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Y es que la lista es larga: una crisis ministerial, detonada por el mismo Petro ante contradicciones internas frente a la reforma a la salud, problemas con el orden público, un traspiés ante la justicia en su intento por asumir el control de la regulación de los servicios públicos y, más delicado aún, la vinculación de su familia a dos escándalos relacionados con la supuesta recepción de dinero de narcos.
En cuanto a la conformación del gabinete, la semana comenzó con profundas tensiones por cuenta de los reparos de tres ministros al proyecto de reforma a la salud promovido por el Gobierno. Las críticas se filtraron a la prensa y acto seguido Petro decidió remover del Ministerio de Educación a Alejandro Gaviria, el más activo entre los opositores a la reforma en el Ejecutivo. También se fueron, aunque por otras razones, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, ministras del Deporte y la Cultura, quienes de inmediato expresaron su molestia porque, dicen ellas, fueron separadas del Gobierno sin previo aviso.
Los ministros del Interior y de Defensa se la tuvieron que jugar para calmar la situación de orden público en San Vicente del Caguán, Caquetá, en donde luego de 40 días de protestas campesinas frente a la petrolera Emerald Energy la tensión escaló al punto de que los labriegos decidieron no permitir la salida 78 policías y seis civiles. Hasta el alcalde del pueblo calificó el asunto como un secuestro. Finalmente, en la noche del viernes, los campesinos decidieron dejar en libertad a las 84 personas y los diálogos para atender sus demandas fueron reanudados. Dos personas murieron: un policía y un civil.
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El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto mediante el cual Petro asumía el manejo de los servicios públicos en el país. El presidente sostiene que la Constitución le otorga la facultad para tomar tal determinación y analistas advierten que eso de ser presidente y regulador de dichos servicios solo ocurre en países con riesgo de dictadura.
Y para colmo de males, Petro, quien no se despega de Twitter, sostuvo una larga pelea con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a quien criticó por las polémicas cárceles para “terroristas”.
El propio Petro intentó salirles al paso a las denuncias de su exnuera con un comunicado del jueves, en el que señalaba que “debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano y mi hijo mayor, le pido al Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”.
La propia exnuera del presidente, Day Vásquez, en entrevista con Semana aseguró haber sido testigo de que Nicolás Petro, el hijo mayor del primer mandatario, recibió dineros de narcotraficantes y empresarios cuestionados para la campaña presidencial. Y mencionó nombres propios. Según Vásquez, su exmarido Nicolás Petro se quedó con $600 millones entregados para la campaña presidencial de 2022 por parte del excongresista Samuel Santander Lopesierra, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
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“Santa Lopesierra”, el político más saludado en los vallenatos de los años 80, los mismos en los que se hacía definir como “la esperanza de La Guajira”, resultó ser ni más ni menos que El Hombre Marlboro, y su apodo derivaba, precisamente, de ser el rey del contrabando de cigarrillos y licores en Maicao. Después de pagar prisión en Estados Unidos volvió al Caribe colombiano y desde las emisoras de las tierras guajiras concedió entrevistas en las que invitaba a apoyar la candidatura de Petro en 2022, según reveló Caracol Radio.
La exnuera del presidente también le achacó a Nicolás Petro la supuesta recepción de $ 400 millones que, según ella, tampoco entraron a la campaña, y que provenían de uno de los personajes más controvertidos de Cartagena: Alfonso el Turco Hilsaca.
Reconocido tanto por sus actividades empresariales en el sector del alumbrado público de Bolívar como por su vinculación a escándalos por supuestos nexos con el paramilitarismo, Hilsaca fue procesado en 2009 por el asesinato de un comerciante, investigado por nexos con la banda criminal los Rastrojos y hasta llamado a indagatoria por la masacre de la Torre del Reloj, en Cartagena, en la que fueron asesinadas cuatro prostitutas, en 2003. Él niega haber sido parte de actividades delictivas y jamás ha sido condenado.
En su comunicado del jueves, el presidente Petro no mencionó de manera específica esos dos señalamientos contra su hijo, pero según el relato de Day Vásquez ya los conocía. Lo que ella dice es que Nicolás recibió la plata y se quedó con ella, y que el hoy presidente no tenía idea del asunto.
Y cuando en un país como Colombia aparece la versión de que los mafiosos dieron plata para una campaña presidencial y que lo hicieron a espaldas del candidato o que este, por alguna razón no se dio cuenta, es inevitable recordar los años noventa del siglo pasado, cuando el elefante del narcotráfico se coló en la campaña presidencial de Ernesto Samper, a la cual entraron más de US$3 millones del cartel de Cali, según denunció en su momento Andrés Pastrana, el candidato al que Samper derrotó en la elección presidencial de 1994.
El caso del hijo del presidente ya está en manos de la Fiscalía, que el viernes abrió investigación formal sobre el tema y evalúa darle protección a la denunciante.
Y como si no fuera suficiente con los señalamientos que enlodan la campaña presidencial, la política de paz de Petro ahora también es vista con recelo por cuenta de las declaraciones que relacionan a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, con supuestos sobornos a cambio de ser nombrados como gestores de paz en la estrategia de reconciliación nacional promovida por el actual Gobierno.
Ese caso igual está bajo investigación de la Fiscalía y el señalado hermano del mandatario ya negó que se haya prestado para estas actividades, aunque reconoce que ha oído versiones de que “hay gente que paga desde $20 hasta $800 millones para tener una cita conmigo”.
La encrucijada de Petro
Petro, el presidente, es reconocido por su cruzada como congresista en contra del paramilitarismo y porque sus denuncias ayudaron a llevar a la cárcel a poderosos políticos de la costa Caribe que estaban vinculados con mafiosos. Ahora debe demostrar que su campaña no incurrió en prácticas semejantes a aquellas que con valentía expuso ante el país hace dos décadas.
Por eso su comunicado del jueves habla sin ambages y señala que confía en que su hermano y su hijo puedan demostrar su inocencia, pero al mismo tiempo aclara que respetará las conclusiones a las que llegue la justicia.
En comunicados públicos el Pacto Histórico lo rodea, dice que es valiente al pedir que investiguen a su familia y destaca la forma como el presidente intentó poner una raya divisoria frente a su trabajo como gobernante. Con nombre propio, congresistas como Alirio Uribe recuerdan que Petro jamás ha aprobado la corrupción y que eso es prenda de garantía para el país. Lo mismo piensa el senador Iván Cepeda, uno de los que mejor conoce la política de paz del Gobierno y quien es contundente al señalar que “no puede haber ninguna clase de permisividad, venga de donde provenga, de actitudes, acciones que puedan interferir con el propósito de buscar la paz”.
Sotto voce hay miembros del Pacto Histórico que consideran inaceptable lo que está pasando y admiten que el escándalo le puede salir caro al presidente.
Volviendo con las épocas del gobierno Samper, el escándalo casi le cuesta el puesto al exmandatario liberal, fueron varios los congresistas y miembros de su campaña que terminaron condenados y el país perdió cuatro años porque el entonces presidente tuvo que dedicarse a su defensa personal en vez de gobernar. Además, Colombia era visto como especie de paria en la comunidad internacional como consecuencia del escándalo que vinculaba al jefe de Estado con los narcotraficantes.
Mucha agua ha pasado bajo el puente y en el caso del gobierno Petro no hay que adelantarse a lo que apenas empieza a hacer la justicia. Nadie puede decir que sabe con certeza lo que ocurrió en el caso del supuesto ingreso de dineros de la mafia a la campaña, ni en el de los aparentes pagos al hermano del presidente para colarse en la “paz total”. Pero el desgaste de tener que asumir una defensa, que sin lugar a dudas irá con cargo a su gobernabilidad, señala que el camino para Petro va a ser más complejo de lo que ya ha sido y que la oposición va a aprovechar para ir al ataque.
Basta con escuchar a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien dice que las declaraciones del escándalo de turno son la ratificación de que a la campaña de Petro ingresó dinero de la mafia. Para ella, eso ya es un hecho. Igualmente críticas, aunque más prudentes al usar los términos judiciales, son las voces desde Cambio Radical. El congresista Carlos Fernando Motoa, por ejemplo, dice que el presidente y sus aliados le deben una explicación al país y califica como “bochornoso e impresentable” el escándalo.
Y mientras en el Partido Verde voces como la de Angélica Lozano piden esperar a lo que establezca la justicia, otras como la del también senador Ariel Ávila apuntan a lo que puede ser la primera gran conclusión del escándalo en términos políticos: “Ambos son escándalos basados en supuestos, pero le hacen un daño demoledor a la política de la paz alternativa”.
Y todo indica que tiene razón. Mientras se resuelve el asunto, sea cual sea su desenlace, la primera gran afectación por el escándalo será contra el proceso de paz, que va a quedar bajo sospecha y que, al decir del abogado y columnista Ramiro Bejarano, es ya un cadáver insepulto.
Por Élber Gutiérrez Roa
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