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En Tuluá, Valle del Cauca, son pocos los candidatos que en competencia por los cargos del poder local pueden hacer su campaña en plaza pública y recorriendo las calles del municipio. A varios de ellos les llegan a diario panfletos con amenazas para que no ejerzan su actividad política. La principal banda criminal que se adjudica los hostigamientos es La Oficina, una estructura que recibe órdenes desde la cárcel La Picota, en Bogotá, en donde se encuentra recluido alias ‘Pipe’, el jefe de dicha organización. No solo amenazan a políticos, sino a sus equipos de trabajo, a los ciudadanos que los apoyan y a los periodistas que cubren el proceso electoral.
“Ellos vienen haciendo todo tipo de intimidaciones en contra mía, de mi familia y de la gente que nos acompaña políticamente. Hemos logrado hacer campaña por redes sociales, pero eso no compensa nuestra presencia en las calles”, contó a El Espectador el que según encuestas es el más opcionado para llegar a la Alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez Román, del Partido Conservador y exalcalde de ese municipio en el periodo 2016-2019, quien ha sido uno de los principales blancos de amenazas.
Según lo manifestó, han colocado panfletos en los que le piden retirarse de la contienda electoral, generalmente los arrojan por la rendija de la puerta de su residencia y de las de las personas que lo apoyan. También ha sido víctima de atentados; de acuerdo con él, porque no accedió a las pretensiones de las bandas criminales. Solo el pasado 27 de agosto, cuatro hombres que se movilizaban en moto arrojaron una granada a la vivienda de sus padres, que produjo afectaciones en la entrada y antejardín de la casa, pero que afortunadamente no dejó heridos.
(Lea: “Así está la contienda en el Valle y Cali: todos contra Dilian y el ‘Chontico’ Ortiz”)
Ese ataque se lo atribuyó La Oficina de Tuluá, también conocida como La Inmaculada, a través de un comunicado, en el que también aducen una supuesta “traición” por parte del candidato. Ante ese panorama, Vélez manifestó que en los últimos meses ha optado por hacer su campaña a través de redes sociales, pues no sale a las calles para preservar su vida y la de sus cercanos.
También señaló que no ha podido apoyar públicamente a los candidatos que lo acompañan para el Concejo Municipal Tuluá, pues es casi que colocarles una cruz: “Si yo les muestro mi apoyo tendrían que asumir un riesgo que puede ser innecesario. No quiero exponer a nadie por hacer un acompañamiento público. Ha sido una campaña muy complicada, pues es prácticamente clandestina”, contó.
La Alcaldía de Tuluá, un municipio de 231.962 habitantes, se la disputan nueve opciones políticas. Según contó otro de los aspirantes, que prefirió guardar su identidad por temor a las retaliaciones, grupos delincuenciales como La Oficina y El Cancerbero están negociando y presionando a todos los candidatos para que, en caso de ganar las elecciones, les aseguren burocracia y participación contractual. Accediendo a esas presiones es casi que la única manera en la que los candidatos pueden garantizar el ejercicio de la política y que les permitan hacer sus campañas.
Los otros que compiten por la Alcaldía de Tuluá son Ever Antonio Villegas (Partido de la U, ASI, ADA), Marcos Urrutia (Pacto Histórico), Jorge Alexander Gallego (Cambio Radical), Llener Borja (Creemos), Sandra Arrubla (Alianza Verde), César Ariza (Dignidad y Compromiso), Rodolfo Ramirez (LIGA) y Marco Arbeláez (movimiento Cambiar la Historia de Tuluá). En el caso de Vélez, está apoyando a Dilian Francisca Toro para la Gobernación del Valle, pues fue co-avalada por el Conservador.
El Valle del Cauca es uno de los departamentos en los que más ha incrementado la violencia en los últimos meses; en varios de sus municipios las elecciones están siendo secuestradas por las estructuras criminales. Así lo ratificó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien aseguró que grupos armados ilegales están ejerciendo presiones sobre los candidatos y movimientos políticos para autorizar o bloquear sus campañas políticas. Pero, definitivamente, uno de los territorios que mayor preocupación causa al Ministerio Público es Tuluá, pues se enfrenta a una fuerte oleada de violencia.
Solo en los primeros siete meses de 2023 se registraron 96 homicidios en ese territorio y los panfletos, mensajes de textos y llamadas con amenazas tienen aterrorizados a los candidatos, periodistas, empresarios y a la población campesina. “Hay preocupaciones en torno al ejercicio del proselitismo por parte de las distintas candidaturas. Esperamos que eso no se vea reflejado en un ejercicio de abstencionismo por parte del ciudadano”, señaló Camargo. Aunque se han hecho varios consejos de seguridad y el Gobierno ha desplegado a la fuerza pública en la zona -600 soldados- la percepción de la violencia no disminuye.
El candidato conservador señaló al actual alcalde del municipio, John Jairo Gómez, de guardar un “silencio cómplice” frente a la violencia, así como por su supuesta inacción para garantizar la seguridad en las elecciones del próximo 29 de octubre. Precisamente, las propuestas políticas que se compiten la alcaldía se han construido en oposición al actual mandatario de Tuluá. Según lo pudo establecer este diario, ya ni siquiera tiene el respaldo del Partido de la U, con el que llegó a la alcaldía en 2019.
Cuando se le preguntó a Gómez por la situación de violencia en Tuluá en medio de la temporada electoral, dijo que el gobierno local está haciendo lo posible para garantizar las elecciones. Así mismo, dijo que los candidatos amenazados tienen custodia de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Se garantizarán por todas las formas las elecciones en Tuluá. Frente al candidato amenazado, tiene custodia y un plan especial de protección”. Negó que por los hechos mencionados fuesen a ser aplazadas las elecciones en el municipio.
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Por Laura Duarte Sandoval
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