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La reforma política es uno de los temas a los que el Gobierno más empeño le ha metido, también el Congreso. Del ambicioso paquete de reformas de Gustavo Petro, es una de las pocas que ya comenzó su trámite en segundo debate y tiene el camino expedito para que en la próxima semana sea aprobado su articulado y pase del Senado a la Cámara. Allí tendrá que sortear su tercer y cuarto debate.
Si el trámite sigue con la misma premura con la que ha venido, es muy probable que para antes de diciembre esté listo para que en el primer semestre de 2023 surta los otros cuatro debates que le quedan, en los que ya no se le podrá agregar artículos, sino que se irá depurando el texto que quede a finales de este año.
A pesar del trámite expedito, el articulado ha sufrido grandes cambios en las distintas instancias. Si se llega a comparar el borrador filtrado por el Ministerio del Interior a finales de agosto con la ponencia para segundo debate, son pocas las similitudes. Tan solo hay que ver el tamaño de la reforma. Se pasaron de 16 artículos, a solo 10 y su alcance no es tan ambicioso.
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Entre el borrador conocido a finales de agosto y la propuesta radicada en la segunda semana de septiembre, los cambios fueron drásticos. Permanecieron elementos básicos como las listas cerradas, la financiación estatal, la democracia interna de los partidos, las nuevas formas de entregar las personerías jurídicas, pero hubo otros elementos fundamentales que se borraron.
Uno de estos puntos era el cambio de la arquitectura del sistema electoral, que incluía la creación de una jurisdicción electoral que absorbería funciones las funciones judiciales administrativas del CNE y de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Este punto desapareció completamente del texto radicado. Supuestamente hubo un compromiso del gobierno para impulsar esta reforma a través de un proyecto de Ariel Ávila y de Humberto de la Calle. No obstante, ese segundo proyecto se hundió y nunca contó con verdadero apoyo del Ejecutivo.
Además de los puntos eliminados a la propuesta de gobierno le aparecieron artículos controvertidos como que los partidos que lleguen en coalición puedan unir sus personerías en una sola. Este punto fue considerado por algunos sectores como hecho a la medida del Pacto Histórico, debido a que en la legislación actual no podrían volverse a presentar como coalición debido a que sacaron más del 15% de los votos de las legislativas de marzo.
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Otra de las adhesiones cuestionadas, y en la que más alarmas se prendieron, fue la eliminación del régimen de incompatibilidades para que los congresistas no tengan que esperar un año tras su renuncia para ser funcionarios públicos o saltar al sector privado. Este punto fue rechazado de inmediato ya que les permite a los congresistas ser ministros de una, sin tener que esperar al menos un año de inhabilidad.
En la controversia también estuvo el apartado que incluía la posibilidad de que un partido recibiera la personería jurídica sin pasar por las urnas, sino únicamente con las afiliaciones. Para muchos, esto debilitaba la figura de los partidos y era la puerta para gestar una nueva partiditis, puesto que se relajaban los criterios para recibir los beneficios de ser reconocidos por el Estado como actores políticos agrupados y constituidos.
Se esperaba que sobre este texto fuera el debate en la Comisión Primera del Senado. Sin embargo, no se tenía en cuenta que en dicha célula ya se tramitaban otras propuestas de reforma política que al ser acumuladas cambiaron sustancialmente el proyecto del Ejecutivo. El proceso de agrupar todas las iniciativas en un solo texto fue liderado por el presidente del Senado, Roy Barreras.
Los cambios del texto del gobierno a la ponencia de primer debate
Los mínimos establecidos por el gobierno se fueron difuminando. Por ejemplo, aunque el Ejecutivo le apostó a la financiación 100% estatal, el proyecto final volvió al sistema mixto. “Las campañas electorales (…) serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral preponderantemente con recursos estatales y aportes privados”, rezaba el texto debatido hace dos semanas.
En este caso, se estableció que los aportes de privados irían a un fondo de financiación de campañas y partidos políticos y que luego estos aportes serían destinados al partido que deseara el donante. Sin embargo, se dejó establecido que de ninguna manera se podrá “destinarse directa y específicamente a un solo candidato”. En esta lógica, el proyecto eliminó el conflicto de intereses por financiación, bajo el argumento de que los candidatos no iban a ser financiados directamente por privados y por ende no estarían respondiendo a los intereses de terceros.
El texto final de la reforma política mantuvo la propuesta de listas cerradas, aunque solo para dos periodos, lo que para algunos significó que se perdió buena parte del efecto de la reforma. En esta línea, se incluyó un artículo en el que se busca que los partidos que no recurran a la democracia interna para la definición de las listas y directivas puedan perder la personería. Aunque se dejó un salvavidas y es que, en las siguientes elecciones, en 2026, pueden recurrir al orden en el que están actualmente en el Congreso para definir sus listas. Para conocedores de la materia, esto significa al menos un cuatrienio de inmovilismo en el Congreso. Por otro lado, se estableció un limitante para que solo puedan aspirar por un partido aquellos que demuestren una militancia de al menos seis meses.
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La iniciativa presentada por Roy Barreras incluyó al final un articulado para el voto obligatorio. Este no sería de forma permanente, sino que sería por dos periodos de elección legislativa y presidencial, 2026 y 2030. No obstante, se dejó una ventana antes de las votaciones para que los ciudadanos objeten ejercer su derecho al voto y por ende no incurran en ninguna sanción.
Los cambios frente al proyecto de gobierno también incluyeron la eliminación del punto que permitía recibir la personería jurídica a través de un mínimo de afiliaciones. Asimismo, se pasó de una opción a obligación que se conviertan en una sola colectividad, con una sola personería jurídica, los partidos que vayan en coalición y superen el umbral.
Los pocos cambios del primer debate a la segunda ponencia
La propuesta llevada por Barreras no tuvo tantas reformas en la Comisión Primera. Allí se establecieron cambios como que los partidos respondan por la “violación o contravención de las normas” de los elegidos avalados y cuyas conductas estén vinculadas con “grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o lesa humanidad”. Esta misma condición le aplicaría si avalan a candidatos que no ganaron, pero fuesen responsables de esas mismas conductas en el periodo por el que se lanzaron.
Las sanciones podrían ser multas, devolución de recursos y la pérdida de la personería jurídica. También se estableció en el debate de Comisión Primera que los partidos que avalen a electos en cargos unipersonales que luego sean condenados pueden ser castigados con la imposibilidad de presentar candidatos para la próxima elección en dicha jurisdicción. Esto significa que, si un alcalde, gobernador o similar es condenado por los delitos mencionados anteriormente, el partido no podrá presentar candidaturas para dicho cargo en las siguientes elecciones.
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En dicha discusión también se estableció una restricción para que los congresistas que quieran volverse a lanzar por otro partido puedan hacerlo, pero renunciando a sus curules seis meses antes del proceso electoral. En este sentido se incluyó un transitorio para que en 2026 se permita a los actuales congresistas lanzarse por un partido diferente sin tener que renunciar a sus curules antes.
En dicho debate también se cambió la intención del gobierno de establecer un límite de dos periodos para los legisladores. En este caso, se mantuvo la intención de limitar, pero se extendió hasta los cuatro periodos, es decir 16 años. Para los expertos, este punto no tiene sentido, pues es una limitación casi inexistente, debido a que les permitía en total, sumando cámara y Senado, 32 años en el Congreso.
El único cambio introducido por Roy Barreras del texto aprobado por la Comisión a la ponencia para segundo debate fue una modificación al artículo 112 de la Constitución para que la curul de la oposición pase al reparto normal del Congreso en caso de que el voto en blanco quede de segundas en la elección presidencial.
| Propuesta | Borrador | Texto radicado por gobierno | Primera ponencia | Segunda ponencia |
|---|---|---|---|---|
| Lista cerrada permanente | sÍ | sÍ | No | No |
| Lista cerrada por dos periodos | No | No | Sí | Sí |
| Sanción por no usar democracia interna | No | No | Sí | Sí |
| Listas iguales a las actuales en 2026 | No | No | Sí | Sí |
| Financiación estatal al 100% | Sí | Sí | No | No |
| Financiación mixta y fondo común | No | No | Sí | Sí |
| Fin del conflicto de intereses | No | No | Sí | Sí |
| Personería por afiliaciones | Sí | Sí | No | No |
| Reforma al CNE y la Registraduría | Sí | No | No | No |
| Opción de que coalición sea un solo partido | No | Sí | No | Sí |
| Obligación de que coalición sea un solo partido | No | No | Sí | No |
| Eliminación régimen de incompatibilidades de congresistas | No | Sí | Sí | Sí |
| Voto obligatorio por dos periodos | No | No | Sí | Sí |
| Responsabilidad de los partidos por avalados | No | No | Sí | Sí |
| Restricción de seis meses para aspirar por otro partido | No | No | No | Sí |
| Curul de oposición a reparto si queda de segundo el voto en blanco | No | No | No | Sí |
| Al menos seis meses de militancia para aspirar por un partido | No | No | Sí | Sí |
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