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El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt parece estarle poniendo palos en la rueda al juicio político que se está llevando a cabo en el Congreso por el presunto favorecimiento a la empresa Fidupetrol en la ponencia para el fallo de una acción de tutela. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, explicó que no se puede nombrar la Comisión de Instrucción encargada de exponer ante la plenaria del Senado las pruebas en contra del magistrado y plantear si se debe acusar de indignidad.
El motivo por el cual no se puede nombrar la comisión es que el abogado de Pretelt, Abelardo de la Espriella, presentó una recusación contra más de 10 senadores porque abiertamente se han referido en medios de comunicación sobre el caso, lo que la defensa considera como un prejuzgamiento. Entre los parlamentarios recusados están Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, entre otros.
Ahora esta recusación tiene que ser enviada a la Comisión de Ética del Senado que será la encargada de definir si existe un impedimento de parte de los congresistas para participar en el debate o postularse para ser miembros de la Comisión de Instrucción. Este proceso tarda alrededor de 10 días y solo hasta entonces podrán nombrarse los siete miembros.
Al respecto el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, señaló que “en estos temas uno tiene que ser garantista. No pueden violarse los derechos de las personas que está siendo procesada, especialmente porque se vicia el proceso”.
Esta es la primera vez que en la historia de Colombia habrá un juicio político en contra de un magistrado por su presunta participación en un escándalo de corrupción y de acuerdo con la acusación presentada por la Cámara de Representantes, es muy posible que Pretelt sea declarado “indigno” y su caso sea asumido por la Corte Suprema de Justicia.
A mediados de diciembre del años anterior, la Cámara de Representantes, en sesión reservada y con 96 votos a favor y 45 en contra, acusó ante el Senado al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por el delito de concusión por, supuestamente, haber pedido coimas para favorecer a la firma Fidupetrol con un fallo de tutela que, de haber prosperado como la firma quería, le hubiera ahorrado el pago de una condena de $22.500 millones.
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