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John Milton Rodríguez es una de las caras más representativas de Colombia Justa-Libres, un partido que fundó hace ya tres años y que cuenta con tres curules en el Congreso. Como senador cristiano, le ha hecho resistencia a la idea de que el aborto se despenalice por completo en el país. Su postura es una: abortar es «asesinar a niños en el vientre de una madre». Aunque el aborto es legal en solo tres situaciones, la discusión en torno a él se reabrió desde hace algunos meses y la Corte Constitucional estudiará este año si se despenaliza la práctica sin importar la circunstancia.
Se podría interrumpir el embarazo hasta las 16 semanas, si así lo termina decidiendo la Corte. Ante ese escenario, el parlamentario se pronunció alegando total rechazo a la medida que podría tomar el alto tribunal porque, según su concepto, atenta contra el artículo 11 de la Constitución, que habla del derecho fundamental del respeto a la vida. Por ello, presentará un proyecto de ley en marzo, cuando el Congreso empiece legislatura. Según Rodríguez, se trata de una iniciativa que podría darle alternativas a las mujeres que están en embarazo producto de acceso carnal violento, no consentido, o, en otras palabras de una violación.
El fallo de la Corte Constitucional que podría despenalizar el aborto está pendiente desde el año pasado y es uno de los temas principales por resolver en este 2020. ¿Por qué se pronunciaron apenas hasta ahora?
Siempre nos hemos pronunciado sobre ese particular. Hice una participación pública en plenaria del Senado de la República, explicando nuestro absoluto rechazo a ese tipo de iniciativas o conceptos que anunciaba la Corte Constitucional. Incluso, no solamente sobre este tema del aborto, sino sobre la solicitud de la reglamentación del aborto en los tres casos que, según la Corte, están despenalizados.
Rechazamos ese fallo porque el Estado no puede simplemente dar opciones para asesinar bebés dentro de un vientre como la única solución en situaciones extremas como es la violación de una joven o mujer. Se requieren otras medidas que defiendan la vida tanto de la madre gestante como del ser que lleva dentro.
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¿Ustedes conocen el fallo?
Todavía no tenemos el documento. Por esa razón estamos a la expectativa de que esa información se nos suministre para poder indicar y revisar los detalles. Pero hemos conceptualizado con argumentación jurídica el proyecto provida que presentaremos en marzo. Queremos que sea una opción para que las mujeres que quedan en embarazo por una violación se decidan por dar a luz a su bebé, en vez de abortar.
¿Pero no conoce las particularidades que presenta la Corte en ese fallo?
Exacto. Por eso nuestro proyecto de ley es independiente a lo que diga la Corte. Lo que planteamos es una opción provida que hoy no existe en la legislación colombiana. De tener un trámite exitoso, llevaría a que el Estado asuma su responsabilidad de acompañar y asegurar la vida de la mujer y del ser que lleva en su vientre, dado que en un principio no les garantizó la seguridad para que no sufriera atropellos.
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Usted menciona, como si tuvieran relación, los más de 8.600 homicidios que hay en el país anualmente y los abortos. ¿Por qué lo hace, si son dos contextos completamente distintos?
Porque en ambos se está violando el mismo derecho constitucional a la vida que es el artículo 11 de la Constitución. Entonces, tanto el homicidio que se comete en contra de una persona adulta, como el del bebé que se está formando en un vientre, incumple con ese mandato. Por esa razón vinculamos toda clase de atentados contra las personas nacidas y no nacidas.
Pero llama la atención que usted lo llama «asesinato de niños en el vientre», algo que es un delito. ¿Cree que las mujeres abortan porque quieren? Entendiendo los múltiples contextos que pueden llevar a tomar una decisión de esas.
Es que la ponencia que nosotros presentaremos dice que en ningún contexto se puede abortar en las primeras 12 semanas. El código penal está catalogado como un delito esa práctica. Por esa razón nosotros indicamos que es un asesinato. Pero hay que generar una jurisprudencia a lo que significa un derecho. El aborto no es un derecho y la «interrupción voluntaria del embarazo es un término distractor del lenguaje para ocultar lo que significa la palabra en concreto. También se dice que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, y claro que sí, pero no lo tiene sobre el cuerpo de otro ser, aunque esté dentro de ella. Esa sería una concepción muy injusta que más bien violenta el derecho de la vida humana desde la misma concepción.
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¿Por qué cree que las mujeres abortan?
Veo tres cosas. Primero, hace muchísimo rato no se informa a la población sobre lo que es un aborto, lo que es gráficamente ese procedimiento y los métodos absolutamente violatorios que se utilizan para llevarlo a cabo, como lo son la extracción, aspiración y fragmentación del cuerpo de un feto para poderlo sacar del vientre. Esa falta de información, concientización y documentación hace que las mujeres consideren que el aborto no es mayor problema y no tiene mayor lío. Y tampoco se ilustra las consecuencias psicológicas que vive una mujer en ese proceso.
Usted relaciona las agresiones sexuales contra mujeres con la posibilidad de abortar. ¿De dónde saca esa conclusión?
Hay una relación directa de la despenalización del delito e inmediatamente las acciones delictivas se incrementan porque se legitiman esas actuaciones.
El proyecto que usted radicará en marzo propone alternativas para que las mujeres que sufrieron de violación tengan alternativas para tener sus hijos. ¿Cuáles son?
La iniciativa da una opción provida a las mujeres que sufrieron de violación para que den a luz a sus hijos. El proyecto dicta que el Estado se hace responsable del embarazo en su forma integral de la atención de la madre gestante en todo el proceso para sanar las secuelas de una violación, que es una cosa terrible. Entonces, si la mujer escoge esta opción y le da la posibilidad de vivir a su hijo el Estado debe responder por ella para que ella vea que la opción no es abortar.
¿De dónde saldría el presupuesto para esa atención integral que sugiere?
Hay unos recursos para temas de atención y prevención de estos casos. Los recursos financieros nunca serán problema porque los derechos humanos serán siempre prioridad. Además, por el dinero no podemos limitarnos para abrir la conversación sobre esta realidad en Colombia que es dolorosa. Tendremos que generar fuentes de ingreso, disminución en los beneficios tributarios para las grandes empresas y entender que hay una crisis social que viven las mujeres violadas.
Además, el proyecto incluiría un componente educativo para difundir qué significa un aborto y la importancia de la vida, para tener por ella. Entender eso aportará a largo plazo a no atentar contra una mujer o una persona que esté indefensa.
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¿Por qué cree que una ley más haría la diferencia?
Somos un partido y una opción de poder para Colombia. No nos vamos a quedar únicamente en el Congreso. Tenemos que llegar al Ejecutivo. Hay que combinar la iniciativa legislativa con la voluntad política que garantice que se ejecuten esas leyes que promovemos.
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