La gota que rebosó la copa en Estupefacientes

Las múltiples irregularidades detectadas en el manejo que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le venía haciendo a los bienes incautados al narcotráfico fueron la gota que rebosó la copa. El presidente Juan Manuel Santos anunció la intervención inmediata de la entidad para acabar con la mafia que se seguía moviendo en su interior y que con diferentes argucias jurídicas permitía que las incautaciones no sólo se quedaran en manos de testaferros de los delincuentes, sino que sirvieran también para hacer estafas con documentos falsos y resoluciones adulteradas.

De hecho, bien se puede decir que la DNE estaba en el ojo del huracán desde el pasado 15 de septiembre, cuando El Espectador reveló cómo una empresa confiscada a Danilo Bustos Suárez, señalado testaferro de testaferros del capo Daniel El Loco Barrera, terminó siendo administrada por un ahijado suyo: Justo Pastor Báez Angarita. Mediante resolución del 1° de junio de 2010, éste fue nombrado depositario de bienes incautados a la mafia y, coincidencialmente, se estrenó gerenciando la sociedad Transciba, de propiedad del testaferro de El Loco. Una insólita decisión que reconoció el propio Báez en declaración que rindió ante la Fiscalía en junio pasado.

En su testimonio, el entonces depositario de la DNE contó que devenga mensualmente un promedio de $35 millones y al preguntársele si tenía algún vínculo o parentesco con Danilo Bustos, contestó sin rodeos: “Él es mi padrino de matrimonio”. La Fiscalía indagó sobre si además de esa relación tenía otros lazos más cercanos con Bustos. Entonces dijo que lo conoció en 1989 cuando trabajaba en una promotora automotriz y él vendía tractomulas. Pronto consolidaron una amistad, al punto que le ayudó a tramitar créditos en entidades financieras para la compra de 48 vehículos en los últimos 20 años.

En ese momento, el entonces director de la DNE, Ómar Figueroa, explicó que a los depositarios se les investigan antecedentes penales o disciplinarios y en caso de que no les aparezcan anotaciones pueden entrar en la lista de elegibles. Fue el caso, añadió, de Justo Pastor Báez, quien aportó certificaciones de que su capital tenía un origen lícito y estaba a paz y salvo con el Estado. Figueroa aseguró que desconocía los vínculos entre el testaferro y el depositario, y un día después procedió a revocar la administración de los bienes entregados a Báez. Tres días después, Figueroa presentó renuncia.

Fue quizás el último gran escándalo de la DNE. Este martes, funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría y la Dijín, estos últimos al mando del mayor Freddy Bautista, jefe de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, procedieron a intervenir la entidad, al tiempo que se conoció que la intención del presidente Santos es otorgarle menos poder para administrar las tierras que se incautan a narcotraficantes y otros delincuentes. Incluso, en el proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras ya se había anunciado que algunos de los predios que hoy administra la DNE formarían parte de dicha reparación.