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A menos de 14 días para que finalice la legislatura, la oposición juega sus últimas cartas para hundir las reformas del gobierno de Gustavo Petro. La semana envuelta en señalamientos de buscar una reelección, mociones de censura propuestas y recursos legales radicados contra las iniciativas del oficialismo, termina con el jefe de Estado tratando de suavizar su discurso cuando a sus proyectos se les acaba el tiempo para surtir los debates que les falta.
Las mociones de censura contra los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo; de Minas, Andrés Camacho; del Interior, Luis Fernando Velasco; de Defensa, Iván Velásquez; y de Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez habrían sido la primera jugada de la oposición. A ella se suma la acción popular radicada el pasado 29 de mayo por el Centro Democrático para “la suspensión inmediata del trámite legislativo” de las reformas pensional, laboral, a la educación y el “proyecto de ley para crear la Empresa Colombiana de Minerales, Ecominerales”. Aunque no es mencionado, otro proyecto del Gobierno también está siendo tramitado en el Congreso con “mensaje de urgencia”: la iniciativa, con la que el Gobierno es más optimista, ampliaría el cupo de la deuda hasta los US$17.607 millones (un poco más de $68 billones).
El recurso pide que esta suspensión se mantenga hasta que “haya un pronunciamiento judicial que aclare las graves denuncias de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)”, hechas por uno de sus exsubdirectores, Sneyder Pinilla, quien aseguró que funcionarios del Ejecutivo y congresistas de la cúpula del Congreso tendrían las manos untadas en el esquema. Este viernes, el ministro Velasco, supuestamente implicado en el escándalo y quien ha negado los señalamientos en su contra, dio su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia.
“Esta diligencia no tiene nada que ver con una investigación en mi contra. Es una diligencia en donde me preguntan sobre lo que a mí me consta”, indicó a la salida del tribunal. “Yo nunca he dado una orden ilegal. Yo nunca ordené entregarle dinero a alguien y en torno a eso, de alguna manera, se presentó esta diligencia”, añadió.
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Los recursos legales de la oposición no se acabarían ahí. Todavía cuentan con la posibilidad de tomar el mando en el Legislativo para definir el orden del día, una figura de participación en la agenda de las corporaciones públicas que les fue dado por el artículo 19 del Estatuto de la Oposición y que estarían buscando usar en estas semanas. Faltará saber si tomarán esa oportunidad para citar las cinco mociones de censura, que tienen que esperar el plazo perentorio de 10 días para ser agendadas, y que podrían no resultar exitosas, como ha sido el caso con estos recursos presentados en ocasiones pasadas.
El oficialismo no se ha quedado quieto para tratar de reagrupar sus causas frente a una legislatura a la que se le acaba el tiempo. Una reunión ocurrió este viernes en la Casa de Nariño con algunos integrantes de la bancada del Pacto Histórico, la cual no estaría tan contenta con el presidente por no generar espacios de diálogo con sus copartidarios. Aunque no son claras las conclusiones de esa reunión, a la que no pudieron asistir varios congresistas por cuenta de compromisos en sus regiones, lo cierto es que tendrán que ajustarse el cinturón para comenzar a dar la pelea en varios frentes en el Legislativo, al menos en dos: la Comisión Primera de Senado, donde se discute la reforma a la educación, y la Cámara de Representantes, en donde se espera el visto bueno para la reforma pensional.
Petro, por su parte, tras hablar de un “golpe blando” en su contra, una “ruptura institucional” y una propuesta de constituyente, estaría tratando de suavizar su discurso. Después de la afirmación que causó un revolcón en la política el pasado 15 de marzo en Cali, donde aseguró que “Colombia tiene que ir a una asamblea constituyente” si el “gobierno elegido popularmente no puede aplicar la Constitución”, ahora explicó que se refería en realidad al “poder constituyente”, que es el “poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización”.
Desde ese revolcón, el discurso ahora estaría encaminado hacia una convocatoria “al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse y a tener poder”. Sus propios funcionarios han dicho que una asamblea no está entre lo que ha considerado el Gobierno: “Se deben buscar los mecanismos que están en la ley, de ahí no nos movemos. Lo que veo es un tema de discusión política que enriquece la democracia, pero no algo que se vaya a radicar en el Congreso”, afirmó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en La W.
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El tono es diferente e incluso ha negado tajantemente cuestionamientos de que su Gobierno estaría intentando alargar su período presidencial o tratar de reelegirse. El mismo ministro de Justicia aseveró que tiene “la certeza de que el presidente rechaza la elección” y agregó que él tampoco secundaba esa posibilidad. Ahora, el Ejecutivo ha puesto en la mesa entablar un diálogo con esos sectores más distanciados de su proyecto político, si bien no de la misma línea del acuerdo nacional con varios sectores políticos que propuso en campaña y que se vino abajo, como él mismo lo ha reconocido.
“Tenemos que descriminalizar el ejercicio político. ¿Qué es un partido político? Es una correa de transmisión entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas del Estado. ¿Quiénes son los que más pueden mover esa correa de transmisión? Pues los representantes de los partidos políticos que todo el día hablan con el Gobierno. ¿Cómo se llaman? Congresistas. Entonces nosotros tenemos que regularizar. Lo que pasa es que en Colombia fuimos criminalizando y casi que volviendo clandestina la relación política. Este país necesita más ejercicios de diálogo, de debate, perder el miedo a que unos ciudadanos representen a otros ciudadanos”, afirmó Velasco este jueves.
Aun así, la oposición tampoco está tan dispuesta a conciliar, ni siquiera frente a la invitación del ministro a que “den el debate” de las reformas. Su claro rechazo a las reformas, que llaman “inconvenientes e ilegales”, también se evidencia en declinaciones a estos llamados del Gobierno. El director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chufji, respondió a la invitación del ministro del Interior a trabajar por las iniciativas diciendo que es “difícil (…) sentarse a dialogar con quien ‘viendo no ve, oyendo no oye, ni entiende’”.
Esas peleas también ocurren desde otros frentes, como el judicial, que tampoco es ajeno a los enfrentamientos que se desarrollan en el Legislativo. Este viernes se dio a conocer la denuncia penal que interpuso el Centro Democrático en contra de Wilson Arias ante la Corte Suprema de Justicia. Esto ocurrió después de que varios legisladores de la oposición hubieran en redes sociales su rechazo a las declaraciones del congresista, quien, según el comunicado del partido, habría cometido los delitos de instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, hostilidad militar, sedición y conspiración.
“El Centro Democrático rechaza las declaraciones públicas y en redes sociales del senador Arias, incitando a grupos armados ilegales a defender al gobierno, dejando entrever que se promuevan acciones que amenazan la seguridad y estabilidad de nuestra democracia, la Constitución y el Estado de derecho. La invitación a la violencia y el uso de la fuerza se constituyen en una violación al marco legal que reglamenta sus funciones como servidor público”, se lee en el texto.
Arias señaló que se trató de una acusación basada en fake news, pues él nunca había hecho tales declaraciones. Además, dio a entender que se trataría de una retaliación por la denuncia que hizo él mismo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la financiación de Keralty, la multinacional española que es duela de Sanitas, a campañas de la oposición y sectores independientes en las elecciones del 2022.
Esa denuncia que hizo áreas ante el órgano electoral ocurrió en medio del debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y en la que tres congresistas que habían firmado la ponencia negativa de la iniciativa—Norma Hurtado Sánchez (Partido de la U), Honorio Miguel Henríquez Pinedo y Josué Alirio Barrera (ambos del Centro Democrático)— fueron recusados por el mismo tema. En ese entonces, las críticas llovieron hacia el congresista por cuenta de lo que parecería una movida para cambiar el resultado de la votación, pues la iniciativa estaba virtualmente hundida en la Comisión Séptima.
El congresista aseguró que la denuncia que hizo ante el CNE se trató de un deber que tenía que cumplir como congresista y ciudadano, pues esta financiación estaría en contra de la Constitución. Sin embargo, esta denuncia de la oposición se trataría más bien de “una acción jurídica que quiere consolidar un daño reputacional en su contra”, pues no tendría ningún fundamento jurídico y es “llevar a la baranda judicial a quien creen contrincante”.
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Esos señalamientos de un “bloqueo” o “ruptura institucional” se lanzan de lado a lado. Mientras que el Gobierno y el oficialismo cuestionan a la oposición por no permitir que las reformas sociales que fueron elegidas en los comicios del 2022 con la victoria de Petro sean debatidas, aquellos que se oponen al proyecto político del “cambio” apuntan el dedo contra el Ejecutivo por, presuntamente, no garantizar la independencia de las ramas del poder que investigan a su gobierno.
De todas formas, varias cosas quedan pendientes en el Congreso, que probablemente tendrá que agendar sesiones extraordinarias para poder dar respuesta a todas las iniciativas que se cocinan en su interior. En estas tres semanas que restan para el 20 de junio, cuando finaliza la legislatura, las agendas tendrán que incluir los dos debates restantes de la reforma a la educación, uno en Comisión Primera de Senado y otra en plenaria; la finalización del primer debate en Comisión Séptima de Cámara de la reforma laboral, la cual tiene 16 artículos aprobados desde diciembre, pero no ha podido avanzar; las cinco mociones de censura y la última discusión de la reforma pensional, que se retomará esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes y es la victoria sobre la que el Gobierno tiene puestas sus esperanzas después del traspiés de la reforma a la salud, que todavía no ha vuelto al Congreso después de hundirse.
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