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El registrador nacional Alexander Vega, quien fue magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la época del caso Odebrecht, ha sido señalado por la presunta desviación de la investigación en contra de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga (2014) por el supuesto ingreso de dineros ilícitos. En dos grabaciones reveladas por la revista Semana, el excandidato presidencial del uribismo dice que habló con Vega, quien le dijo que las investigaciones se podrían dejar “en tablas, porque si no, se forma una crisis institucional ni la ‘berraca’”.
En el mismo periodo en el que Vega fue magistrado, también lo fue Armando Novoa, quien tuvo los primeros indicios sobre los sobornos de Odebrecht y a quien le fue asignada la investigación a la campaña de Juan Manuel Santos, también por financiación ilícita. Posteriormente, sus compañeros de sala presentaron unas recusaciones en su contra y lo apartaron de la indagación, según dijo a El Espectador, por las pruebas que presentó y por su metodología para la investigación. Novoa fue magistrado en el periodo 2014-2018 por postulación de una coalición minoritaria integrada por el Polo Democrático, Alianza Verde, Mais y Mira.
¿Cuál fue su participación en las investigaciones a las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos?
Cuando llegué al CNE conocí un comunicado de un tribunal de justicia de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que daba cuenta de las investigaciones que adelantaba sobre los sobornos promovidos por la multinacional brasileña Odebrecht en varios países de América Latina. Me llamó la atención y llevé a consideración de la sala plena una proposición para que el CNE iniciará una investigación formal, toda vez que el informe del tribunal mencionaba las dos campañas presidenciales del año 2014, a las que se les habría entregado alrededor de $11 mil millones de dólares.
El Consejo Electoral inició las investigaciones a regañadientes, mientras yo propuse una metodología para la investigación siguiendo el esquema de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal. En eso, encontramos que Odebrecht tenía una oficina de operaciones estructuradas, a través de la cual se movían los recursos para los sobornos. Lo que yo había investigado y las lecturas que hacíamos con nuestro equipo de trabajo no dejaban duda de que a ambas campañas había ingresado dinero de Odebrecht.
Usted señala que tuvo indicios del ingreso de esos dineros ilícitos, además le fue asignada la investigación a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, ¿por qué no presentó antes esas pruebas?
Una vez planteada la propuesta formal de metodología de investigación, con base en eso, me recusaron y me apartaron de la investigación de Santos; me quitaron el expediente y lo reasignaron al exmagistrado Emiliano Rivera. Posteriormente, también me separaron, sin mayores razones jurídicas, para opinar sobre la investigación de la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En esa recusación, fue muy activo el magistrado del Centro Democrático, Felipe García, quien después promovió una denuncia penal en contra mía ante la Fiscalía, que cerró la investigación por falta de pruebas.
Sugiere entonces que lo apartaron de la investigación por tener indicios sobre la financiación de las campañas por parte de Odebrecht…
Me apartaron porque tenía una perspectiva distinta y porque sabía que el origen partidista de los miembros iba a bloquear el desarrollo de las investigaciones. Yo fui muy diligente y presenté todas mis opiniones por escrito: dí a conocer las pruebas que se conocían en ese momento, que obligaban a una apertura formal de la investigación y a llamar a los candidatos a que respondieren por esos indicios; igualmente, presenté las razones por las que no debían archivarse.
¿Cuáles fueron esos indicios que encontró?
Una revista de São Paulo, en Brasil, evidenció que había una articulación, no por nada había una oficina de operaciones estructuradas que tenía una metodología para la financiación de las campañas sin dejar rastro en los países. La metodología era constituir sociedades fantasmas en terceros países y los dineros de la multinacional se colocaban en cuentas piratas.
En Colombia, en el caso de la campaña de Santos se entregaron unos dineros a una empresa de papel creada en la ciudad de Panamá, supuestamente para financiar una encuesta y la elaboración de unos afiches. En el caso de Zuluaga, hicieron algo similar para pagarle los honorarios a Duda Mendonça por prestar su asesoría en materia de estrategia electoral. Esas informaciones nos dejaban ver que la multinacional capturó ambas campañas sin que una supiera que la otra estaba haciendo lo mismo.
¿Esa información fue tenida en cuenta antes de que fueran archivadas las investigaciones?
Las pruebas que acogió Carlos Camargo, actual Defensor del Pueblo, y el exmagistrado que estaba a cargo de la investigación a la campaña de Zuluaga, eran absolutamente endebles y superficiales, no iban al fondo del asunto. Camargo se limitó a hacerle preguntas a los involucrados, que obviamente no iban a confesar, y hubo muchísima información que no fue tenida en cuenta. También iba a viajar a Brasil, pero dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no autorizó el viaje. En medio de todas esas excusas, se hicieron unas investigaciones sin una metodología de trabajo y sin un análisis de contexto.
Pero, Camargo pidió abrir la investigación contra Óscar Iván Zuluaga en las primeras instancias del proceso, con pruebas de esa supuesta financiación ilegal; meses después presentó la ponencia pidiendo archivar el caso…
Él formuló los cargos, pero abrió la investigación para cerrarla y exculpar completamente a esa campaña y a ese candidato.
¿Usted tiene pruebas de que hubo inconsistencias en esa investigación y que Camargo excluyó algunos indicios de forma deliberada?
El investigador debe construir una metodología de investigación, mirar el contexto, recopilar pruebas que están por fuera y Camargo no lo hizo. Estaban desviando el foco de la investigación y lo lograron. Seguramente lo que ahora conocemos no se le hubiera dado la solidez, sino fuera por la delación de Daniel García Arizabaleta (exdirector del Invías, testigo y quien era uno de los hombres de confianza de Zuluaga). Pero, en ese momento había evidencias probatorias muy fuertes que Camargo ignoró, no sé si de forma deliberada, pero lo hizo. Ahora, a eso se suman los audios sobre que el actual registrador, Alexander Vega, iba a dejar las investigaciones “en tablas”.
¿Cuál fue la incidencia de Alexander Vega en el archivo de esas investigaciones?
Alexander Vega era el presidente del Consejo Electoral cuando se desarrollaron las investigaciones, en el año 2018 ya no lo era, pero en el 2017 sí lo fue. En esa época convocó una rueda de prensa y leyó un comunicado del exsenador Otto Bula (uno de los principales testigos del caso Odebrecht y condenado en febrero de 2020), que estaba siendo sindicado y detenido por órdenes de la Fiscalía, como si fuera un abogado de oficio o un vocero. La pregunta que nos hicimos en la sala era qué hacía el presidente del CNE siendo vocero de un sindicado por los sobornos de Odebrecht. Adicionalmente, una magistrada llevó a la sala evidencias de conversaciones extensísimas de Vega con el señor Otto Bula por teléfono.
¿Qué exmagistrada fue la que presentó esa información?
Hubo numerosas llamadas y conversaciones entre Alexander Vega y Otto Bula, esa información la tenía la exmagistrada Ángela Hernández.
¿Cómo es posible que Vega mantuviese esas conversaciones si para el momento de las investigaciones (2017) Otto Bula ya estaba preso?
Había un trabajo entre Alexander Vega y el fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez, a quien en el Congreso le intentó hacer unos debates de control político por su papel en las investigaciones de Odebrecht y quien visitó un par de veces el CNE. Yo no pude participar de esos encuentros porque me excluía, eran salas clandestinas porque aunque yo no podía votar, nada impedía que yo participara en las reuniones. Ellos hacían reuniones fuera del Consejo Electoral, ocultaban la información y no levantaban las actas como correspondía. La autoridad electoral debe estar sometida al mayor nivel de publicidad de sus actuaciones, pues aquí no hay investigaciones penales, en donde hay reserva del sumario.
Vega aseguró a través de un comunicado de prensa que él no era ponente de ninguna de esas investigaciones y que por eso no podía ejercer influencia…
Pero sí era el presidente del CNE y tenía un poder enorme. Era quien manejaba el orden del día, conducía las deliberaciones de la sala plena, marcaba el ritmo de funcionamiento. Aunque no tenía el control del expediente de manera directa, conocía todas las piezas procesales y consultaba con los despachos. Por otro lado, había una mayoría en donde estaba Felipe García, del Centro Democrático; Héctor Rojas, del Partido Liberal; Vega, del Partido de la U; Camargo, del Partido Conservador, quienes tenían el propósito de no dejar a avanzar las investigaciones y llevarlas a la absolución.
¿En algún momento Bernardo ‘Ñoño’ Elías visitó el CNE o mantuvo conversaciones con Vega?
Vega era muy cercano a los ‘ñoños’, que hacían visitas muy frecuentes a su despacho. El ‘Ñoño’ Elías fue condenado por el tema de Odebrecht y Otto Bula por sobornos para el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Todas estas condenas no fueron tenidas en cuenta por el CNE para establecer la responsabilidad de los partidos en la recesión de recursos que iban a financiar las campañas presidenciales. Cómo se explica que hay tantos condenados involucrados y en Colombia se bloquearon.
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¿Cuál es la responsabilidad que, desde su punto de vista, tiene el partido Centro Democrático en este caso?
Toda la responsabilidad. El máximo jefe del Centro Democrático no puede decir ahora que todo se hizo sin su conocimiento, porque el expresidente recibió al cuadro directivo de Odebrecht en el año 2010 y sabía de los viajes de Zuluaga y de la contratación del señor Duda Mendoza.
Por otro lado, es muy paradójico que la manera en que actuaron mis compañeros llevó a que fueran promovidos por los partidos políticos a altos cargos en el Estado. Su paso por el CNE les dio muy buenos réditos: Carlos Camargo fue nombrado por el Congreso en la Defensoría del Pueblo; Alexander Vega, aunque participó en un concurso de méritos (que ha recibido cuestionamientos), llegó a la Registraduría; Felipe García fue nombrado embajador en Países Bajos y, Bernardo Franco fue nombrado notario.
Por estas conexiones entre los magistrados del CNE y los partidos políticos, ¿la corporación debe someterse a una reforma, al menos en la forma de elección de los miembros?
Una de las conclusiones centrales de todo este episodio tan triste es que hay que hacerle una cirugía de fondo a la organización electoral. En el CNE hay que modificar el esquema de integración, pues los partidos políticos con representación en el Congreso no deberían escoger a los miembros. Esa elección está afectada en su base, dado que los que son elegidos quedan con una deuda a los partidos que los postulan y eso afecta su independencia.
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Por Laura Duarte Sandoval
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