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La muerte de Javier Ordóñez, en custodia de la Policía en Bogotá, desencadenó la indignación de la ciudadanía. Su nombre se sumó al de Dilan Cruz y los otros tantos que conforman la larga lista de muertos por acción de los uniformados, hechos que restan significativamente la confianza e incrementan los señalamientos por abuso. Por ello, lo que pasó en la noche del pasado miércoles fue, en palabras de la alcaldesa Claudia López, “un uso indiscriminado de la fuerza”. Según su balance, cámaras del Distrito, videos grabados por manifestantes y heridos trasladados a los hospitales evidenciaron no solo golpes con garrote, sino algo peor: el uso de armas de fuego por parte de varios policías, al menos en cuatro zonas de la ciudad, sin autorización de ningún alto mando de la institución ni de la Alcaldía Mayor.
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Aparte de la destrucción de más de 40 Comandos de Acción Inmediata (CAI) y la quema de nueve buses de servicio público, la noche de protestas dejó saldos en vidas humanas: 10 personas, entre protestantes o no, fallecieron por disparos presuntamente efectuados por los uniformados y hubo más de 100 heridos entre policías y civiles. “Es lo equivalente a un combate (…) un atentado directo a ciudadanos inermes. Un atentado contra la vida”, sentenció la alcaldesa, pidiendo al presidente Iván Duque y a la Procuraduría que presenten una reforma total a la Policía Nacional. Y el cruento enfrentamiento en el que se convirtió la movilización en las calles revivió las deudas que tiene el Congreso para, justamente, cambiar varios elementos y hasta contradicciones legales que existen hoy en esa institución.
Entre los pendientes está la regulación de la protesta social, un capítulo que formaba parte del Código de Policía renovado en 2016 y que, luego de ser demandado por la representante Ángela María Robledo, llevó a que la Corte Constitucional exhortara al Congreso a legislar de nuevo al respecto. Sin embargo, el plazo se cumplió el 19 de junio de 2019 y no lo hizo. Y si bien su suspensión significó que los artículos en torno a la protesta social quedaran anulados (como el que estipulaba que para poder marchar había que pedir permiso 48 horas antes a las autoridades), no quedó claro qué normas rigen las manifestaciones, según registró este diario. Sobre esto, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, aseguró que no se tramitó por “negligencia” y recordó que, en ese tiempo, las vientos en el Capitolio buscaban limitar aún más ese derecho fundamental.
De igual forma, Inti Asprilla, representante verde, dijo que las fuerzas políticas mayoritarias “tendieron a endiosar al personal policial y tachar de enemigos a quienes le hacían control político”. En ese sentido, otros parlamentarios como la misma Robledo, de Colombia Humana, e Iván Cepeda, del Polo, manifestaron que en ese entonces hubo preocupación de los congresistas de oposición de legislar en este gobierno. “A veces abordar ciertos temas es más delicado en gobiernos de ultraderecha, y es mejor dejarlos quietos para que no sean más regresivos”, puntualizó Robledo. Para Cepeda, el problema no es regular o no ese capítulo, sino la actuación de la Policía que, por más de conocer de derechos humanos, continúan violándolos y vulnerando la integridad de los manifestantes, como sucedió con Javier Ordóñez, con los siete fallecidos que dejó la noche del 9 de septiembre y con Dilan Cruz.
“La Policía no está regulada a nivel de leyes, solo a nivel de resolución por parte del Ministerio del Interior y en el uso de armamento por parte del Ministerio de Defensa”, dijo el equipo asesor de Cepeda. A la par, Leyder Perdomo, de la Corporación Jurídica Libertad, expresó que más allá de esa deuda, hay una más grande: “La concepción en el interior de la institución de que la protesta es un problema de orden público, una situación problemática, en lugar de un derecho humano. No se trata de darles permiso a los manifestantes, sino cuáles son las delimitaciones de la autoridad. Todo lo que no le está permitido al Estado le está prohibido, según el principio de legalidad”, aseguró. Ante la teoría y lo que pasa en la práctica, las voces políticas promueven ciertas medidas que, en caso de acogerse, deben pasar por el Congreso.
Además de establecer unos criterios de ingreso más exigentes a la Policía y una más intensa formación en materia de respeto a los derechos humanos, Guillermo Rivera, veedor del Distrito; José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, y un bloque de congresistas ven urgente que la entidad dependa del Ministerio del Interior y no del de Defensa, pues es una autoridad civil y no militar. “Uno entiende que el conflicto obligó a militarizar la Policía. Todavía hay violencia organizada y se mezcla el narcotráfico. Puede que aún sea necesario. Pero debemos separar un cuerpo nuevo, por fuera del Mindefensa, solo para seguridad ciudadana, con una cultura de derechos. Vemos en las redes excesos. Se agotó el cuento de los casos aislados”, comentó a su vez Humberto de la Calle.
Además de eso, proponen que se sustraiga a la Policía del fuero penal militar, “de tal manera que las conductas criminales cometidas por sus miembros sean conocidas por la justicia ordinaria”, recalcó Rivera, pues, como han afirmado varios legisladores de oposición, en la justicia militar ha quedado demostrada la impunidad. De hecho, esas dos últimas propuestas aterrizarán la próxima semana en el Congreso y serán impulsadas, como otras ya radicadas referentes también a la Policía, por varios opositores. ¿Por qué se presenta un paquete de proyectos sobre la misma institución y no una gran reforma, como propuso la alcaldesa Claudia López? “Es la estrategia legislativa. Es difícil que pase una reforma. Lo que hicimos fue formular proyectos a cada una de las problemáticas que hemos identificado”, explicó Antonio Sanguino.
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Por eso es que son varias las iniciativas que rodean a ese cuerpo civil. Desde el pasado 20 de julio reposa en el Congreso un proyecto que reforma los ascensos de las Fuerzas Militares y la Policía, para que estos obedezcan a unos estrictos criterios de acatamiento de los derechos humanos; otro que plantea sustituir el servicio militar obligatorio por uno social y alternativo, y uno más de reforma al Esmad, cuyo fin es disminuir el abuso policial en las manifestaciones de este cuerpo. Y tan solo hace un día, Asprilla dio a conocer una iniciativa en esa misma línea: para ponerles un alto a esos abusos. Uno de sus puntos claves es restringir el uso de la fuerza en los operativos policiales. ¿Prosperarán?
Quizá no, y ellos lo saben. Pero también consideran que hay un alto grado de malestar ciudadano que ejercerá presión sobre las mayorías conservadoras y sobre los altos funcionarios responsables que son conscientes de un desgastado elemento que reiteró Claudia López: “Si ya venía desgastada la confianza”, ahora quedó rota”.
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