como el gravar con IVA productos básicos de la canasta familiar o las pensiones, sea cual sea el límite.

“¿IVA a la canasta familiar? Mamola”, rezan varias vallas puestas por el Partido Liberal en diferentes regiones del país, anunciando su rechazo al proyecto, retomando la famosa respuesta del fallecido líder santandereano Horacio Serpa. Los liberales, que son independientes del Gobierno, han dicho que están dispuestos a dar el debate y escuchar los planteamientos, pero trazando unas líneas rojas. Por ejemplo, el senador Luis Fernando Velasco ha dicho que lo del IVA “es un impuesto contra la gente humilde y contra el crecimiento económico del país”. A su vez, el representante Alejandro Carlos Chacón, ha hecho un llamado para que más bien se piense en la eliminación del IVA para reemplazarlo por un impuesto al consumo del 8 %, algo que, en su concepto, permite aumentar el recaudo.

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En Cambio Radical, si bien reconocen la importancia de obtener recursos, consideran que aumentar los impuestos a la clase media no es el camino ideal y debería pensarse en implementar herramientas para atacar el contrabando, eliminar las exoneraciones, y presentar un plan que tranquilice a las calificadoras para que no se vea afectada la economía y la inversión. Ahora, no se sabe que tanta influencia tengan las palabras de Vargas Lleras que, como se dijo al comienzo de esta nota, se fue lanza en ristre contra el Gobierno y su reforma tributaria o como se le quiera llamar.

“Este no es el momento de una reforma tributaria. Ningún país en el mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia”, escribió el exvicepresidente. Dejando varias preguntas sobre la mesa: “¿Pensará el presidente que ya Colombia superó la pandemia cuando apenas comenzamos a vacunar, la ocupación en las UCI está disparada, el desempleo en ciudades como Bogotá ya se acerca al 20 % y toda la industria y el comercio siguen postrados? ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión? Se rumora que las agencias calificadoras de riesgo han dado un ultimátum al Gobierno. ¿Será cierta tanta insensatez? Me temo que sí (…) Esta reforma es el verdadero despropósito nacional”.

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En los partidos oficialistas, léase Centro Democrático, Conservador, la U y los cristianos, las dudas también pululan. Si bien en el uribismo recalcan en la necesidad de sanear las finanzas públicas y fortalecer los programas sociales, algunos expresan reservas y piden revisar exhaustivamente los puntos del proyecto para no perjudicar a los más vulnerables y a la clase media productiva. A su vez, en el Partido Conservador, al menos hasta ahora, la posición es de apartarse de la iniciativa. De hecho, para su presidente, Omar Yepes, hay unas acciones en las que el Gobierno podría poner mayor empeño para recuperar recursos, como la reducción de la evasión y la elusión, combatir el contrabando y la misma reducción del Estado. Y en la U, su directora, Dilian Francisca Toro, ha pedido no afectar las rentas laborales ni las de personas naturales: “Lo que se debe incrementar son las rentas de capital (…) Es muy importante crear incentivos para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80 % del trabajo de nuestro país”.

Por último, en la oposición solo esperan que arranque el trámite en el Congreso para enfilar baterías en contra. “Es una reforma nefasta. Ningún gobierno se había atrevido a hacer tanto en contra de la gente de la clase media. Esto no se le debe hacer a la gente que ha perdido el trabajo, que están viendo cómo van a cubrir sus facturas públicas para no dejarse cortar el agua y la luz. Todo el sector alternativo votará en contra de semejante proyecto, que afecta a los ciudadanos”, enfatizó la senadora Aída Avella, de la Lista de los Decentes, pidiendo además que el debate se haga de cara a los ciudadanos para que cada votante se dé cuenta de cómo piensa, cómo vota y cómo opina el congresista que eligió para este período. Sus palabras resumen el pensar de todos los sectores contrarios al Gobierno.

Lo que se puede decir por el momento es que el ambiente es incierto. Desde la Casa de Nariño piden sacrificio, pero no es muy seguro de los congresistas estén dispuestos a aprobar cosas que los muestren contrarios a la ciudadanía, la misma a la que en poco tiempo comenzarán a pedirle su apoyo en las urnas, y más en estos tiempos tan enconados y con las redes sociales convertidas en un hervidero. Porque si bien la pandemia aplacó la protesta social que se dio hacia finales de 2019, es claro que en cualquier momento podría volver a explotar. Claro, ya vendrán las discusiones, las propuestas que uno que otro pondrán sobre la mesa y, hay que decirlo, la posibilidad del intercambio de favores Ejecutivo-Legislativo para tratar de que la reforma salga adelante. Porque así nadie lo reconozca, la mermelada existe.