La moñona de Santos

Desde el momento mismo en que el gobierno de Juan Manuel Santos despuntaba comenzó a hacerse evidente que tendría que dirigir al país a pesar del presidente Álvaro Uribe. Las diferencias entre sus estilos de gobierno y los contenidos programáticos fueron rápidamente ventiladas por el propio Uribe, quien haciendo un hábil uso de las redes sociales dejó claros sus desacuerdos. Muchos, para tratarse de dos exaliados. Y más allá de las frases provocadoras a través de los medios de comunicación o de uno que otro desplante también publicitado, lo que muchos se preguntaban era cómo lograría Santos gobernar en medio de un país tan uribizado y si el ex presidente sería capaz de poner a tambalear sus mayorías en el Congreso.

La respuesta quedó en evidencia en la noche del jueves. Mediante una estrategia de coalición como la que el mismo Uribe utilizó en su mandato, Santos logró que dos de los proyectos más enredados de su administración (la reforma a la justicia y el marco legal para la paz) tuvieran el aval el Congreso, cerrando con ello dos años de éxitos legislativos entre los que también se cuentan la ley que busca dinamizar la construcción de vivienda para los más pobres, la ley de víctimas y restitución de tierras, la reforma a las regalías, el plan para la sostenibilidad fiscal, el plan de desarrollo, la ley de seguridad pública y la resurrección de los ministerios que habían desaparecido, precisamente, durante la administración Uribe.

Es más, el gobierno Santos presentó durante su primer año 50 iniciativas a consideración del Congreso, de las cuales 46 fueron aprobadas. Aunque con menor cantidad de proyectos, la proporción de éxito es similar durante su segundo año.

¿Cómo lo logró? Santos se preocupó por mantener un discurso de integración o reconciliación (de unidad nacional, dice él) al mismo tiempo que puso en práctica sus habilidades para la negociación política, lo cual rápidamente le granjeó la solidez a sus mayorías en el Congreso. De esta forma, varias de las más representativas voces uribistas de ayer son hoy defensoras de los proyectos vitales de Santos, como ocurre con el senador Roy Barreras, quien resultó convirtiéndose en artífice del marco legal para la paz, el mismo al que tanto se opuso Uribe. Por supuesto, al ex presidente le quedan alfiles como el también senador Juan Carlos Vélez.

De semejante éxito en el legislativo se desprenden por lo menos dos conclusiones. La primera es que por muy popular que sea un presidente, la tiene muy difícil para mantener la solidez de sus huestes cando pierde la condición de primer mandatario, especialmente por el poder de negociación que adquiere desde su llegada al poder quien le suceda en el cargo. 

Eso es lo bueno para Santos. (Mientras no se convierta también en expresidente).

La segunda conclusión, sin embargo, es un reto para el Jefe de Estado. Ya no tiene excusa de que le faltan herramientas para sacar adelante sus propuestas de Gobierno. Las tiene todas, las económicas, las políticas, las jurídicas. Ahora debe ponerlas en práctica y demostrar que el Congreso no se equivocó al concedérselas. Volviendo a uno de los casos más sonados, el país no resistiría una nueva frustración en la búsqueda de la reconciliación y por eso el gobierno deberá cuidarse mucho de que la guerrilla no termine aprovechando las aproximaciones de paz (que según dijo este viernes el ministro del Interior, Federico Renjifo, aún no existen) para fortalecerse, o que un eventual acuerdo termine concediendo a los jefes de la subversión más beneficios de los que el ordenamiento jurídico actual permite.

Un escenario de esos no sólo podría agravar la situación de violencia en el país –lo cual es malo, ya está dicho, para el mismo país y también les daría vuelo nuevamente a las tesis de Uribe- sino que podría acelerar cuatro años el tránsito de Santos a la condición de expresidente. Y eso, aunque tampoco se atreva a reconocerlo por ahora, no está en las cuentas del mandatario colombiano.