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Hay procesos que funcionan en el Congreso y hay otros que no. Entre lo que no opera, está la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de recibir denuncias y hacer antejuicios a aforados constitucionales, como el presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el fiscal general y otros aforados. Las denuncias son por delitos penales o faltas disciplinarias, como extralimitación de sus funciones, incumplimiento de deberes, corrupción, entre otros.
Actualmente, son 18 representantes a la Cámara los que hacen parte de esa comisión y que cumplen funciones de jueces con atribuciones de fiscal, otorgadas por la Constitución. Sin embargo, solo diez de los integrantes de la comisión son abogados y solo uno es penalista. La experticia y experiencia de sus miembros es uno de los tantos problemas que tienen para avanzar. A la fecha, hay más de 1.600 expedientes que no han sido resueltos y se han acumulado procesos que la comisión ni siquiera conoce a detalle, pues se guardan en viejas carpetas y no existe un registro sistematizado.
“No es posible que para ser miembro no se necesite ni ser abogado. Cualquier representante a la Cámara, sin siquiera ser profesional, puede llegar a la Comisión de Acusaciones. Eso ha ocasionado que la comisión sea inoperante, no tiene procedimientos claros, no hay recursos humanos ni técnicos”, cuenta el representante y miembro de esa comisión, Alirio Uribe (Pacto Histórico). Por su parte, el representante Jorge Tamayo (Partido de la U), también miembro de esa comisión, dijo a El Espectador que “aunque la Ley 600 de 2000 contempla un procedimiento para los aforados en el Congreso, el proceso no es claro”, dice.
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Por razones como esas, los expedientes se dilatan y hay procesos antiquísimos que ya no tienen fundamento jurídico para continuar; “se ha producido un fenómeno de caducidad”, explica el congresista de la U. Por ejemplo, solo a Tamayo le fueron asignados 70 expedientes, la mayoría son de magistrados, pero tiene a su cargo 6 del expresidente Juan Manuel Santos, 2 del expresidente Iván Duque, 3 del fiscal Francisco Barbosa, 7 del exfiscal Eduardo Montealegre, 3 del exfiscal Néstor Humberto Martínez, y uno de la exfiscal Vivían Morales.
Por su ineficacia, la comisión ha sido técnicamente mal nombrada, pero con razón, como comisión de absoluciones. Tan solo el pasado 3 de mayo, fue archivado uno de los casos que vinculan al fiscal general, Francisco Barbosa: una denuncia interpuesta por la fiscal Angélica Monsalve, quien señaló a Barbosa de haber irrespetado su autonomía judicial cuando decidió apartarla de un caso relacionado con un funcionario de la DIAN. La decisión de archivo fue cuestionada por congresistas que aseguraron que la votación se hizo a “pupitrazo” y que hubo representantes de la coalición de Gobierno que no asistieron a la sesión. Sin embargo, según fuentes consultas, en este caso la comisión no consideró que existiesen elementos suficientes para investigarlo y por eso, decidió no abrir una investigación formal.
Hay quienes hablan de la politización de las investigaciones, algo casi que inevitable en un órgano naturalmente político como el Congreso. El fiscal Barbosa tendría alrededor de 40 investigaciones en la Comisión de Acusaciones y una de ellas ya fue archivada. Desde la Constitución de 1991, que precisó las funciones judiciales del Legislativo, solo dos casos han terminado en sanciones por parte de la Corte Constitucional -luego de que hubiese sido levantado el fuero-: el del exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por corrupción, y Gustavo Malo, condenado por el escándalo denominado como el cartel de la toga.
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Otros problemas
De acuerdo con un funcionario de la comisión, que pidió la reserva de su identidad, no tienen las herramientas necesarias para avanzar en los procesos. Según dice, “trabajan con las uñas”, faltan recursos, sistematización de los datos y añade que buena parte de los congresistas no están comprometidos con el trabajo. Cuando El Espectador pidió información sobre las investigaciones contra el fiscal Barbosa, el funcionario aseguró que no era posible saber con exactitud cuántos procesos había en su contra, pues todo reposa en expedientes físicos.
Las investigaciones acumuladas y las que se han venido radicando son repartidas entre los representantes para el estudio; luego de eso, se hace una ponencia del caso y la comisión decide si se debe o no empezar una investigación formal. Si la votación es positiva, el caso pasa a la plenaria de la Cámara, después a una comisión instructora del Senado y a la plenaria, en donde el Congreso decide si la investigación continúa y queda en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La repartición de esos casos, según la ley 5 de 1992, la hace el presidente de la comisión. De acuerdo con congresistas, ese es otro de los inconvenientes.
“Nosotros consideramos que el reparto no debe hacerse de manera discrecional por parte del presidente de la comisión; el reparto debería ser mediante un mecanismo aleatorio, para que haya un nivel de imparcialidad”, dice Tamayo. Respecto a la objetividad, Alirio Uribe también asegura que otro problema es que a los congresistas los investiga la Corte Suprema de Justicia: “Se requiere un mecanismo que sea más transparente y que tenga procedimientos más específicos”. Por ejemplo, este periodo el presidente de la Comisión de Acusación es el representante Wilmer Carrillo, quien está siendo investigado por la Corte Suprema por irregularidades en un contrato cuando fue secretario de infraestructura en Norte de Santander.
Las propuestas
Apropósito del archivo de la investigación del fiscal Barbosa y la controversia alrededor de la votación y del trabajo de la comisión, se plantea la posibilidad de modificar los procesos o hasta suprimir algunas de las facultades judiciales. Hay varias salidas o posibilidades, que requieren una modificación a la ley 5 de 1992 o a la carta constitucional a través de un proyecto de ley o de acto legislativo presentado por los mismos congresistas. Alirio Uribe y Jorge Tamayo planean presentar sus propuestas el próximo 20 de julio de 2023, cuando inicie la segunda legislatura del Congreso 2022-2026. Aunque ambos están trabajando en sus proyectos por aparte, Tamayo propone que sea presentada una sola iniciativa, consensuada y apoyada por la mayoría de los miembros de la comisión.
Alirio Uribe cree la comisión debe reformarse y asegura que hay tres caminos para que los juicios a aforados constitucionales tengan mejores resultados: el primero, crear una nueva comisión de juristas expertos que no sean congresistas, elegidos por la Cámara y que tengan calidad de magistrados para instruir los casos. Como segunda propuesta está crear una corte especial para investigar a esos funcionarios y, solo dejar en manos de la comisión los juicios o impeachment al presidente. La tercera opción sería que la Corte Constitucional sea la que investigue y que en donde crea que haya merito, acuda al Congreso para levantar el fuero. Esas posibilidades fueron también expuestas por varios juristas en una audiencia pública citada por el representante.
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Por otro lado, Tamayo cree que esos juicios deben seguir en el Congreso, pero debe cambiar el procedimiento: la forma de reparto de los expedientes, que haya tiempos de vencimiento más claros; igual que la comisión no trabaje de acuerdo con los tiempos del Legislativo, pues en tiempo de receso las investigaciones no avanzan. El representante de la U también dice que deben actualizarse los procesos y que haya mayor acceso a la información por parte de la ciudadanía. “Debe desarrollarse un software, para que cualquiera de las partes, como cualquier ciudadano, pueda saber en qué estado del proceso”, dice.
Mientras tanto, el funcionario consultado dice que más que una reforma, se requiere cumplir con las funciones que ya se hallan en la ley, así como que haya mayor compromiso y voluntad política. Asegura que la comisión está “en proceso de sistematización (…) es una solicitud que se ha hecho a la Dirección Administrativa de la Cámara”, la encargada de hacer la repartición de los recursos. Hay que decir que la mesa directiva y buena parte de los integrantes de la comisión cambiaron para este periodo congresional, por lo que recibieron un problema heredado. “Hay que dar resultados a la sociedad colombiana, que espera que sus denuncias tengan algún resultado”, concluye Tamayo.
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Por Laura Duarte Sandoval
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