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Según el movimiento político Colombia Humana, que fundó Gustavo Petro para impulsar su candidatura a la Presidencia en 2018, este año ha significado una verdadera cacería en contra de sus militantes y simpatizantes. El pasado 31 de enero marcó el inicio de una serie de atentados dirigidos contra sus integrantes, lo que ha llevado a que la organización considere que se ha orquestado un ataque sistemático para aniquilarla. En lo corrido de 2020 van ocho homicidios y las amenazas ya superaron el centenar. La Misión de Observación Electoral (MOE) argumenta que detrás de estos hechos no hay tinte partidista, pero más de diez testimonios de la colectividad recogidos por este diario hacen temer lo contrario.
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Desde que nació el movimiento, hace más de dos años, comenzaron los atentados contra sus miembros. En 2018 fueron asesinados tres de sus coordinadores (Gabriel Muñoz y Frank Rincón en Huila y Ana María Cortés en Antioquia) y la violencia solo escaló. Colombia Humana ya registra más de cien amenazas y once asesinatos, y 2020, de lejos, ha sido el período más violento. Esta oleada de crímenes inició en enero pasado, cuando sicarios asesinaron en Palmira (Valle) a Jonathan Borja e Iván Galindo, políticos de izquierda y excandidatos a la Alcaldía y al Concejo, respectivamente, de Candelaria (Valle), por la coalición Colombia Humana-Unión Patriótica y Polo Democrático.
Ambos denunciaron actos de corrupción que enlodaban la gestión del exalcalde de Candelaria entre 2016 y 2019, Yonk Jairo Torres. Lo inquietante es que, según denunció el excandidato a la Alcaldía de Florida, Rayan El Barkachi, Borja y Galindo solicitaron infructuosamente protección del Estado tras empezar a recibir amenazas. Las autoridades aseguraron que tenían videos y hasta las huellas de los asesinos, pues estos se subieron al vehículo Kia color gris en el que se movilizaban los políticos, pero luego de nueve meses, todo lo que se conoce es que hay un hombre detenido, quien pertenecería a una banda que delinque en Palmira, y que las denuncias que hicieron las mismas víctimas están en indagación.
El 24 de abril fue el segundo golpe. Ese día asesinaron a Alejandro Llinás en la vereda Calabazo, zona rural de Santa Marta (Magdalena). Hombres armados lo ultimaron dentro de su propia casa, luego de que el ambientalista denunciara públicamente que paramilitares instalaron peajes ilegales para entrar a la zona. Además, había advertido que, usando una empresa relacionada con temas de fauna y flora como fachada, actores ilegales transportaban turistas, lo que a su vez evidenciaría la posible construcción o administración sin permisos de un complejo hotelero cerca al Parque Tayrona, en un terreno que colindaba con el suyo, que es además zona protegida.
Según dos fuentes de Magdalena Humana, Llinás no era propiamente un militante activo, pero mostraba liderazgo en la defensa por la vida en el sector que habitaba y en proyectos comunitarios, como un programa de cultivo de moringa y la idea de iniciar un esquema de turismo ecológico. En las elecciones de 2019, fue candidato a edil por la coalición Colombia Humana-UP, “pero por temas de presión renunció, pues se sentía amenazado”, narró un allegado, quien reveló que en una conversación sostenida dos horas antes del asesinato, Llinás le contó que estaba asustado y se quería ir a Cuba a descansar. La violencia se metió a la fuerza a su casa antes de que pudiera siquiera comprar los tiquetes.
“Se sentía desamparado y sin respuesta a sus denuncias por parte de las autoridades. Antes de que lo mataran me dijo que vio personas merodeando su casa”, relató una fuente, que pidió reserva de su nombre y expresó que, después del crimen, se siente en peligro. “Creo que es una sentencia de muerte si piso Calabazo. Con Alejandro pensamos en poner cultivos caseros, huertos comunales y enseñar esto a los niños; pero ya no puedo llegar a ese sector ni abordar a las personas, pues me identifican como parte de Colombia Humana y nos tienen perfilados. El gran trabajo es lo que hacemos en nuestro territorio, pero los paramilitares no quieren que lo hagamos, entonces nos mandan un mensaje con su homicidio”, manifestó.
El temor no es infundado. Según la Fiscalía, por este caso hay dos personas capturadas: una de ellas es un presunto integrante de las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta —derivada de Los Pachenca—, identificado como Adán Romero Pérez, alias el Grande o Chucky. La otra, cuya identidad no ha sido revelada por el ente investigador, ya fue imputada y permanece privada de la libertad.
Casi dos meses después, el 27 de junio, a los familiares de Ovidio Baena se les vino el mundo abajo cuando se enteraron de que este había sido asesinado a golpes en su finca, ubicada en el corregimiento de Macayepo, Montes de María (Bolívar), una zona que hasta hace poco estaba bajo dominio completo de los paramilitares. El rol político y social de Baena era conocido y desde hace años recibía amenazas. Como líder de la Unión Sindical Obrera (USO), entre 2005 y 2007 aspiró a la Alcaldía de Coveñas (Sucre), “pero la gente del pueblo le dijo que no se metiera en eso porque lo iban a matar”, comentó un pariente. Acató la advertencia y se alejó del escenario político, sin desvincularse del todo.
En 2018 impulsó la campaña presidencial de Petro en Coveñas y, según contó la fuente, se dedicó a “asesorar por debajo de cuerda a campesinos que necesitaban registrar tierras de Macayepo”. Luego del asesinato, la familia de Baena se enteró, entre otras cosas, de que desde el año pasado recibía amenazas y que impidió el reclutamiento de personas por parte de los paramilitares. “Él sacó a dos muchachos reclutados y les dio trabajo en la finca, les dijo que había un futuro mejor. Luego les dio dinero y los sacó del territorio. Le advirtieron que se estaba metiendo en lo que no le importaba”, agregó el allegado. Hoy su núcleo familiar tiene vigilancia permanente, pues ha sido blanco de amenazas.
En octubre, la ola de violencia en contra de simpatizantes de Colombia Humana, lejos de menguar, arrasó con las vidas de cuatro hombres vinculados al movimiento. El primer día del mes se conoció el homicidio de Campo Elías Galindo, profesor de la Universidad Nacional, quien a sus 69 años fue atacado con arma blanca en su apartamento, ubicado en Medellín. El congresista León Fredy Muñoz narró que, cuando lo encontraron, colgaba de su pecho un libro. “Volvemos a la época cuando acaban y matan por tener una posición distinta a la del gobierno de turno. No solo hay masacres y asesinatos a líderes sociales, sino que exterminan a quien piense distinto”, dijo el senador en Twitter.
(Lea: Asesinan a Campo Elías Galindo, historiador y líder político de Medellín)
En efecto, Galindo fue coordinador de la Colombia Humana en Antioquia y su nombre había resonado luego de que denunciara, en un blog, las responsabilidades políticas en la crisis de Hidroituango. La hipótesis principal que está manejando la Fiscalía sobre el crimen es de “motivos pasionales”, manifestó el ente investigador, y hay una mujer capturada, Lina Marcela Pérez Álvarez, a quien hace un par de días le imputaron cargos por homicidio agravado y hurto calificado; los cuales no aceptó. La entidad afirmó que en su vivienda encontraron un celular y un computador que le habían hurtado el catedrático, además de ropa y zapatos que hoy analiza Medicina Legal.
El 20 de octubre, Colombia Humana perdió a dos miembros más: Eduardo Alarcón Córdoba fue asesinado en la vereda Las Vueltas, municipio de Campoalegre (Huila), y Gustavo Herrera en la vereda La Cabrera, vía Popayán-Coconuco (Cauca). El primero, de 72 años, fue un reconocido líder agrario durante más de cinco décadas y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Desde allí logró que la nación entregara parcelas sin costo a los cultivadores de arroz, impulsó la reforma agraria en el Huila y estaba gestionando parcelas en largas extensiones de tierra en Putumayo y Casanare. A pocos pasos de su vivienda, dos hombres acallaron su voz con cinco tiros.
Su actividad política fue conexa a su lucha social. Inició en el Partido Liberal y luego militó en la UP, pero se mantuvo al margen de este último durante el exterminio de sus miembros. Luego se incorporó al Polo y, como petrista, acompañó al senador en la creación de Colombia Humana en 2018. “Él estaba convencido de que una reforma agraria era fundamental para arrancar la paz”, refirió un allegado suyo, quien también hace parte de Colombia Humana y pidió reservar su identidad. Esta persona, junto con dos miembros más en el Huila, coincidió en que el homicidio de Alarcón Córdoba está ligado a su militancia, pero, sobre todo, a su lucha agraria.
“Al compañero lo mataron por la lucha que representa. Él pudo haber sido del Polo o la UP, pero lo hubieran matado igual por la labor que venía desempeñando”, reiteró su pariente. Mientras, otro líder del Huila agregó que es una forma de intimidar las banderas progresistas de la política alternativa. No obstante, ambos creen que los autores del delito provienen del sur del país, donde Alarcón Córdoba también era activo. “En Campoalegre ya no hay terratenientes como en 1960. Este fue el epicentro de la reforma agraria y toda la tierra está parcelada, cada campesino tiene entre siete y once hectáreas. Creo que las amenazas vienen de afuera, donde sí hay tierras aún para repartir”, dijo uno de ellos.
Ese mismo día, un hombre interceptó a Gustavo Herrera en la vereda La Cabrera, justo cuando llegaba a visitar una fábrica de su propiedad. El desconocido llamó su atención cuando se encontraba en su vehículo y, en cuestión de segundos, disparó. El abogado y empresario iba en compañía de su hermana, quien presenció el ataque y vio cómo la vida de Gustavo se apagó de un momento a otro. Cuando llegó al centro médico adonde fue trasladado, ya estaba muerto. “Fue un golpe durísimo para la familia. Él nació en un barrio popular, le tocó muy duro y logró alcanzar el éxito, pero nunca dejó el activismo político”, le contó a El Espectador un allegado, quien prefirió omitir su nombre.
Herrera fue gerente de la campaña presidencial de Petro en 2018 en el Cauca y el año pasado se lanzó al Concejo de Popayán por la Colombia Humana, pero no le alcanzaron los votos. Además, era conocido en la región como un próspero empresario y líder social. “Él conocía una necesidad y evaluaba qué podía hacer, siempre tenía respuesta para quienes le pedían ayuda. No andaba en carros blindados, ni con esquemas de seguridad, porque no le debía nada a nadie. Le gustaba el diálogo, era un hombre tranquilo. La familia quedó aterrada, no sabemos si es algo relacionado con negocios o si es político, pero él toda la vida fue militante de izquierda y nunca ocultó su procedencia”, agregó el familiar.
(Conozca: A la cárcel el hombre señalado de asesinar a Gustavo Herrera, líder de Colombia Humana)
Amenazas y más amenazas
La organización Colombia Humana está convencida de que estos homicidios muestran que hay sectores que quieren acabar la vida política del movimiento, ahora con más ahínco, pues empieza la época preelectoral. “El miedo al cambio que encarna Colombia Humana está generando un exterminio. Matan a algunos para que todos nos quedemos callados”, recalcó Andrés Hernández, vocero en este tema de la organización. Agregó que en octubre aumentaron dramáticamente los casos, quizá porque “todo se está reactivando —tras una larga cuarentena por la pandemia— y los militantes están regresando a su labor de veeduría”.
Por su parte, la MOE (Misión de Observación Electoral) no cree que se trate de un ataque sistemático; sin embargo, reconoce que cerca al periodo de los comicios suele incrementarse la agresividad contra los tipos de liderazgo. Según Diego Rubiano, investigador de violencia política de la MOE, aunque es preocupante la situación de Colombia Humana, es reflejo de un panorama generalizado de lo que está ocurriendo en el resto del país. “El patrón que encontramos es el mismo: la afectación contra líderes sigue siendo complicada contra el espectro político. Tenemos alcaldes del Partido Conservador y del Centro Democrático amenazados. Y si nos vamos a los líderes sociales es mucho más alarmante”, afirmó.
Mientras se discute qué es lo que está pasando puntualmente con Colombia Humana, las amenazas persisten en los territorios. Sus miembros le reiteraron a este diario que gran parte de la base del movimiento está conformada por personas que han defendido diferentes banderas sociales a lo largo de su vida. Por ello, no se puede separar la militancia en la organización petrista de la lucha social. Así lo expresan allegados a Nelson Armasto, excandidato a la Alcaldía de San Sebastián (Magdalena). Armasto es adepto a la línea política de Gustavo Petro desde la década de los 90, fue concejal en 1995 por la Alianza Democrática M-19 y desde esa época recibe amenazas por su actividad política.
En las elecciones de 2019 aspiró a la Alcaldía, pero amenazas en su contra “por guerrillero” le impidieron retornar a su región. “Le tocó hacer campaña desde Bogotá para un pueblo que no tiene internet”, dijo una fuente. “Armasto —quien no ganó las elecciones— pensaba volver este año, en marzo, pero aparecieron nuevas amenazas en el cementerio de San Sebastián: un letrero que decía que él era objetivo militar del comando Galindo de las Auc”, describió un compañero de Magdalena Humana, al parecer a raíz del acompañamiento que Armasto ha brindado a campesinos y por sus denuncias sobre corrupción. “No nos matan por ser de Colombia Humana, sino por las denuncias que hacemos desde nuestra militancia”, concluye.
A Luis Ernesto Olave, la lucha por el territorio y su postura política le costaron el exilio. Desde 2014, cuando sufrió el primer atentado, se ha visto obligado a salir del país dos veces por cuenta de las amenazas que ha recibido del Eln en Quibdó y de las Auc. Este año no ha podido volver al Chocó, de donde es oriundo. Su causa se ha enfocado en la defensa del territorio y la comunidad y, en ese sentido, ha denunciado la minería ilegal, el desplazamiento forzado y las rutas del narcotráfico en la región. “Pero la cosa se puso más complicada después de haber coordinado la campaña de Gustavo Petro en el Chocó, en 2018”, aseguró Olave.
“No he podido volver desde enero y estoy encerrado con mi familia. Si tengo protección es gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y los congresistas de oposición, porque me la querían quitar. He hecho denuncias internacionales mostrando que no hay garantías para la oposición en el país y estoy convencido de que la persecución es una forma de callarme”, afirmó el líder social, quien asegura haber tenido desavenencias con Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA. El último, indicó, ocurrió en octubre pasado, cuando Ordóñez “dijo ante la OEA que el reclutamiento de niños por paramilitares no hacía parte de la problemática de desprotección en territorios”.
Hay más casos. Están los mensajes de muerte que recibió Hernán Ospina, vocero de la juventud de Colombia Humana en la minga, mientras acompañaba a la población indígena en Bogotá. O el panfleto que circuló en La Guajira dirigido a la militancia de Colombia Humana. “Nombran a Luis Darío Ortiz, que estuvo en la mesa directiva del paro que bloqueó por veinte días la vía de Riohacha a Cesar; Fabio Herrera, líder sindical; y Orlando Castro, asesor de procesos de gente vulnerada por la institucionalidad. Todos son de Colombia Humana, pero los ataques parecen más por sus luchas conexas”, señaló Ruth Zubiría, excandidata al Concejo de Riohacha de la convergencia Colombia Humana-UP.
“Asustando a uno están golpeando a los que nos siguen, impidiendo que crezca la militancia”, dijo un líder de Magdalena Humana. En últimas, la frase ilustra el contraste de lo que está pasando: el miedo y la zozobra de los líderes sociales y políticos no impide del todo que realicen sus actividades, lo que no quiere decir que las intimidaciones pasen de largo, pues sí limitan sus liderazgos y los aleja de las comunidades: “Nos hemos encerrado porque no hay garantías”, es el escenario que expone Colombia Humana en el Cauca y que aqueja a muchos de sus militantes no solo en ese departamento, sino en varios más, como lo reflejan estos testimonios.
¿Qué dicen las autoridades?
El comandante del Cuerpo Élite de la Dijín de la Policía Nacional, coronel José Restrepo Villamil, quien está al frente de la investigación de los homicidios mencionados, le dijo a El Espectador que “no existe entre los crímenes un factor común que permita inferir que se trata de un ataque sistemático para afectar al movimiento político como tal. A las personas capturadas no las hemos podido caracterizar como vinculadas a una estructura criminal como Pelusos, Clan del Golfo, Eln y demás; son personas que pertenecen a bandas pequeñas con poder local, a quienes las víctimas en algún momento se les convierten en un obstáculo para sus intereses”.
Agregó el oficial que “en una verdadera democracia, a los primeros que se les deben garantizar los derechos es a la oposición” y, en ese sentido, que las personas capturadas por estos crímenes demuestran el trabajo de sus hombres de cara a esclarecer las circunstancias que han rodeado los crímenes. Explicó que la razón por la cual el Cuerpo Élite asumió los casos obedece a que, tal como quedó establecido en los Acuerdos de Paz, esta unidad policial, junto con la Fiscalía, está encargada de investigar amenazas, homicidios o cualquier afectación que se genere contra la población objeto del Acuerdo de Paz; es decir, líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes políticos o reincorporados de las Farc.
El Cuerpo Élite también indaga 22 amenazas a través de panfletos, redes sociales o mensajes de texto contra personas que tienen algún nexo con la Colombia Humana. “Los casos de amenazas no han sido fáciles, porque ahora con la tecnología cualquier persona puede coger logos de alguna estructura criminal, relacionar personas que se constituyen en una incomodidad y crear un panfleto intimidatorio para generar pánico. Sin embargo, las capacidades instaladas en el centro cibernético policial nos han ayudado en ese aspecto”, señaló el coronel Restrepo insistiendo en que sí hay resultados y que, a la fecha, hay un 60 % de avance investigativo en los asesinatos a líderes sociales en general.
El Espectador también consultó a la Fiscalía, la cual explicó que las investigaciones por estos homicidios contra integrantes de la Colombia Humana se están realizando en el marco de la estrategia que cobija delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en el país. De acuerdo con las respuestas del ente investigativo, una de las líneas de acción de dicha estrategia es “tener como primera hipótesis de trabajo que el hecho ocurrió por la labor de defensa de los derechos humanos que desarrollaba la víctima”. De ello se puede inferir que, para la Fiscalía, estos crímenes son consecuencia de la vocación social de las víctimas y no de su militancia en el movimiento de Gustavo Petro.
Si bien la Fiscalía entregó un pequeño balance de cómo van las pesquisas en varios de los casos mencionados, no dio cuenta de si los ataques contra la colectividad representan una preocupación especial para la entidad o si se maneja la hipótesis de persecución política. Tampoco se aclaró si algún delegado de la Colombia Humana se ha reunido con el fiscal Francisco Barbosa. Quien sí ha entablado un diálogo para revisar estos crímenes es la ministra del Interior, Alicia Arango. Su cartera, con ella a la cabeza, se sentó con la coalición Colombia Humana-UP y MAIS, pues los dos últimos partidos también tienen militantes amenazados.
La alta funcionaria se comprometió a analizar cada caso, tomar medidas urgentes y avanzar en el programa de protección colectiva para garantizar seguridad a la oposición en su ejercicio político. Del encuentro, los partidos alternativos concluyeron que la activación de ese programa de protección, ordenado en el Artículo 30 del Estatuto de Oposición, indispensable para abordar la problemática, se está quedando, por ahora, en buenas intenciones. Sin más alternativa, Colombia Humana dice que, ante las insuficientes respuestas del Estado y la violenta opresión a la que están siendo sometidos sus miembros, acudirá a instancias internacionales para salvaguardar las vidas de sus militantes.
Revise en esta infografía el acumulado de asesinatos que ha sufrido el movimiento Colombia Humana en lo corrido de 2020:
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