La papa caliente en el CNE

Que no tiene dientes, que carece de peso, que no posee las herramientas necesarias y que es un órgano completamente politizado. Fueron varios los argumentos en contra que salieron al ruedo luego de que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, compulsara copias al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que investigara el presunto ingreso de millonarios pagos por parte de la firma brasileña Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos y a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. “Lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas electorales es algo de lo que la Fiscalía carece de competencia, por eso se compulsaron copias al CNE, que es la institución que hará la investigación” , dijo el jefe del ente acusador.

En efecto, según lo establece la ley, el CNE es el encargado de intervenir en controversias de asuntos electorales y, tal como lo explicó el presidente de la corporación, magistrado Alexánder Vega, tanto en el caso de la campaña de Santos como en el del ingreso de dineros —también de Odebrecht— a la campaña de Zuluaga, la investigación tendrá un carácter puramente administrativo (no penal) y estará enfocada en dos líneas de acción: por un lado determinar si deliberadamente se omitió información en el reporte de gastos de las campañas, y, por el otro, comprobar si hubo o no incumplimiento del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la financiación a partidos, movimientos políticos y campañas de fuentes “que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras”. En caso de que se compruebe el ingreso de dichos dineros, habría que abrir una nueva investigación para determinar si hubo violación al régimen de topes para la financiación de campañas.

Con el tiempo corriendo y la mirada inquisidora de la opinión pública encima, el CNE comenzó a trabajar a toda marcha para avanzar en las pesquisas y designó ayer como ponentes de las investigaciones al magistrado Carlos Camargo, para el caso de la campaña de Zuluaga, y a la magistrada Ángela Hernández Sandoval, para el caso de la campaña del presidente Santos. Ellos serán los encargados de reunir las pruebas necesarias —con el apoyo institucional de la Fiscalía— para elaborar la ponencia y presentarla a consideración de la sala plena del CNE, que determinará el veredicto final. Los temas sancionatorios serán determinados por los mismos ponentes y se vinculará a los gerentes de las campañas como primeros actores dentro de la investigación.

El trabajo conjunto con el ente acusador comenzará de inmediato, según reveló Vega. La próxima semana, el fiscal general y los ponentes en el CNE viajarán a Brasil con el objetivo de recoger nuevas pruebas para sus investigaciones. La idea, conoció El Espectador, es recoger el testimonio de Duda Mendonça en lo que tiene que ver con la campaña del Centro Democrático y tratar de verificar si Odebrecht dio la orden o no de que se giraran dineros a la campaña del presidente Santos.

Aun así, a pesar de los avances del CNE para iniciar las investigaciones, son varios los sectores que consideran que el organismo no tiene la capacidad para adelantar una investigación de semejante envergadura, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y las múltiples implicaciones que ha tenido y tiene el caso Odebrecht. Sin embargo, el magistrado Vega fue enfático al señalar que por tratarse de una investigación de carácter administrativo, no tiene la complejidad de una denuncia penal y, por lo tanto, el CNE está en toda su capacidad para asumir la tarea. “Para tranquilidad de la opinión pública, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia, pero además tiene los medios reales y efectivos como lo hemos dicho en anteriores veces para investigar esta presunta falta sobre el régimen de financiación política. El país quiere respuestas y van a existir”, sostuvo.

La otra duda que genera el papel del CNE, puntualmente en la investigación del caso de la campaña Santos Presidente, tiene que ver precisamente con el carácter político de la corporación, pues los nueve miembros que integran el Consejo son elegidos por el Congreso de la República mediante el sistema de cifra repartidora previa postulación de los partidos políticos. Sobre el tema, Vega aseguró que existen todas las garantías para que la investigación se adelante con total transparencia. “No se puede decir en lo absoluto que el Consejo Nacional Electoral, por su origen político, tiene algún tema para interferir en el caso. Ya el Consejo ha demostrado en otras ocasiones equilibrio, transparencia e independencia. En el mismo caso del resultado del plebiscito, por ejemplo, fue claro. Se presumía que podía haber manipulación de la Registraduría o de la organización electoral, y el resultado se dio en aras de la transparencia. Este caso será llevado con las mismas calidades. Las garantías están dadas y vamos a respetar el debido proceso de ambas campañas”, recalcó el presidente del CNE.

Por ahora se espera que los resultados de la investigación se conozcan lo antes posible para que, como lo enfatizó el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en la red social Twitter, salga a la luz pública toda la verdad en el caso Odebrecht.

Y mientras eso pasa, en el mundo político las reacciones continúan. Ayer, el pleno del gabinete de Santos —encabezado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras— cerró filas alrededor del jefe de Estado cuestionando la veracidad del testimonio de Otto Bula. “Resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la de 2010”, señala un comunicado suscrito por 16 ministros y cuatro altos consejeros, entre otros.

En la misiva, los firmantes insisten en que los libros contables de la campaña registrados ante el CNE muestran claramente que no se recibió dinero de particulares, pues la totalidad de la financiación se realizó con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la ley. “Confiamos que el Consejo Nacional Electoral, entidad competente para investigar este tipo de acusaciones, ahora avance rápidamente en las investigaciones para concluir con la verdad de este episodio”, concluye el texto.