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Félix Antonio Muñoz Lascarro, más conocido como Pastor Alape, fue quien reemplazó a Jorge Briceño, el Mono Jojoy, en el Secretariado de las Farc tras su muerte, en 2010. Por eso, fue también protagonista de los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, que terminaron en la firma del Acuerdo para el fin del conflicto el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena. El mismo que perdió en el plebiscito y que tuvo que ser renegociado.
Cuatro años después, mientras defensores del Acuerdo conmemoran hoy la fecha con un encuentro internacional vía internet, Alape reflexiona sobre la batalla por la paz que libran desde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido que surgió tras la desmovilización; de los obstáculos en la implementación y de la necesidad de que surja la verdad como catarsis para la sociedad.
Uno de los temas más complejos tras la firma es la seguridad. ¿Qué lectura hace de los asesinatos de desmovilizados?
Hay preocupación en las directivas del partido. Son 228 asesinatos desde la firma del Acuerdo y a la hora de llevar el aliento a los integrantes, lo ven con mucha desconfianza. Sentimos que el Estado no está cumpliendo en proteger nuestras vidas. Sin embargo, la gente aún tiene esperanza y confianza para que esto cambie. De ahí que a diario sigamos reclamando por la implementación de lo pactado.
¿Quién los está matando?
No se puede señalar de dónde vienen las balas, entre otras, porque son el Gobierno y la Fiscalía los que deben darnos respuestas. Hay temor, los esquemas de seguridad son reducidos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) está muy limitada. Creemos que esta es una política sistemática para tratar de acabar con el Acuerdo. Hay mucha polarización y se ha dado una estigmatización por parte de algunos sectores, no solo contra los exguerrilleros sino también contra líderes sociales, campesinos, negritudes, indígenas, defensores de derechos humanos y promotores de paz.
Lo más grave es que el Estado no ha llegado a los sitios donde teníamos presencia, y sí lo ha hecho, a su manera, con fuerza pública, con Ejército y Policía. Lo que planteamos es que hay que llegar con presencia interinstitucional y el desafío está en reincorporar el Estado a esas zonas marginales. Es la única manera de que la paz sea una realidad.
Decía esta semana el presidente Duque ante la ONU que sí se les está cumpliendo a los desmovilizados…
El tema no es a cuántos les están cumpliendo con un recurso mensual, se trata de responderle al país y al Acuerdo, que no es solo para exguerrilleros, sino también para víctimas, para la sociedad y para regiones marginadas.
¿Qué tanto daño a la confianza en el proceso hizo la disidencia de “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”?
Ese ya es un capítulo definido. Ellos tomaron una decisión, no la compartimos, y creo que tenemos un escenario real para debatir, así sea con los muchos riesgos que ello implica. De hecho, la paz es un riesgo igual al de la guerra, donde se puede ser dado de baja, herido o capturado. Ahora corremos el riesgo de ser asesinados y estamos expuestos a que fuerzas reaccionarias nos envíen a morir en una cárcel en los Estados Unidos. Pero es el riesgo de la paz y fue a lo que nos comprometimos.
¿La intención del uribismo de reformar a la JEP hace parte de esa intención de acabar el Acuerdo?
Los gobiernos anacrónicos tratan de ajustar la ley siempre hacia el pasado, no hacia la modernización ni a recoger nuevos derechos y visiones de democracia y de libertad. Nos estamos enfrentando a los sectores más retrógrados del país. Pero eso será otra derrota para ellos en el Congreso, como pasó con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.
¿Una ley de punto final sería una opción para cerrar tanta violencia y arrancar de cero?
En el Acuerdo establecimos un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para poder cerrar el conflicto, no a partir de un punto final y cuenta nueva, sino en términos de justicia. La idea es que, a partir de la construcción de la paz, después no entráramos en procesos como los que les ha tocado, por ejemplo, al M-19 o a militares y otros agentes del Estado, que fueron amnistiados y posteriormente llegaron procesos contra ellos.
Lo que buscamos es que todos los actores del conflicto respondan: los institucionales, los estatales y los que enfrentamos al Estado y obviamente los terceros. Eso fue lo que planteamos, aunque desafortunadamente sacaron a los de la línea de mando del Ejército y a los terceros, y ahí estamos en ese debate. Nunca la contemplamos porque generaría mucha impunidad y no va a permitir sanación. Tenemos que conocer todas las verdades para armar el rompecabezas: la de empresarios, militares, quienes crearon y armaron a paramilitares, y todas las cosas que tenemos que decir en las Farc. Esas verdades tienen que conocerse para construir nuestra historia verdadera, con un objetivo principal: no repetirlo.
¿Hay temor en algunos sectores de que se sepa toda esa verdad?
Hay muchos que no han tenido la grandeza de reconocer que fueron parte del conflicto y quieren pasar de agache.
Hablando de verdades, ¿cuál es la respuesta frente a los desaparecidos? ¿Van a contar todo ante la JEP?
Claro que lo contaremos todo. El país está aún muy desinformado y hay una Unidad de Búsqueda que está actuando. Ya hemos localizado y entregado más de setenta casos, en un trabajo con el CICR, con esa Unidad de Búsqueda, con Medicina Legal y con gente nuestra.
¿Hubo reclutamiento de menores?
No lo hemos negado en el conflicto. Lo reconocemos.
Como partido, no fueron buenos los resultados en 2018. ¿Qué expectativa hay a mediano y largo plazo?
Tenemos un proceso con el fin de posicionarnos, el cual va hasta 2026. Lo que estamos haciendo es responder con la realidad, porque no podemos transformar de otra manera este país. La guerra en Colombia de se dio por unas causas concretas, totalmente estructurales, que es necesario modificarlas, pues son las que realmente generan la violencia. Para 2026 tenemos que generar simpatía, que es la que finalmente necesitamos y la que decide, porque por medio de votos se mantienen los partidos. Tenemos que luchar por mantener la personería jurídica y el umbral. Queremos representar a sectores marginados.
¿Por qué no quiso ser congresista?
Siempre he considerado que se puede hacer política por fuera de escenarios electorales, para poder aportar dentro de la política pública y para la transformación real en los territorios. Le estoy jugando al país y a la paz, por eso me quedé por fuera del Congreso.
¿La FARC va a tener candidato propio a la Presidencia en 2022?
Por supuesto, hay que definir un candidato. Es un tema que entraremos a discutir, si tenemos o no la capacidad, o si nos inclinamos por una alianza con otras fuerzas comprometidas en la implementación. Lo fundamental es la paz.
¿Cómo está la FARC internamente? Se habla de divisiones…
Como en toda fuerza política, hay debates. Mire los demás partidos: el Polo con lo del MOIR, por ejemplo. Ya casi ni existen conservadores y liberales, porque salieron a otros partidos. Esa es la dinámica que se da por la controversia y la discusión. Mantenemos un debate, antes había un sistema, hoy es totalmente distinto.
¿Debe seguir Rodrigo Londoño, “Timochenko”, al frente del partido?
Hay un sector importante que lo eligió, y hay otros que no querían que fuera. Hoy está ahí y seguirá al frente. Le tenemos toda la confianza, tiene claro todo este proceso.
¿Se debe dialogar con el Eln?
La sociedad es la que debe llevar esa bandera. El diálogo debe ser la salida al conflicto. El camino no es la guerra, debe ser la paz.
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